Neuroderechos e Inteligencia Artificial: la próxima frontera legal en Argentina

Como advierte el historiador Yuval Noah Harari en su obra 21 lecciones para el siglo XXI, la próxima gran revolución no será solo tecnológica, sino existencial. Harari plantea una pregunta fundamental: ¿quién posee los datos? Su tesis es que la capacidad de recopilar suficientes datos biométricos y poder computacional para hackear a los seres humanos está al alcance. Esta advertencia no es ciencia ficción, sino el desafío central que da origen al debate sobre los neuroderechos: la necesidad de proteger nuestra mente frente a sistemas que podrían llegar a conocernos, e influirnos, mejor que nosotros mismos.

En esencia, los neuroderechos son una extensión necesaria de los derechos humanos en la era de la inteligencia artificial. Buscan salvaguardar el último reducto de la individualidad, la actividad cerebral, ante tecnologías capaces de leerla o alterarla. Hablamos de proteger la privacidad mental, la identidad personal, la igualdad de acceso a mejoras cognitivas y, de manera crucial, la libertad cognitiva o libre albedrío. Son un intento de blindar nuestro fuero interno antes de que sea tarde.

La urgencia de este debate se hace palpable con avances como los de Neuralink. El caso de Noland Arbaugh, el primer paciente tetrapléjico en controlar dispositivos con la mente gracias a un implante cerebral, es un testimonio del inmenso potencial terapéutico de estas tecnologías. Recuperar autonomía y comunicarse solo con el pensamiento es una proeza médica admirable. Sin embargo, también materializa los dilemas éticos que parecían lejanos. Al permitir que la tecnología acceda directamente a nuestra actividad cerebral, cedemos la llave de nuestro universo interior. Entregamos la materia prima con la que se pueden descifrar, y eventualmente manipular, nuestros pensamientos, sentimientos y secretos más íntimos.

Del Dilema Ético a los Desafíos Regulatorios En el plano jurídico, el primer gran debate es si los derechos existentes, como el de la privacidad, son suficientes, postura hermenéutica, o si necesitamos crear un corpus legal explícito para los neuroderechos, postura incluyente. A esta disyuntiva se suman desafíos prácticos: la dificultad de proteger una identidad cerebral natural, la frágil capacidad de las instituciones para custodiar neurodatos sensibles, considerando las filtraciones masivas de datos que ya sufrimos, y la velocidad con la que avanza la tecnología, dejando siempre atrás a la legislación. Es evidente que se requiere un enfoque interdisciplinario, donde la ética y la privacidad por diseño se incorporen desde la génesis de cada nuevo desarrollo.

Pero el reto más profundo es ético. La convergencia de la IA y la neurotecnología abre la puerta a la discriminación neurotecnológica, donde se podrían usar los datos cerebrales para tomar decisiones que condicionen o dirijan la vida de las personas. Si un algoritmo puede decodificar patrones neuronales, ¿qué impide que pueda alterar recuerdos o inducir emociones sin consentimiento?

Aquí es donde el concepto de libre albedrío entra en crisis. La capacidad de la tecnología para influir en nuestras decisiones, a través de algoritmos o estimulaciones directas, nos obliga a repensar la libertad. La coerción ya no sería una fuerza externa y visible, sino una manipulación sutil y personalizada. Como razona Harari, el verdadero peligro no es que una máquina nos obligue a hacer algo en contra de nuestra voluntad, sino que moldee nuestra voluntad desde adentro para que sus objetivos parezcan los nuestros. El dilema es monumental: cómo promover la innovación con fines terapéuticos sin comprometer los cimientos de la condición humana.

A esta compleja trama ética y jurídica se le suma ahora una dimensión geopolítica ineludible: la carrera global por el dominio de la neurotecnología. El reciente impulso de China para superar a Estados Unidos con implantes cerebrales más simples y accesibles, como detalla un informe de WIRED, añade una urgencia sin precedentes al debate. La estrategia china, impulsada por el Estado, no solo busca la innovación, sino la escalabilidad. Esto acelera la posibilidad de una adopción masiva de la tecnología, magnificando las preocupaciones sobre la soberanía de los datos. El debate sobre los neuroderechos, por lo tanto, trasciende la filosofía y la ética corporativa para convertirse en un asunto de soberanía personal y seguridad estratégica nacional.

Ante la evidente brecha entre el ritmo de la innovación tecnológica y la capacidad de respuesta del derecho positivo, emerge como una alternativa pragmática la implementación de modelos regulatorios adaptativos. La noción de un sandbox regulatorio se presenta como una vía idónea: un entorno controlado donde un consorcio de expertos en neurociencia, derecho, ética e ingeniería evalúe la praxis tecnológica en tiempo real. Este enfoque permitiría un aprendizaje iterativo y la formulación de una regulación basada en evidencia empírica, superando la dicotomía entre la parálisis legislativa y la sobrerregulación prematura. Se trataría, en definitiva, de construir una gobernanza dinámica capaz de modularse conforme la tecnología evoluciona, asegurando que el progreso científico no se desvíe de los principios humanistas fundamentales.

En síntesis, los neuroderechos vuelven a tener preponderancia en nuestra agenda para proteger la mente en la era de la inteligencia artificial y la neurotecnología. La clave está en el diálogo constante entre diferentes disciplinas y en la construcción de mecanismos regulatorios tan innovadores como la tecnología que buscan encauzar. Todo esto en el diálogo entre disciplinas, para no caer en el tecnoptimismo ciego, ni en el pánico que paraliza. Entonces, a medida que la neurotecnología y la IA se fusionan y se potencian, ¿cómo hacemos para que se fortalezca lo humano, sin quitarnos autonomía, sin erosionar nuestra identidad, nuestra capacidad de decidir? ¿Qué marcos éticos, qué arquitectura legal necesitamos construir para este futuro que en realidad ya comenzó?