Hay más enojo en la Argentina polarizada

En la Argentina de 2025 la discusión pública ya no es solo un desacuerdo sobre ideas: es, sobre todo, una distancia emocional entre identidades políticas. Nuestra Encuesta Nacional de Polarización Política lo muestra con nitidez: el 52% percibe más enojo, crispación y enfrentamiento que hace dos años, apenas un 17% cree que disminuyó. El dato no es anecdótico: cuando las emociones negativas se consolidan, los incentivos a escuchar, deliberar y negociar se erosionan. La política se vuelve una práctica de suma cero.

Pero hay rechazos más grandes que otros. Los estudios sobre polarización afectiva muestran que los ciudadanos, aun cuando no divergen radicalmente en torno a las distintas políticas públicas, sí incrementan el rechazo hacia el “otro político”, hasta el punto de discriminarlo en ámbitos no políticos (empleo, relaciones personales, cooperación). Se crean abismos sociales y políticos irreconciliables.

Liliana Mason lo llamó “acuerdo incivil”: cuando las identidades partidarias se superponen con las culturales, sociales y morales, el desacuerdo se vuelve totalizante. Este fenómeno se vincula con lo que Mario Riorda denomina “incivilidad”, un patrón de comunicación política donde predomina la descalificación, la agresividad y el tono confrontativo, en detrimento del diálogo y la argumentación. En este clima, el adversario no es visto como alguien con quien se puede discrepar, sino como un enemigo que debe ser derrotado. Los datos confirman que esa capa emocional atraviesa también a la sociedad argentina.

¿En todos lados tiene la misma intensidad? No. En el AMBA, el 59% de los encuestados considera que el nivel de enfrentamiento y enojo creció, pero en el interior del país ese porcentaje disminuye al 48%.

Las percepciones, además, están profundamente atravesadas por la identidad partidaria: mientras que, entre los votantes del Partido Justicialista, 67% siente que la crispación aumentó, entre los votantes de La Libertad Avanza, el dato cae a 36%, lo que refleja que la polarización se vive de forma asimétrica, dependiendo del “lado” del tablero político. El que agrede o se siente agredido, de acuerdo a como se percibe, cambia si se es oficialista u opositor. Cuando vemos los datos segmentados por grupos etarios, los mayores de 55 años (58%) son más críticos del clima político que los jóvenes de 18 a 24 años (47%).

El índice DIPA (Diferencias en el Afecto Interpartidista) sirve para medir cuánto rechazo siente una persona hacia los partidos políticos distintos al suyo. El resultado se da en una escala que va de 0 a 30 —cuando hay cuatro partidos predominantes en el sistema—, y un valor más alto indica una polarización afectiva más fuerte, es decir, emociones más negativas hacia los otros partidos.

Medido en España desde el 2021 por el CEMOP (Centro de Estudio Murciano de Opinión Pública), coordinado por Ismael Crespo, y adaptado a Argentina, en nuestro país el índice promedia 17,2 puntos sobre 30 cuando miramos partidos, 18,6 cuando miramos líderes y 15,5 cuando observamos a los votantes. Es decir: la mayor distancia afectiva se da con los dirigentes, luego con los partidos y menos fuertemente con los votantes. Para apreciar la medida, podemos observar la tabla siguiente:

¿Y quiénes son los más polarizados? Las diferencias son elocuentes: entre quienes se identifican o simpatizan con el Partido Justicialista, el DIPA Partidario asciende a 20,5, mientras que entre los votantes o simpatizantes de la UCR se ubica en 12,2 (PRO 12,6; LLA 16,5). Hay también un patrón demográfico: los mayores de 55 años (18,7 puntos) y los hombres (18 puntos) se muestran más polarizados que los jóvenes (16,8 en 18-24) y las mujeres (16,5). Territorialmente, AMBA e Interior están prácticamente empatados (17,4 vs 17,2), lo que sugiere que la polarización afectiva es transversal y no un fenómeno estrictamente urbano.

En los temas posicionales, la sociedad se alinea con patrones que no siempre responden a un eje izquierda-derecha clásico. La baja de la edad de imputabilidad obtiene 70% de apoyo, y tanto el protocolo anti-piquetes como la regularización de inmigrantes alcanzan 53%. En cambio, en cuestiones de derechos individuales el país se parte casi por mitades: Ley de Aborto (43% de apoyo, 39% de rechazo) y cambio de sexo libre e irrestricto (41% de apoyo y 38% de rechazo).

Lo relevante es que casi todo está atravesado por un “partidización negativa” (votar más “contra” que “a favor”) que desplaza el centro de gravedad del debate: el otro no es un adversario circunstancial, sino una amenaza identitaria. En nuestros cruces por simpatía partidaria, las curvas de apoyo/rechazo a estas políticas muestran perfiles de identidades atrincheradas más que de preferencias negociables. El peronismo, por ejemplo, defiende con mucho más énfasis que los liberales y libertarios las iniciativas de aborto, adopción de matrimonios homosexuales, y cambio de sexo libre e irrestricto, mientras que éstos apoyan más fuertemente medidas como protocolo antipiquetes y baja de la edad de imputabilidad para menores.

Quizás el dato más inquietante del estudio es el corrimiento iliberal en la valoración de los procedimientos democráticos. Nos referimos a lo que la ciencia política define como actitudes o gobiernos que, aunque mantengan formas democráticas (como elecciones periódicas, funcionamiento parlamentario), debilitan los contrapesos institucionales, limitan libertades y priorizan resultados por sobre procedimientos.

Un 55% está de acuerdo con que, si el país está en peligro, los líderes actúen “con decisión” aun alterando las reglas habituales del sistema. Y 45% cree que el Poder Judicial no debería contradecir al Parlamento cuando este aprueba una norma por mayoría. A esto se suma un 35% que sostiene que “las personas mal informadas no deberían votar”.

Este tipo de actitudes no son nuevas ni exclusivas de la Argentina. Según datos del Latinobarómetro 2024, en América Latina solo el 52% de los ciudadanos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, frente al 63% registrado a principios de la década del 2000. En países como Perú, Honduras o México, los porcentajes de quienes aceptarían un gobierno autoritario “si resuelve los problemas” superan el 40%.

En la Argentina, el creciente aval a atajos iliberales se inscribe en esa tendencia regional: las personas priorizan resultados inmediatos —seguridad, orden, estabilidad— por sobre el respeto a los procedimientos institucionales. Parece ser que son los propios ciudadanos los que empiezan a aceptar la idea de que el fin justifica los medios.

La columna vertebral de nuestros datos es clara: la polarización afectiva está instalada, y es intensa. No se trata de suprimir las diferencias —sería antidemocrático intentarlo—, pero sí reconocer que cuando los afectos negativos colonizan nuestras instituciones, las reglas se vuelven opcionales y el adversario deja de ser legítimo, el sistema entero pierde legitimidad, y con ello se abre la puerta a soluciones de fuerza, populismos extremos o quiebres democráticos.