Alerta naranja: la oportunidad de incorporar en el nuevo Código Penal la prohibición de los trapitos

El gobierno nacional anunció que enviará al Congreso una profunda reforma del Código Penal. Ante esta oportunidad histórica, y en línea con la lucha que damos desde Córdoba para erradicar la extorsión en el espacio público, instamos al Gabinete nacional y a los legisladores nacionales para que en ese nuevo Código se prohíba expresamente la actividad de los cuidacoches, trapitos o naranjitas, de modo que la actividad quede tipificada como delito para todo el territorio argentino.

Esta iniciativa permitiría terminar con una práctica que, lejos de ser menor, afecta la seguridad, la economía y la libertad de los ciudadanos en numerosas ciudades del país.

Esto no es trabajo y, por ende, no da dignidad

El trabajo —el verdadero trabajo— es aquel que se realiza dentro de la ley, con esfuerzo y con un valor real que mejora la vida de quien lo hace y de la sociedad en su conjunto. Cobrar por “cuidar” un auto en la calle, muchas veces bajo la amenaza expresa o tácita de sufrir un acto de violencia física o moral, no cumple ninguna de esas condiciones. Cuando una persona tiene que pagar para estacionar, no por un servicio oficial, sino para evitar un daño o un conflicto, eso no es trabajo: es una extorsión.

Esta práctica suena a herencia de un pasado feudal y hasta mafioso, en el que se pagaba un tributo para poder desarrollar una actividad cotidiana: usar la calle, abrir un negocio o circular con tranquilidad. En la Córdoba del siglo XXI no podemos seguir viviendo bajo esa lógica de “pagá si querés estar tranquilo”. El espacio público no pertenece a grupos que se apropian de él, sino a los ciudadanos que ya pagan impuestos, tasas municipales, seguros y, en muchos casos, estacionamiento medido. No tienen por qué pagar un “peaje” informal a nadie.

En los últimos meses, Córdoba —como muchas otras ciudades de Argentina— fue escenario de numerosos hechos de violencia vinculados a cuidacoches. Vecinos golpeados, autos dañados, discusiones que escalan a agresiones, incluso enfrentamientos entre los propios naranjitas por “zonas” de cobro. Cada episodio de estos pone de manifiesto algo más profundo: el abandono del Estado sobre el uso y control del espacio público y la pérdida de autoridad frente a grupos que se autoasignan funciones que no les corresponden. El Estado provincial sigue mirando hacia otro lado en nombre de la “inclusión”, haciendo que la regla sea que menos de un 1% de personas que se adueñan de la calle tenga de rehén a más del 99 % restante.

Córdoba no necesita más intermediarios informales entre el ciudadano y el Estado. Necesita orden, previsibilidad y respeto por la ley. Una de las deformaciones más peligrosas de la política argentina es legislar en función de las minorías organizadas, y no del bien común. Eliminar esta práctica no es un acto contra los cuidacoches: es un acto a favor de los cordobeses de bien, de los trabajadores, comerciantes y familias que día a día sostienen esta provincia con su esfuerzo. La verdadera inclusión no se construye tolerando la informalidad ni convalidando la extorsión, se construye creando oportunidades reales de progreso, dentro de la ley.

En los impuestos y tasas municipales que pagan los vecinos ya están contemplados la seguridad vial, el orden urbano y la limpieza del espacio público. También existen playas de estacionamiento privadas para quienes quieran dejar su auto al resguardo. Incluso en muchas ciudades de Argentina —incluida Córdoba Capital— existe el sistema de estacionamiento medido. También es obligatorio contar con un seguro del automotor.

Entonces, cuando el ciudadano tiene que pagarle además a un naranjita para evitar un problema, está pagando tres o cuatro veces por lo mismo: al municipio, al seguro, al sistema medido y a esa persona que, en la informalidad, se adueña de la calle. ¿Por qué? ¿Cuándo convalidamos esto? ¿Quién dijo que está bien? Con esta lógica, mañana podría venir un jardinero, cortar el pasto de tu casa sin ningún consentimiento, y estarías obligado a pagarle para que no te rompa algo. Esa cultura del “pagá o bancate la consecuencias” encarece la vida de los argentinos de bien, destruye la cultura del esfuerzo, premia la viveza por encima del mérito y, en muchos casos, desalienta el consumo y la inversión.

Los sectores gastronómicos, de entretenimiento, deporte y turismo son de los más afectados por la presencia de cuidacoches en sus veredas y calles que espantan clientes, quienes desisten muchas veces de ir a donde querrían a causa de los pedidos extorsivos y malos tratos por parte de unos pocos “vivos”.

Por eso, presenté un proyecto de ley en la Legislatura de Córdoba para eliminar a los cuidacoches o “naranjitas” de las calles de mi provincia. Por primera vez en la historia, este tema se trató en sesión en el recinto. Lamentablemente, el oficialismo provincial —el “peronismo republicano cordobés”— votó en contra. Una vez más, eligieron proteger el desorden y la ilegalidad, en lugar de ponerse del lado de la inmensa mayoría de vecinos que están hartos de pagar por un servicio que nunca solicitaron. Le pedimos todavía al gobernador Llaryora que por favor revea la postura de su bloque parlamentario porque este tema no puede esperar más.

Recuperar el espacio público, garantizar el derecho de circular sin miedo y devolverle al ciudadano el control sobre lo que ya le pertenece, es una cuestión de estricta justicia. El orden no es una palabra vacía: es la base de la libertad. Y si queremos una Córdoba moderna, segura y justa, debemos animarnos a terminar con estos resabios feudales que nos atan al pasado y nos roban el futuro. No se trata de ser duros con los débiles, sino de ser firmes con lo que está mal. El verdadero progreso se logra cuando la ley vuelve a ser la regla y no la excepción.

De esta forma, seguir con mayor precisión y detenimiento un fenómeno que otras ciudades, como Buenos Aires, Neuquén o Mendoza han decidido resolver, pero que persiste en otras grandes ciudades como Córdoba o Rosario.

Por todos estos motivos estamos en comunicación con miembros del Gabinete nacional y con legisladores nacionales impulsando algo fundamental: que en la reforma del Código Penal se tipifique como delito penal la actividad de naranjitas, trapitos y cuidacoches en todo el territorio nacional.

Esto permitirá erradicar definitivamente esta práctica, que no es un problema exclusivo de Córdoba: afecta a Rosario, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y tantas otras ciudades del país.

Vamos a seguir esta lucha para recuperar el espacio público y así impedir que grupos privados, con la complicidad de las autoridades públicas, se apropien de lo que debería ser de todos.

Todo lo antes mencionado aplica, también, para los limpiavidrios.