Liquidez y riesgo: el complejo acceso al financiamiento pyme durante la carrera electoral

En un año electoral signado por la incertidumbre, las pymes argentinas atraviesan un dilema que excede la política: la financiación del capital de trabajo frente a tasas de interés récord, restricciones de crédito y una economía en proceso de transición.

La combinación de volatilidad político-económica, tensiones en la cadena de pagos y endurecimiento bancario deja a las empresas ante una encrucijada. Hoy no se busca la mejor fuente de financiamiento, sino la opción menos onerosa entre alternativas limitadas y riesgosas.

El primer desafío es la obtención de liquidez. La pregunta fundamental surge: ¿conviene tomar deuda bancaria, disponer de los dólares ahorrados u obtener fondos a través de la venta de mercadería en stock? Para facilitar esa decisión, se resumen los principales beneficios y riesgos de cada alternativa en el siguiente cuadro:

La mejor elección se definirá según el perfil de cada pyme, su acceso efectivo al sistema bancario y, especialmente, su tolerancia al riesgo cambiario y operativo en un contexto donde las condiciones pueden modificarse repentinamente.

En este panorama, las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) recuperaron un papel central para el financiamiento pyme. Muchas empresas quedaron excluidas del crédito bancario, otras no cumplen con los requisitos de historial crediticio, y ven en las SGR una vía válida para obtener capital de trabajo. Gracias a su función de avalistas, mejoran el perfil de riesgo ante el sistema financiero y facilitan el descuento de cheques, el financiamiento de facturas o la obtención de préstamos a tasas más competitivas.

Con aval de SGR, las tasas para el descuento de cheques diferidos se ubican entre el 49% y el 58% anual. Sin ese respaldo, pueden duplicarse o superar inclusive el 100%-125% anual. Los plazos van de 30 días a un año y debe considerarse además la comisión de la SGR, que varía entre el 2% y el 4% del monto avalado.

Aunque supone un costo adicional, para muchas pymes el aval se vuelve indispensable: sin él, acceder al crédito sería inviable o solo posible a tasas prohibidas.

El sistema mostró una expansión considerable: actualmente, el segmento de garantía representa aproximadamente el 0,4% del PBI y avala cerca del 33% del financiamiento pyme total. Durante 2024, las SGR acompañaron a más de 33.000 empresas por unos USD 1.200 millones, con un dato elocuente: siete de cada diez avales fueron destinados a microempresas y nueve de cada diez a micro o pequeñas empresas. Así, se consolidaron como la llave de acceso para el segmento más vulnerable del tejido productivo.

Juan José Preciado, CEO de Ricsa ALyC y accionista de AFB Avales SGR, explicó: “Cuando los bancos dejaron de asistir al Estado, acumularon liquidez, pero desarmaron sus líneas de riesgo para pymes más chicas. Ahí las SGR pasaron a ser cruciales, porque los bancos terminan descansando en el aval, y el riesgo lo asumen ellas. Durante 2024 vimos operaciones con tasas del 26% al 30% anual y plazos largos de hasta cinco años, algo que no existía hacía mucho.

Este año la demanda se sostuvo hasta mediados, pero en los últimos meses se resintió con la caída de la actividad. Hoy, los que buscan financiamiento lo hacen porque atraviesan complicaciones financieras, mientras que las empresas más sólidas directamente no convalidan estas tasas”.

En cuanto a los costos de financiamiento de corto plazo, la diferencia entre instrumentos es significativa. El descuento de cheques con aval de SGR sigue siendo la opción más accesible, con tasas entre el 49% y el 58% anual, mientras que sin esta garantía, los bancos aplican tasas de entre el 100% y el 125% anual.

Otra alternativa frecuente es el descubierto en cuenta corriente, con tasas de entre el 90% y el 95% anual, según la entidad financiera. Si bien permite liquidez inmediata, su costo erosiona rápidamente la rentabilidad y puede profundizar los problemas de flujo de fondos.

