Maduro, soberanía y derechos

Las instituciones son tan importantes, que a veces su mera apariencia nos confunde. Las instituciones son acuerdos, convenciones, normas, para que la convivencia en paz sea posible. Pero no es lo mismo ejercer una función institucional, ostentarla (hacer patente el ejercicio de esa función) o detentarla (usurparla ilegítimamente). Todo esto me viene a la cabeza con motivo de la prisión de Maduro, que gente importante -mientras hace llamados a respetar el derecho internacional-, ha calificado como una captura presidencial que violó la soberanía de Venezuela.

El derecho internacional es también una institución, destinada como todas ellas a posibilitar la convivencia en paz entre los pueblos. Los que conviven son los pueblos, las personas y no las naciones. Las naciones son pueblos dentro de un territorio propio, con un poder que los representa. Es por eso que no es posible separar los conceptos de soberanía nacional y soberanía del pueblo. La soberanía nacional de Venezuela, es la soberanía del pueblo venezolano. En este sentido, el primer violador de la soberanía nacional venezolana fue el señor Nicolás Maduro con sus acólitos, jefes militares, fiscales sin derecho, jueces del poder, ladrones, criminales desde el estado, bandidos y narcotraficantes, pues por un lado desconocieron a la vista de todos la apabullante elección de autoridades votada por los venezolanos y por otro lado se sometieron a directivas y protección de militares extranjeros de varias naciones extra continentales, que colaboraron en la persecución de venezolanos y en su expulsión de su patria en números varias veces millonarios. Entonces, se puede defender a Maduro y sus bandidos por diversos motivos, como lo hizo un ex presidente de España o algunos ex mandatarios de nuestra región y país, pero hacerlo en nombre de la soberanía venezolana o en defensa de la autoridad de Venezuela, es osado.

Pero el tema es más complejo para las demás naciones. No se trata sólo de tener alguna razón, sino también de no sentar precedentes para más abusos de derecho. América Latina fue declarada por Naciones Unidas como zona de paz y está en interés de todos nosotros preservarla de esa manera. Sin embargo, esta declaración viene de otras instituciones y derechos internacionales. Las Américas tienen su propio derecho en la Organización de Estados Americanos (OEA), que dispone que “la democracia es su piedra angular”.

La Carta Democrática Interamericana establece que “el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los estados miembros” y “se refuerza y profundiza con la participación ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”. También estipula que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres y justas basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”.

¿Qué decir de Chávez cuando desconoció al Congreso o de Maduro cuando tiró al basurero los votos de sus compatriotas o violó sus derechos humanos? Lo mismo pasa con la Estrategia Hemisférica sobre Drogas 2020. ¿Qué hacer cuando un grupo de detentadores de poder de un estado miembro se dedican a traficar drogas hacia otros estados miembros? ¡En la Argentina hemos detenido aviones iraníes y venezolanos destinados a traficar drogas y hemos sufrido injerencias extranjeras en los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA que nos costaron más de 100 muertos! Esperemos que no se tome nada de esto como un precedente de lo que sí se puede impunemente hacer.