La designación de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) mediante el Decreto 810/2025 marca un punto de inflexión en el sistema argentino de defensa de la competencia. No se trata de un simple reemplazo institucional ni de una actualización administrativa, sino de un cambio que redefine la arquitectura regulatoria y anticipa un nuevo modo de estructurar y negociar operaciones económicas en el país. La ANC comienza a funcionar de manera inmediata, luego de la reforma introducida por el Decreto 803/2025 que eliminó el período de transición originalmente previsto. Este dato, que puede pasar desapercibido, tiene una importancia estratégica: la autoridad ya está operativa y el reloj regulatorio empezó a correr.
El nuevo organismo busca consolidar un modelo de mayor autonomía, diseñado por la Ley de Defensa de la Competencia 27.442 de 2018. La designación de los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia y los secretarios a cargo de investigaciones de conductas y concentraciones en comisión (todos ellos parte de la ANC) habilita al organismo a comenzar a tomar decisiones. El acuerdo del Senado será, sin duda, un capítulo institucional relevante, pero lo cierto es que la estructura ya está en movimiento y el sistema empieza a alinearse detrás de esta nueva configuración.
La autoridad ya está operativa y el reloj regulatorio empezó a correr
La consecuencia más trascendente es que quedó activado el plazo de un año previsto en la ley para la puesta en vigencia del régimen de control previo de concentraciones económicas. En ausencia de decisión en contrario, el 17 de noviembre de 2026 Argentina pasará formalmente a un esquema que exige autorización previa para cerrar operaciones de fusiones y adquisiciones notificables. Es un cambio profundo, que obliga a revisar prácticas extendidas durante años: los cronogramas de M&A deberán recalibrarse, los acuerdos contractuales tendrán que incorporar condiciones suspensivas por el riesgo antitrust, y los tiempos regulatorios se volverán determinantes. La inercia histórica del “cerrar y notificar después” dejará de ser posible.
En paralelo, este nuevo marco exige una mayor disciplina durante el período intermedio entre la firma y el cierre. La vigilancia sobre posibles conductas de toma anticipada de control (gun-jumping) será más estricta, y las partes deberán evitar intercambios de información sensible, coordinaciones anticipadas o cualquier integración temprana que pueda interpretarse como una violación al proceso. En operaciones complejas será habitual implementar equipos de información restringida o mecanismos que limiten el acceso a datos estratégicos hasta que la autoridad otorgue la autorización correspondiente.
Los cronogramas de M&A deberán recalibrarse, los acuerdos contractuales tendrán que incorporar condiciones suspensivas por el riesgo antitrust y los tiempos regulatorios se volverán determinantes
Las operaciones con dimensión internacional también requerirán una coordinación más fina para armonizar los tiempos locales con los de otras jurisdicciones, en un contexto donde los procesos de notificación suelen desarrollarse de manera simultánea y con criterios regulatorios que, aunque convergentes, no siempre coinciden en plazos o metodologías. Bajo el régimen anterior la aprobación de las autoridades de defensa de la competencia argentinas era una de las últimas de todas las requeridas para ese tipo de operaciones, pero al otorgarse post-cierre la demora no causaba mayores consecuencias prácticas.
La puesta en marcha de la ANC representa, al mismo tiempo, una oportunidad y un desafío. Si logra consolidarse como un organismo autónomo, profesional y consistente, con tiempos adecuados a las mejores prácticas internacionales, podrá contribuir a fortalecer la competencia en el país y brindar mayor previsibilidad a las decisiones empresarias.
La Argentina ingresa, así, en una etapa en la que la defensa de la competencia pasará a ocupar un lugar más central en la agenda económica. El 17 de noviembre de 2026 no es simplemente una fecha límite: es el inicio de un nuevo marco operativo para los negocios en el país. Prepararse con anticipación será clave para transitar esta transición con menor incertidumbre y con una mirada estratégica que permita aprovechar los beneficios de un sistema diseñado para mejorar, y no entorpecer, el clima de negocios.
El autor es socio del área Corporativa y de Defensa de la competencia de Bomchil
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