
El Gobierno encaró las elecciones de medio término con una postura claramente defensiva. Su objetivo principal era mantener un tercio del poder legislativo, sumando fuerzas propias y aliados.
Alcanzar este número no solo evitaría un posible juicio político, con el que algunos opositores al Gobierno y a la democracia parecían soñar desde las elecciones legislativas bonaerenses de septiembre, sino que también impediría el veto a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
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Sin embargo, el sorpresivo resultado electoral cambió completamente el panorama, permitiendo al Gobierno pasar a una posición de ataque. Si bien no cuenta con la mayoría absoluta para implementar por sí solo las reformas que pretende para la segunda mitad de su mandato, a partir del 10 de diciembre necesitará pocas alianzas para avanzar con las tan anunciadas reformas laboral, previsional y tributaria.
El resultado electoral del domingo 26 de octubre evidencia la polarización de la sociedad, no hay espacio para terceras fuerzas. El éxito del gobierno de Milei ahora depende de su capacidad de negociación para impulsar las reformas mencionadas anteriormente. Ciertamente, ha quedado en una posición de negociación muy favorable. No va a requerir enormes esfuerzos ni demasiadas concesiones a otras fuerzas para lograr el objetivo, pero de todas maneras, por la incapacidad que mostró en este rubro en ocasiones pasadas, el interrogante está abierto: ¿tendrá la capacidad suficiente, luego de tamaño respaldo social, de sentarse a negociar con otras fuerzas políticas? De eso depende la reelección de Milei.
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Respecto del plan económico, se le abren dos grandes puertas, tanto en el corto como en el largo plazo. En el corto plazo, al igual que en lo político, donde hasta hace poco predominaba una posición defensiva y se anticipaba la necesidad de cambios drásticos para encarar la segunda etapa de gestión, la victoria contundente en las elecciones le otorga aire para postergar medidas extremas. Esto no implica que no haya correcciones por delante, pero sí que el Gobierno gana margen para administrarlas con mayor gradualidad.
Si bien la posición de dólares tanto del Tesoro como del Banco Central aún muestra ciertos signos de debilidad, la posibilidad de volver a acceder a los mercados externos pronto reducirá la necesidad de intervenciones directas en el mercado de cambios y, en consecuencia, la presión sobre el tipo de cambio. Ese alivio cambiario, sumado a la caída del riesgo país, abre espacio para una reducción de tasas de interés, lo que a su vez debería reactivar el crédito y dinamizar una actividad económica que viene mostrando signos de estancamiento desde hace meses por la incertidumbre electoral.
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En paralelo, la inflación debería retomar su sendero de bajas y, con mayor estabilidad del tipo de cambio, es esperable que se logre un proceso de desinflación más consistente en el mediano plazo. Para el largo plazo, el nuevo apoyo político y la menor incertidumbre derivada del resultado electoral abren la posibilidad de profundizar en aspectos del plan económico sobre los que el gobierno tiene control y deberá sumar a las reformas políticas, como el levantamiento de restricciones para el acceso de las empresas al mercado de cambios, la construcción de un esquema más flexible en lo cambiario y el diseño de una política monetaria con menor volatilidad en las tasas de interés.
Por lo pronto, las señales del mercado son positivas en cuanto a bonos, riesgo país y acciones argentinas. La clave estará en la capacidad del Gobierno para consolidar un rumbo claro durante 2026 y aprovechar este viento de cola, de modo de llegar a 2027 con mayor solidez y evitar que se repita un año de incertidumbre como lo fue 2025.
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