En estos casi dos años de gestión del Presidente Javier Milei, la Argentina inició un proceso de normalización histórica. Normalizar no es un eslogan: es quitar, una por una, las capas geológicas de regulaciones, privilegios y distorsiones que hacían la vida más difícil y costosa para el ciudadano común, para las pymes y para el campo.
La normalización económica no es sencilla ni inmediata sino un proceso, pero sus efectos ya se sienten. La inflación está en baja sostenida, el superávit fiscal es innegociable, las tarifas de luz y gas comenzaron a reflejar los costos reales, permitiendo que haya inversiones en infraestructura (las empresas transportistas y distribuidoras de gas natural y energía eléctrica anunciaron inversiones por casi 6 mil millones de dólares hasta el 2030), y las reglas de juego vuelven a respetarse después de años de manipulación política y discrecionalidad.
Esa normalización generó interés en el mundo y el país también empezó a recibir señales claras de confianza. Con la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), ya se aprobaron e iniciaron 8 proyectos por más 15.000 millones de dólares, generando más de 18.000 puestos de trabajo. También hay otros 12 proyectos pendientes de aprobación por más de 18.000 millones, totalizando unos 33.000 millones de dólares de inversiones posibles. A esto, se suma el reciente anuncio de OpenAI, que invertirá 25.000 millones de dólares en nuestro país. Estas no son promesas: son hechos concretos que demuestran que el modelo funciona y que la Argentina empieza a ser vista como un lugar con seguridad jurídica para invertir.
La normalización de la economía también es la base para bajar la pobreza. Y los resultados son contundentes: cayó del 57% al 30.7%, su nivel más bajo en siete años, lo que significa que 12 millones de argentinos salieron de la pobreza y 6 millones superaron la indigencia.
La normalización también llegó a las calles. Argentina recuperó el orden público y la convivencia. Hoy se puede circular, producir y trabajar sin extorsión ni bloqueos. Pasamos de más de 9.000 piquetes a cero. Y la tasa de criminalidad se encuentra en su nivel más bajo de la historia. Orden, seguridad y respeto por la ley también son condiciones para el progreso.
Sin estabilidad, sin inversión y sin empleo genuino, no hay inclusión posible. La Argentina productiva y federal necesita que cada provincia pueda desarrollarse según su potencial, sin depender de la caja política del Estado Nacional.
Este Gobierno eligió un rumbo claro: libertad, transparencia y responsabilidad, y recorrerlo exige coraje. Durante casi dos años, millones de argentinos trabajaron y se esforzaron para que el país comenzara a normalizarse. Ahora toca sostener todo lo realizado y no volver atrás.
Este 26 de octubre, quienes buscan perpetuar el privilegio y la decadencia intentarán sabotear todo ese esfuerzo; por eso, la libertad merece que la defendamos juntos. Ratificar el rumbo elegido no es un acto simbólico: es consolidar un cambio profundo que asegure que los resultados alcanzados —inversiones, baja de inflación, empleo y disminución de la pobreza— nadie los pueda revertir. La Argentina está en marcha y este es el momento de elegir libertad y esfuerzo por sobre el privilegio y estancamiento.
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