El cielo en disputa: soberanía aérea y los nuevos desafíos de seguridad internacional

Los límites del espacio aéreo constituyen un pilar esencial de la soberanía nacional y de la seguridad internacional. Según el Convenio de Chicago de 1944, comprenden el espacio situado sobre el territorio y las aguas jurisdiccionales de un Estado, generalmente delimitado en torno a los 100 kilómetros de altitud y bajo control exclusivo de cada país. Este dominio no solo simboliza la independencia política, el marco regulador del tráfico aéreo y, en la actualidad, un escudo frente a la creciente intromisión tecnológica derivada del uso masivo de drones y satélites, sino que especialmente representa la primera línea de defensa frente a amenazas externas.

La relevancia estratégica de esta frontera se comprende al observar los riesgos asociados a su violación. En los últimos meses, Israel ha convertido la incursión deliberada en espacio aéreo ajeno en un instrumento de defensa preventiva y afirmación de poder en el complejo escenario del Medio Oriente. Sus operaciones en la Franja de Gaza, Siria, Líbano, Yemen e Irán se han caracterizado por vulnerar defensas aéreas y ejecutar ataques quirúrgicos, como la Operación Midnight Hammer en 2025 contra instalaciones nucleares iraníes.

Más recientemente, en septiembre de 2025, se reportó que aviones israelíes, operando desde el Mar Rojo, violaron el espacio aéreo de Qatar durante un ataque con misiles de largo alcance. Este hecho no solo incrementó la tensión en el Golfo, sino que también evidenció cómo las fronteras aéreas se transforman en escenarios de disputa entre la seguridad preventiva y el respeto al derecho internacional.

El ataque israelí contra Doha, el 9 de septiembre, marcó un punto de inflexión en la seguridad regional. Por primera vez, un miembro del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) fue blanco directo, lo que generó una ola de solidaridad con Qatar y puso en evidencia la vulnerabilidad de las monarquías frente a un Israel cada vez más audaz. La cumbre de emergencia de la Liga Árabe y de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), celebrada en Doha el 15 de septiembre, mostró un consenso inusual: la agresión no puede aceptarse como norma.

En este marco, el 17 de septiembre, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, firmaron en Riad un acuerdo de defensa mutua que establece que una agresión contra cualquiera de los dos países será considerada un acto hostil contra ambos. Aunque la declaración evitó mencionar el arsenal nuclear de Pakistán —el único en manos de un país de mayoría musulmana—, analistas señalaron que constituye un elemento implícito en el pacto con Arabia Saudita.

El episodio también reavivó dudas sobre la fiabilidad del paraguas de seguridad estadounidense. Pese a albergar la base de al-Udeid y ser el principal aliado extra-OTAN en la región, Qatar fue atacado sin que Washington pudiera impedirlo. La aparente coordinación previa entre el gobierno de Netanyahu y la Casa Blanca no hizo más que aumentar el malestar regional.

Ante la imposibilidad de responder militarmente, las monarquías del Golfo exploran vías alternativas de influencia. Entre ellas, presión diplomática sobre Washington, ajuste de relaciones con Israel y fortalecimiento de vínculos con actores regionales como Pakistán y Turquía. La crisis, además, plantea la necesidad de un marco de defensa más autónomo, mientras Irán aprovecha el momento para capitalizar simbólicamente la fractura en el equilibrio estratégico.

Al mismo tiempo, en el escenario europeo, la guerra en Ucrania ha multiplicado los incidentes relacionados con la vulneración del espacio aéreo. Drones rusos, tanto de ataque Shahed como de reconocimiento, han sobrevolado o impactado en Rumania, Polonia y Moldavia, demostrando la fragilidad de la seguridad aérea continental y la dificultad de anticipar trayectorias en un escenario de guerra híbrida. Aunque en algunos casos las incursiones no fueron deliberadas, provocaron alertas diplomáticas y reforzaron la percepción de vulnerabilidad en el flanco oriental de la OTAN.

En Polonia, el primer ministro Donald Tusk, tras una reunión extraordinaria de la Oficina de Seguridad Nacional llevada a cabo el 10 de septiembre, anunció que su país solicitó a la OTAN activar consultas bajo el Artículo 4 del Tratado, mecanismo aplicable cuando un miembro percibe amenazada su integridad territorial, independencia política o seguridad.

