La implementación del Código Procesal Penal Federal -con su sistema acusatorio, audiencias orales e inmediatas y un control jurisdiccional más efectivo- aporta herramientas capaces de agilizar la investigación y reducir demoras que, a veces, resultan innecesarias.
Uno de los cuestionamientos recurrentes en la opinión pública es precisamente la duración de los juicios por corrupción. Muchas veces esta extensión existe y esto ocurre, primero, por la complejidad propia de esos casos, pero también por el sistema procesal que lo rige. La implementación del Código Procesal Penal Federal, junto con un futuro Código Penal moderno y ágil, permitirá acortar plazos, dotar de mayor transparencia al proceso y asegurar sanciones proporcionadas.
La experiencia demuestra que el diseño del sistema procesal de enjuiciamiento es clave. Un modelo acusatorio, con fiscales a cargo de la investigación desde el inicio y jueces concentrados en el control de garantías y el dictado de sentencia, tiene mayor capacidad para que las causas avancen con eficiencia
En la revisión de sentencias a lo largo de los años, se constata que cada caso tiene particularidades que impiden generalizar sobre la labor realizada por parte de la magistratura. Sin embargo, en algunos procesos se advierten cuestiones susceptibles de mejora, especialmente en la producción y valoración de la prueba, y en los tiempos de resolución
Muchas de esas falencias tienen relación con la etapa inicial de la investigación y con las herramientas procesales vigentes. La actualización normativa y la capacitación continua de todos los operadores del sistema son aspectos esenciales para mejorar la calidad de las decisiones y fortalecer la labor judicial.
Merece destacarse el compromiso frente a causas de alta complejidad y visibilidad pública que han tenido los Tribunales Federales de Comodoro Py en los últimos años. El esquema actual les obliga a llevar adelante múltiples juicios en paralelo, lo que afecta los tiempos. Ello sumado al 30% de vacancias existentes hoy en día en el Poder Judicial. La reorganización de competencias que prevé el nuevo Código Procesal Penal Federal permitirá optimizar los recursos y agilizar las respuestas.
Es importante recordar que la instancia de juicio es central en el proceso penal. Es donde se materializa la garantía del debido proceso, la inmediación con la prueba y la instancia decisiva en la que la acusación debe probar su teoría del caso frente a la defensa. Dotar de herramientas procesales a quienes llevan a esa tarea, junto con la sanción de un Código Penal contemporáneo, es indispensable para contar con un sistema de justicia más confiable, transparente y rápido.
En definitiva, debemos tener en claro que estas reformas no son un fin en sí mismas, sino un medio para un objetivo mayor: que la sociedad cuente con un Poder Judicial rápido, claro y transparente. Esto es fundamental para la lucha contra la corrupción y otros delitos complejos y, a la par, incrementa la confianza de la sociedad en las instituciones.
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