Intendencia de Pilar: ejemplo de voracidad fiscal

El intendente de Pilar, Federico Achával, acaba de aumentar la Tasa de Derecho Ambiental, un concepto cuya aplicación a compras de supermercado carece de una explicación clara. El cambio consiste en sustituir un monto fijo por una tasa del 2% sobre las compras realizadas en supermercados e hipermercados.

Considerando una familia tipo -un matrimonio de aproximadamente treinta años y dos hijos pequeños, según la clasificación del Indec para la canasta básica alimentaria-, el gasto mensual en supermercados puede alcanzar los $700.000. La Canasta Básica Alimentaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en octubre era de $544.000 mensuales, pero si a ese valor se suman artículos de limpieza e higiene personal, el presupuesto mímimo de $700.000 resulta prudente.

Con la nueva tasa, si los comercios trasladan el costo al consumidor, cada familia abonará $14.000 más por mes en sus compras habituales. Difícilmente las familias elijan viajar a municipios vecinos para evitar la carga, ya que lo que se ahorraría en la tasa suele gastarse en combustible.

La lógica del intendente Achaval es cobrar pequeños montos a una gran cantidad de personas, lo suficiente para recaudar sin provocar una reacción social. Además, como la tasa no se discrimina en la cuenta, el ciudadano puede pensar que el supermercado elevó sus precios y no percibir el rol del municipio.

Mientras tanto, el municipio recibirá $14.000 adicionales por el total de la compra mensual del vecino, y el ingreso total mensual representa una suma formidable. El consumidor, en cambio, no encuentra incentivo suficiente para protestar, mientras que el Estado local maximiza su recaudación.

Mancur Olson analizó este tipo de fenómeno en La Lógica de la Acción Colectiva: los grupos pequeños, como productores beneficiados por el proteccionismo, consiguen organizarse fácilmente para presionar y obtener ventajas, mientras las grandes mayorías no se movilizan porque el costo individual resulta bajo y difuso.

Factor de decadencia

En Argentina, el sistema impositivo se ha transformado en un factor de decadencia. La democracia tiende a una competencia populista donde se ofrecen viviendas, subsidios y beneficios en nombre de la solidaridad social, pero esto siempre termina financiándose con impuestos progresivos o tasas sobre minorías, que afectan a los sectores productivos.

El resultado es que, en el corto plazo, los políticos ganan votos castigando a quienes invierten y generan trabajo, pero en el tiempo las empresas emigran, disminuye la productividad y caen los ingresos reales.

Los municipios, lejos de limitarse a financiar funciones básicas, convierten los impuestos en herramientas para exprimir a los que producen y distribuir en nombre de un asistencialismo que, en última instancia, castiga a todos por igual.

En Pilar, este aumento impacta en todos los consumidores, aunque el sobrecosto no sea visible en el ticket, cargando sobre el comercio la imagen negativa del encarecimiento.

El municipio, además, aplica otras tasas insólitas, como la de Publicidad y Propaganda, el Derecho de Oficina y la de Plusvalía, al igual que otros distritos bonaerenses.

Juan Bautista Alberdi ya señalaba en su Sistema Económico y Rentístico: “Hasta aquí el peor enemigo de la riqueza del país ha sido la riqueza del fisco. Debemos al antiguo régimen colonial el legado de este error fundamental de su economía española. Somos países de complexión fiscal, pueblos organizados para producir rentas reales. Simples tributarios o colonos, por espacio de tres siglos, somos hasta hoy la obra de ese antecedente, que tiene más poder que nuestras constituciones escritas. Después de ser máquinas del fisco español, hemos pasado a serlo del fisco nacional: he ahí toda la diferencia. Después de ser colonos de España, lo hemos sido de nuestros gobiernos patrios: siempre estados fiscales, siempre máquinas serviles de rentas, que jamás llegan, porque la miseria y el atraso nada pueden redituar”.

PD: No resido en el municipio de Pilar.