Del “abran las escuelas” a la educación en el hogar: contradicciones de una sociedad que se rompe en sus grietas

Los medios de comunicación informan que “el Ejecutivo trabaja en un borrador que propone reemplazar la normativa que organiza el sistema educativo”. El proyecto habilita la educación en el hogar e introduce cambios en el financiamiento, con énfasis en el rol de las familias por encima del Estado.

El derecho de las familias o el derecho a la educación

Hagamos un poco de historia. Ley 1420, Ley de educación que todos recuerdan por el lema “Laica, Gratuita y Obligatoria”, que constituye el sello de la educación argentina, sembró las bases de nuestro sistema educativo y permitió integrar y educar a una población diversa (que incluyó a nuestros abuelos inmigrantes). Forjada a partir del congreso pedagógico de 1882, selló una puja por el rol que debía asumir el Estado en educación.

Desde allí, y luego de arduos debates, primó una concepción de Estado Principalista o garante en educación, es decir, que es responsable y provee los recursos para el funcionamiento del sistema educativo. Desde entonces, el derecho a la educación se expresa por sobre la libertad de enseñar.

Las posiciones que otorgaban al Estado el rol subsidiario estaban representadas, entonces y ahora, en las voces de corporaciones religiosas y privadas. Pasados los años, la puja de sentidos y de poder se resignificó en cada nuevo debate con avances y retrocesos. Las corporaciones privadas han logrado que el Estado subvencione a las instituciones de ese sector. De este modo, las familias, en nuestro país, pueden elegir libremente según su ideología y credo, entre distintas instituciones educativas de gestión estatal o privada, siempre con la regulación de un Estado que fija los lineamientos de la política educativa y los planes de estudio.

A partir del nuevo gobierno libertario, comenzó un proceso de “repliegue” del Estado, tanto por la desarticulación e interrupción de programas nacionales como por el desfinanciamiento universitario, entre otras medidas con impacto en el sistema educativo que están marcadas por un viraje discursivo y económico que retoma aquella puja histórica sobre el rol del Estado en educación.

En esta línea ideológica, implementó subsidios directos del Estado Nacional a las familias, con los llamados vouchers, y más recientemente liberó los topes para las cuotas-aranceles de escuelas privadas, mediante el Decreto 787/2025.

Del “abran las escuelas” a la educación en el hogar

Entre los anuncios se advierte que se ampliará el homeschooling, o educación en el hogar, mientras se acaba de habilitar a adolescentes desde los 13 años a “invertir en la bolsa de valores” (Resolución General N° 1091). Las contradicciones de esta propuesta invitan a pensar quiénes se benefician y perjudican con tales opciones educativas tan denostadas durante el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio), cuando las escuelas estuvieron cerradas por la pandemia de Covid-19.

Es posible intuir que se afecte para bien y para mal a los extremos de la población. Por un lado, a quienes tienen los medios para educar cómodamente a los hijos en sus casas (familias viajeras, por ejemplo), pero también a los sectores más postergados, los perjudicados de siempre, a quienes un nuevo Estado libertario “liberado” de sus obligaciones les ofrezca, en vez de construir escuelas donde la oferta privada no llega, o proveer vacantes, quedarse en sus casas con los medios que dispongan.

¿Contenidos mínimos o minimizados?

La “libertad de enseñanza” da un paso más, y el nuevo proyecto pretende que cada cual fije los contenidos acordes a sus ideas, poniendo en riesgo la Unidad Pedagógica Nacional.

No hace falta más que recorrer las noticias del mundo y los sucesos locales recientes para comprender la necesidad cada vez más vigente de la enseñanza de contenidos educativos basados en acuerdos federales y basados en las ciencias, además de reforzar las reglas comunes, esas que hoy muchas familias desafían.

Resulta una apuesta muy riesgosa romper los acuerdos en torno a una de las últimas instituciones del Estado que la sociedad respeta y que forma parte de su tejido conectivo, en términos de Oszlak, y las consecuencias de hacerlo pueden tener efectos irreversibles.

Por último, estas propuestas no parecen adecuadas en tiempos de redes sociales y sobreexposición a las pantallas, extremismos, discursos anticiencia y desintegración ciudadana. El Estado docente se creó como una herramienta de unificación nacional, por parte del liberalismo ilustrado, que requería un Estado fuerte. Los “libertarios” modernos (neoliberales/anarcocapitalistas) abogan por la mínima intervención estatal (Estado Subsidiario), lo que los pone en tensión con aquellos acuerdos fundantes de la Ley 1420.

Se trata, quizás, de defender lo construido, de sostener las bases de una sociedad en la que todos podamos convivir. Eso requiere de instituciones que promuevan la convivencia plural, algo que no puede suceder puertas adentro de cada hogar, o entre semejantes. Requiere además de impulsar aún más la convivencia en las escuelas, donde el espacio común, los contenidos comunes y las normas puedan contrarrestar los efectos de una sociedad que se rompe en sus grietas.

Necesitamos un Estado presente, que garantice el derecho a la educación y respete la verdadera tradición liberal, sellada en el congreso pedagógico de la generación del 80, que es curiosamente contraria a las ideas libertarias.