Del libre comercio al debate pendiente

La inminente firma del Acuerdo entre el MERCOSUR y la UNIÓN EUROPEA plantea para la Argentina un desafío mayúsculo. Tras más de 25 años de negociaciones, todo indica que el tratado podría concretarse en el corto plazo. Sin embargo, en nuestro país todavía no existe un espacio institucional sólido que discuta las consecuencias políticas, económicas y productivas de esta decisión. No alcanza con asumir la firma como un hecho técnico: lo que está en juego es el futuro de la producción, el trabajo y las economías regionales. Nadie en la Argentina está encarando esta discusión de manera estructural y, si el Congreso no asume ese rol, quedaremos atrapados en un debate superficial marcado por la agenda coyuntural.

El acuerdo se da entre bloques con profundas diferencias estructurales. La Unión Europea tiene un PBI seis veces mayor al MERCOSUR y mantiene políticas activas de subsidios agrícolas y desarrollo industrial, mientras que el tratado obliga a nuestra región a reducir aranceles y retenciones. Esto golpea directamente a sectores sensibles como la industria automotriz, que representa el 6% del empleo industrial y el 25% del comercio intrarregional, y al agro, donde la apertura comercial erosiona herramientas básicas de política económica frente a la Política Agraria Común europea. En este contexto, si el esquema se implementa sin políticas de acompañamiento, el resultado será un país primarizado, con mayor desigualdad social y un entramado productivo cada vez más frágil. A ello se suma que las economías regionales enfrentarán fuertes tensiones: el reconocimiento de más de 300 indicaciones geográficas a la UE impactará en sectores lácteos y de bebidas, mientras que las cuotas para nuestras exportaciones son reducidas y sin horizonte de ampliación. Además, el acuerdo se sostiene en dos grandes pilares: el comercial que es el que ya logró un avance significativo y el de cooperación que aún no se discutió en profundidad. El primero, solo requiere la aprobación del Parlamento Europeo y la ratificación de los países miembros del Mercosur. El segundo, el que incluye mecanismos de solidaridad y cooperación financiera y política, debe ser aprobado por los parlamentos de cada uno de los países miembros de la comunidad europea.

Este tratado fue concebido en tiempos de auge de la globalización, pero se pretende firmar en un escenario completamente distinto: crisis financieras, pandemia, guerras y una disputa tecnológica que ha revalorizado la política industrial como motor de desarrollo. Mientras Brasil, con un núcleo industrial más robusto, puede amortiguar los impactos, la Argentina llega a este acuerdo con un aparato productivo en estado de fragilidad. La diplomacia brasileña, con Lula da Silva a la cabeza, impulsa cerrar el acuerdo cuanto antes para proyectar al MERCOSUR hacia otras alianzas globales como los BRICS. Para nuestro país, la magnitud de los impactos exige un debate mucho más profundo, que trascienda la firma y evalúe las condiciones de inserción de la Argentina en este nuevo tablero internacional.

Por eso la Constitución establece con claridad que es el Congreso quien debe dar el aval para la homologación del acuerdo. Y el Parlamento del Mercosur (Parlasur), como órgano de representación ciudadana del MERCOSUR, es el canal de diálogo directo con el Parlamento Europeo. Estos espacios deben ser el eje del debate y la convocatoria a provincias, sectores agropecuarios e industriales, sindicatos y universidades. Aunque el texto ya no pueda renegociarse, el Parlamento puede condicionar su aprobación a políticas de reconversión industrial, utilización efectiva de fondos de cooperación, inversiones europeas que generen valor agregado y empleo, y la aplicación de salvaguardas que eviten una apertura indiscriminada. La acción parlamentaria es clave para transformar los riesgos en oportunidades y para que la voz de los sectores afectados tenga incidencia real.

En definitiva, el Acuerdo MERCOSUR -EU, en su formulación actual, tiende a favorecer más a Europa que a nuestro bloque regional. Sin embargo, rechazarlo unilateralmente también implicaría costos, ya que su entrada en vigor podría darse incluso de manera parcial con la aprobación de otro miembro del bloque. El desafío, entonces, es construir un posicionamiento soberano que permita defender los intereses nacionales y regionales, mitigando los riesgos de desindustrialización y especialización regresiva. Lo que está en juego no es un simple tratado comercial. Es el modelo de desarrollo que queremos para la Argentina y para la región en las próximas décadas. Por eso es indispensable que el Congreso y el Parlasur lideren un debate amplio, federal y transparente, que convoque a todos los actores implicados y permita tomar una decisión estratégica con plena conciencia de sus impactos.