La incertiumbre política influye notablemente en la inversión, especialmente cuando se asocia a posibles cambios en las reglas del juego. Esto sucede de forma sistemática cuando se produce una transición de gobierno, particularmente si el nuevo oficialismo se percibe como menos responsable en materia fiscal.
La reciente derrota electoral en septiembre generó nuevas expectativas sobre el escenario antes y después de los próximos comicios.
Aunque la elección no fue de medio término nacional, funcionó como un verdadero termómetro previo a octubre, en un contexto de creciente debilidad del oficialismo frente al Congreso, resultado de errores de gestión -como intransigencia y trato inadecuado, respuestas insuficientes ante acusaciones de corrupción y un proceso de reorganización de la oposición, que ha ganado la mayoría de las votaciones legislativas recientes.
El efecto conjunto de estas variables, sumado a la escasez de reservas líquidas -solo USD 5.000 millones al 19 de septiembre-, propició un salto en el índice de riesgo país y llevó al tipo de cambio a su techo. Ni siquiera una tasa de interés del 72% logró detener la presión: en tres días, el Banco Central vendió USD 1.100 millones de reservas, tornando insostenible la defensa del régimen cambiario de bandas.
La semana siguiente marcó un giro inesperado: el Gobierno consiguió el compromiso de ayuda financiera del Tesoro estadounidense a través de un swap de deuda por USD 20.000 millones y la promesa de compra de títulos en dólares.
La baja transitoria de las retenciones pudo haber sido más efectiva con una reducción parcial pero permanente, orientada a fortalecer el impacto en la siembra y la producción futura
Junto al anuncio, y posiblemente condicionado por la asistencia externa, el Gobierno redujo a cero las retenciones para todas las exportaciones agropecuarias hasta fin de octubre. Esto incentivó liquidaciones por más de USD 7.000 millones y mejorar significativamente la posición de divisas del Banco Central. Sin embargo, esta medida pudo haber sido más efectiva con una reducción parcial pero permanente, orientada a fortalecer el impacto en la siembra y la producción futura.
Estrategias necesarias: reformas, consensos y reglas claras
La gobernabilidad hasta 2027 depende de una revisión profunda de la estrategia política, una política fiscal sostenida y una agenda de desregulación efectiva, junto con transformaciones en el manejo cambiario y monetario.
En el plano político, el oficialismo debe negociar con la oposición acuerdos fiscales intertemporales para garantizar sustentabilidad presupuestaria. Además, necesita construir mayorías de dos tercios en el Congreso para avanzar con reformas laborales y tributarias de fondo.
Para incentivar la inversión, resulta central acordar marcos regulatorios estables en sectores con potencial dinámico y elevado impacto económico, como energía, minería, agroindustria, economía del conocimiento, finanzas, construcción y turismo.
La previsibilidad y la estabilidad normativa son decisivas para promover inversiones de largo plazo y crecimiento genuino. Frente a la incertidumbre política y global, el Gobierno debería anticipar un esquema de flexibilización cambiaria tras la elección del 26 de octubre, para evitar un drenaje de reservas y el abandono forzoso de las bandas cambiarias ante episodios de estrés.
Una propuesta posible consiste en incorporar metas de superávit o equilibrio fiscal estructural que trasciendan el período presidencial, alineadas con el PBI tendencial -como sucede en Chile- y con un diseño anticíclico.
Una propuesta posible consiste en incorporar metas de superávit o equilibrio fiscal estructural que trasciendan el período presidencial, alineadas con el PBI tendencial
Esto permitiría aceptar déficits en etapas recesivas y exigir superávits en fases expansivas, equilibrando el presupuesto a largo plazo. Estos excedentes pueden destinarse a cancelar deuda o invertir en activos externos, desarrollando un fondo soberano. Los gobiernos tendrían margen para modificar el nivel y la composición del gasto público o la estructura tributaria, siempre dentro del compromiso fiscal intertemporal. Este marco mejora la credibilidad y la resiliencia frente a los cambios políticos, siguiendo el ejemplo de países como Uruguay.