En este entorno, el aval de una SGR resulta determinante: no solo habilita tasas más competitivas, sino que, en numerosos casos, se transforma en el único acceso posible para que las pymes mantengan su capital de trabajo en condiciones financieras adversas.

El proceso electoral, sumado a una economía que fluctúa entre el estancamiento y la recesión, obliga a las pyme con recursos acotados a priorizar obligaciones: impuestos, proveedores o salarios. En este esquema, los trabajadores ocupan un lugar central en la cadena de pagos. Asegurar los sueldos representa un requisito legal y, a la vez, estratégico; retener personal clave resulta fundamental para la continuidad operativa. Los proveedores suelen resignarse a aceptar plazos extendidos, lo que alarga la cadena de pagos y eleva las tensiones dentro del sistema económico.

El mayor riesgo es la propagación de la mora generalizada. Con tasas financieras en niveles elevados y un consumo deprimido, crece la probabilidad de incumplimiento. Se proyecta que la morosidad podría aumentar en los próximos meses, pasando de valores en torno al 1,1% al 3,5% en los escenarios más adversos.

Ante este contexto, las opciones de financiamiento barato se desvanecen y la posibilidad de supervivencia depende de la negociación con proveedores y del cumplimiento de pagos salariales, a veces en detrimento de otras obligaciones. Así, el “estiramiento” de la cadena de pagos opera como una táctica defensiva que ayuda en el corto plazo, pero también incrementa los riesgos de incumplimiento sistémico.

Quienes decidan acumular deuda fiscal para direccionar recursos a salarios o proveedores deben contemplar los intereses resarcitorios y punitorios aplicados por ARAC (ex-AFIP) y las agencias tributarias locales.

Actualmente, ARCA fija un interés resarcitorio del 2,75% mensual sobre impuestos nacionales impagos y una tasa punitoria del 3,5%. En la órbita provincial y municipal, ARBA aplica alrededor del 6,6% mensual, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, AGIP establece un recargo similar al de AFIP, cerca del 2,7 por ciento.

Por lo tanto, diferir el pago de impuestos puede ser una decisión táctica para sostener la gestión, pero implica un riesgo financiero adicional. Las pymes que optan por esta vía comprometen su liquidez futura, ya que los planes de regularización demandan pagos mensuales en pesos a tasas también elevadas.

En síntesis, el financiamiento pyme en 2025 se enfrenta a una paradoja: existen herramientas, pero nunca resultaron tan caras o difíciles de mantener a lo largo del tiempo. La combinación de incertidumbre política, volatilidad macroeconómica y tasas que pueden duplicarse en poco tiempo obliga a operar con foco en la supervivencia.

La clave para atravesar este momento reside en identificar el costo de oportunidad más razonable para cada empresa. Tomar deuda bancaria, vender activos en dólares o desprender stock son decisiones tácticas; la estrategia principal consiste en preservar liquidez y mantener al equipo humano activo y comprometido.

Las SGR, al asumir el riesgo que los bancos ya no desean soportar, se consolidaron como puente esencial para las micro y pequeñas empresas, y es probable que mantengan ese papel decisivo en los próximos meses. Sin embargo, su capacidad es limitada frente a una desaceleración de la actividad y los retos financieros que enfrenta el entramado productivo.

El resultado electoral y las políticas económicas serán determinantes para el resto del año. Si la incertidumbre persiste, aumentarán la mora y el impago, la cadena de pagos sufrirá mayores presiones y la recaudación fiscal decaerá. Si la previsibilidad mejora, el sistema podría recuperar algo de dinamismo, aunque con costos históricamente elevados.

Para las pyme, el desafío inmediato es resistir. En ese esfuerzo cotidiano, cada punto porcentual de tasa, cada dólar obtenido y cada cheque descontado representa la diferencia entre lograr mantenerse operativas o sumarse a las estadísticas de aquellas empresas que no lograron superar la tormenta.

El autor es Analista Económico y director de Focus Market