La propuesta del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas de cerrar ONUSIDA hacia finales de 2026 plantea un escenario alarmante. No se trata de una mera reorganización administrativa: significa poner en riesgo a millones de personas en todo el mundo cuya salud y derechos dependen de una respuesta global fuerte, coordinada y basada en derechos humanos.
Tenemos todas las herramientas para terminar con la epidemia de VIH. Pero se están tomando todas las decisiones políticas para que no logremos el objetivo.
La creación de ONUSIDA en 1996 fue un hecho inédito dentro del sistema de Naciones Unidas: por primera vez, un programa conjunto reunió a múltiples agencias, gobiernos y sociedad civil para enfrentar una epidemia que expresaba desigualdades y violaciones de derechos humanos. ONUSIDA se presenta como una plataforma innovadora para amplificar la voz de las personas que viven con VIH y para que la ciencia, la política y las comunidades caminen juntas. Desmantelar este espacio sería retroceder décadas en una construcción que significó solidaridad global y justicia social.
Desde su creación, ONUSIDA cumplió un rol único dentro del sistema de Naciones Unidas: dar visibilidad a las desigualdades y a las violaciones de derechos que sufren poblaciones históricamente marginadas. Fue la primera y muchas veces la única voz que señaló con claridad la discriminación y criminalización que enfrentan hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres, personas trans, trabajadoras sexuales, personas que usan drogas, personas privadas de libertad y migantes.
Eliminar esta estructura en un contexto de reducción del financiamiento internacional, recrudecimiento de políticas punitivas y avance de discursos anti-derechos y anti-género no puede interpretarse más que como un retroceso. La ausencia de ONUSIDA dejaría preguntas sin respuesta: ¿Qué agencia de Naciones Unidas se hará cargo de denunciar las leyes que penalizan la identidad, la orientación sexual, la forma de subsistencia, el consumo de sustancias o simplemente el hecho de vivir con VIH? ¿Quién garantizará que las comunidades, la ciencia y los Estados sigan compartiendo la mesa de decisiones?
El peligro es evidente: perder un espacio de referencia en la defensa de derechos humanos y debilitar la coordinación internacional significa frenar los avances en prevención, generar nuevas infecciones y provocar más muertes evitables.
El desafío ahora es doble. Por un lado, sostener con fuerza el financiamiento nacional e internacional para los programas de VIH, evitando que la respuesta quede a merced de prioridades cambiantes. Por el otro, defender la participación activa de las comunidades más afectadas, sin las cuales ninguna estrategia es sostenible ni legítima.
El VIH nunca fue solo un asunto biomédico. Es, y seguirá siendo, una lucha por la igualdad y la justicia. Si permitimos este retroceso, no será solo ONUSIDA la que desaparezca: desaparecerá también la posibilidad de poner fin a la epidemia y de garantizar un futuro en el que todas las personas puedan vivir con salud y dignidad.
(*) Leandro Cahn es Director Ejecutivo de Fundación Huésped y Gastón Devisich es Responsable de Participación Comunitaria de Fundación Huésped y fue Representante para América Latina y el Caribe en la delegación de ONGs ante la Junta Coordinadora de ONUSIDA (2022-2024).
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