El diálogo entre gobierno y oposición también puede fortalecer la estabilidad regulatoria para inversiones en sectores de ventaja comparativa. Iniciar las negociaciones con ramas especialmente competitivas ayudaría a sentar las bases de un crecimiento sostenido y una generación de divisas que alivien la restricción externa. Estos sectores, además, generan empleo de manera directa e indirecta, alimentando cadenas productivas y aumentando la inserción internacional del país.
Política monetaria y cambiaria: anticipar y flexibilizar
En análisis previos se afirmó que la autoridad monetaria debe priorizar la estabilización de las cuentas externas y adoptar una mayor flexibilidad cambiaria frente a shocks locales y globales. Los esquemas rígidos -como las bandas o tipos de cambio duales-resultan poco adecuados en contextos de volatilidad e incertidumbre estructural.
La reciente asistencia financiera internacional brindó alivio, pero la experiencia demuestra que, bajo el actual marco cambiario, los préstamos suelen terminar financiando salida de capitales. Así ocurrió entre abril y septiembre de 2018: pese a la venta de USD 11.400 millones de reservas en el contexto del acuerdo con el FMI, el Gobierno no logró evitar una devaluación del 84 por ciento.
Actualmente, el circulante en poder del público asciende al equivalente de USD 14.000 millones, mientras los depósitos privados suman USD 93.000 millones. Esta masa de dinero es cinco veces mayor que las reservas netas del Banco Central, incluso incluyendo encajes.
Los fundamentos económicos requieren no sólo equilibrio fiscal, sino su real sustentabilidad en el tiempo, y, para un régimen cambiario semi fijo, la existencia de un colchón de reservas
La cobertura ante una eventual corrida es limitada, especialmente en ausencia de crédito internacional. Los fundamentos económicos requieren no sólo equilibrio fiscal, sino su real sustentabilidad en el tiempo, y, para un régimen cambiario semi fijo, la existencia de un colchón de reservas considerablemente superior.
La opción más prudente es avanzar hacia un tipo de cambio flotante y destinar el apoyo externo preferentemente al Tesoro para garantizar el pago de deuda entre 2025 y 2026. Esto reduciría el riesgo país, fortalecería la solvencia y evitaría la peligrosidad de intervenciones cambiarias con reservas insuficientes.
El temor a la flotación reside en el impacto inflacionario de una corrección abrupta. Sin embargo, el tipo de cambio real multilateral mejoró en un 33% desde diciembre de 2024 hasta agosto de 2025, mientras la inflación mensual cayó de 2,7% a 1,9% en el mismo periodo.
El Gobierno debe apostar a la estabilidad como resultado de reformas profundas, incluso si la mayor volatilidad inicial genera dudas. Sumar metas de base monetaria y recuperar mecanismos anteriores en la administración de tasas de interés podría proporcionar mayor previsibilidad.
Flexibilización y reglas para un desarrollo sostenido
La estabilización reciente fue resultado de una fuerte apreciación de la moneda y la apertura de la economía, pero esto generó desafíos de competitividad y desempleo en sectores transables. Incluso si la flotación inicial genera un overshooting del tipo de cambio, el impacto inflacionario podría ser moderado, permitiendo aliviar los costos de transición hacia un modelo integrado y de moneda estable.
Este enfoque abriría oportunidades para el relanzamiento de sectores mano de obra intensiva, como la construcción y el turismo, potenciando la producción doméstica. El desarrollo sostenible combina:
- gestión política para asegurar la responsabilidad fiscal,
- estabilidad en las reglas de inversión, y
- consolidación de procesos de desregulación.
- La flexibilidad cambiaria completa este triángulo, clave para consolidar un programa económico capaz de lograr resultados positivos en el horizonte electoral de 2027.
El autor es economista, desarrollador de Real Estate y presidente de Desur
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