En los últimos días, la tensión en Europa se ha intensificado. A la reciente incursión de drones rusos en Polonia se sumaron nuevos episodios que llevaron a la OTAN a poner en marcha la Operación Eastern Sentry, con el despliegue de cazas, aeronaves de apoyo, sistemas de alerta temprana y refuerzos de personal en su flanco oriental.

El viernes 19 de septiembre, un MiG-31 Foxhound violó el espacio aéreo de Estonia durante doce minutos, lo que puso en máxima alerta a Europa. Pese a su antigüedad, este avión interceptor demostró seguir siendo una herramienta de presión estratégica para Moscú. Tras la incursión, el gobierno estonio también solicitó consultas con la OTAN en virtud del Artículo 4, calificando la violación como “totalmente inaceptable”, según declaró su primer ministro.

Estos ejemplos ilustran la complejidad de los desafíos actuales. Los drones representan un reto singular por su bajo costo, reducido tamaño y capacidad para penetrar áreas sensibles sin ser detectados, lo que dificulta el control y la identificación de intrusiones. A ello se suman los misiles de largo alcance y las aeronaves de combate o reconocimiento, que también violan el espacio aéreo soberano de terceros Estados, comprometiendo directamente su seguridad.

La respuesta a estas amenazas se ha orientado hacia el empleo de tecnologías avanzadas. Los radares de nueva generación permiten detectar incluso drones de dimensiones mínimas; los sistemas de defensa aérea ofrecen la capacidad de interceptar misiles y aeronaves hostiles; y la inteligencia artificial aplicada al análisis de grandes volúmenes de datos posibilita anticipar patrones anómalos que puedan presagiar incursiones hostiles.

La violación del espacio aéreo de Polonia por parte de Rusia desencadenó una serie de respuestas que, más allá de lo militar, tuvieron profundas consecuencias geoeconómicas. Varsovia, en represalia, se negó a reabrir su frontera con Bielorrusia, cerrando una de las principales arterias del comercio entre China y la Unión Europea, valorada en unos 25.000 millones de euros anuales. Esta decisión paralizó el 90 % del transporte ferroviario de mercancías que atravesaba territorio polaco, afectando directamente a cadenas logísticas globales y golpeando a plataformas chinas como Temu y Shein, cuya competitividad depende de la rapidez y el bajo costo en la distribución. Ante la negativa polaca, Pekín se vio forzado a recurrir a rutas marítimas más lentas o al transporte aéreo, con un incremento de hasta un 30 % en los costos.

Así, un hecho de carácter geopolítico se transformó en un catalizador de disrupciones económicas, evidenciando la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globalizadas.

En síntesis, la Convención de Chicago (1944) establece que cada Estado ejerce soberanía plena sobre el espacio aéreo situado sobre su territorio y aguas jurisdiccionales. Sin embargo, los conflictos recientes han demostrado que aeronaves furtivas, drones y misiles pueden vulnerar ese espacio incluso en países que no participan directamente en la confrontación.

A ello se suma que las restricciones de espacio aéreo derivadas de guerras o del uso de interferencia electrónica -jamming y spoofing- obligan a las aerolíneas civiles a modificar sus rutas, incrementando costos operativos y la huella de carbono. Estas incursiones evidenciaron cómo la geopolítica puede desarticular la arquitectura silenciosa del comercio global. Al interrumpir rutas críticas, expuso su vulnerabilidad estructural y su dependencia de corredores estables y costos optimizados.

En la práctica, la capacidad de un Estado para ejercer su soberanía depende de su aptitud para controlar efectivamente dicho espacio: disponer de medios de vigilancia (radares y sensores), procedimientos de identificación y comunicación, así como fuerzas capaces de interceptar aeronaves cuando sea necesario. Este control operativo implica no solo la identificación procedimental y visual, sino también la facultad de aplicar sanciones o medidas coercitivas -desde ordenar el aterrizaje hasta, en última instancia y conforme al derecho internacional, emplear la fuerza- cuando una aeronave constituya una amenaza inminente. En ausencia de vigilancia, identificación confiable y medios de respuesta, la mera proclamación de soberanía carece de eficacia práctica, pues no garantiza ni el control real ni la protección efectiva del espacio aéreo nacional.