La reciente presentación de listas en la provincia de Buenos Aires vuelve a encender una señal de alerta para la ciudadanía. Se vislumbra, una vez más, la práctica de las llamadas “candidaturas testimoniales”: intendentes en funciones que se postulan para ocupar cargos legislativos provinciales o incluso concejalías, sin intención real de asumir dichos puestos.
No se trata de un fenómeno nuevo, pero sí de uno que persiste, consolidándose como una práctica perversa del sistema político argentino. En el caso “Novello, Rafael” (2009), el juez electoral Alberto Dalla Vía —a propósito de las candidaturas de Daniel Scioli y Sergio Massa— fue claro al afirmar que “la oferta electoral presupone un compromiso de carácter político por parte de quien la ejerce”. Y agregó: “si resulta reprochable el incumplimiento de una oferta electoral expresada en una plataforma, tanto más reprochable resulta la postulación a una candidatura que no se está dispuesto a asumir”.
El mensaje de fondo es contundente: el derecho electoral no sólo regula el acto del sufragio, sino también protege la integridad del compromiso político ante el electorado. Postularse sabiendo de antemano que no se va a asumir el cargo es una forma de defraudación. Un fraude preelectoral, como bien señala el constitucionalista Armando Aquino Brito, sosteniendo que ello, también representa un “menoscabo al sistema democrático”.
La Constitución de la provincia de Buenos Aires, por su parte, establece de forma clara que “es incompatible el cargo de diputado con el de empleado a sueldo de la Provincia o de la Nación”, y que quien acepte otro empleo cesa automáticamente en su rol legislativo, por lo tanto, debería aplicarse la misma regla para los cargos ejecutivos. Sin embargo, más allá de lo jurídico, lo alarmante es el daño institucional y simbólico que conllevan estas prácticas.
El sistema republicano y democrático se sostiene en el principio de representación popular. En el acto electoral, se expresa la voluntad soberana del pueblo, que es el fundamento del orden democrático. Manipular ese momento, vaciar de contenido la oferta electoral y usarla como estrategia táctica o testimonial, equivale a vulnerar los pilares del sistema. Es, en definitiva, una burla al votante.
Joaquín V. González advertía que permitir que una misma persona acumule funciones propias de distintos poderes del Estado “era una tendencia antirrepublicana”, que atentaba contra la unidad constitucional y la autonomía de los poderes más débiles. En la misma línea, el jurista Carlos Fayt describía cómo la política, muchas veces, condensa un comportamiento que subordina la moral a la finalidad, omitiendo los medios. Esa lógica encierra codicia, hipocresía y una clara desconexión con el interés común.
No estamos simplemente ante una picardía política. Estamos frente a un mecanismo que erosiona la confianza ciudadana, vacía de contenido al sistema electoral y debilita el vínculo representativo. La ciudadanía debe estar atenta. La democracia no se defiende sólo con discursos: se defiende, sobre todo, con prácticas coherentes y éticas por parte de quienes pretenden representarnos.
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