COP Ramsar: Argentina, Chile y Bolivia no cumplen con sus compromisos internacionales

Mientras el mundo discute los términos para una transición energética, en América Latina se despliega un modelo que repite viejas lógicas —promover el uso desmedido de los bienes naturales, sin contemplar los impactos socioambientales que genera—. El litio, presentado como la “clave” para abandonar los combustibles fósiles, es hoy protagonista de una expansión extractiva que amenaza directamente a ecosistemas únicos: los humedales andinos de Argentina, Chile y Bolivia.

En este contexto, y ante la próxima realización de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (COP Ramsar), que se celebrará el 23 de julio en Zimbabwe, desde la Alianza por los Humedales Andinos —integrada por organizaciones socioambientales de Argentina, Chile y Bolivia— elevamos una alerta urgente a la Secretaría General del tratado.

En ella se advierte que los tres Estados —lejos de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de conservación, gestión y uso racional de los humedales, tal como establece la propia Convención de Ramsar— continúan autorizando proyectos de exploración y extracción de litio, sin llevar adelante adecuados estudios que analicen los impactos ambientales de manera integral, que consideren además los impactos acumulativos; sin aplicar las herramientas de planificación estratégica del uso del territorio; y vulnerando derechos de las comunidades indígenas, en particular el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.

Frente a este panorama, la alerta evidencia afectaciones ambientales, sociales y culturales actuales y potenciales generadas por la minería de litio en los humedales andinos en general y en los catalogados como “Sitios Ramsar”, en particular. En Argentina, la minería de litio se explota en distintos humedales del noroeste del país. En el caso de Catamarca, desde hace más de treinta años se despliega en el Salar del Hombre Muerto, lo que ha provocado una drástica disminución en su contenido del salar y el desecamiento de una vega del Río Trapiche.

En Chile, al menos tres salares —Punta Negra, Lagunillas y Pedernales— han sido declarados por la judicatura con daño ambiental irreparable debido a la extracción intensiva de agua. En Bolivia, los salares de Capina y Chalviri ya presentan impactos ambientales por actividades mineras y, a pesar de ello, continúan siendo incluidos en convocatorias para nuevos proyectos de extracción de litio.

Estos humedales no solo sostienen una biodiversidad excepcional, sino que también son clave para la adaptación al cambio climático por su función de regulación hídrica, y centrales para la mitigación de sus impactos por su rol como sumideros de carbono. Son capaces de secuestrar y almacenar dióxido de carbono, fundamental para mitigar los impactos del cambio climático.

Además, son el hogar de comunidades indígenas que han sabido conservarlos desde tiempos ancestrales por su vínculo espiritual e identitario profundo con ellos, mediante prácticas de manejo y conservación que promueven el equilibrio ecológico y el bienestar colectivo, en línea con los principios del Buen Vivir.

En un contexto de impulso a la extracción de minerales, es fundamental revisar críticamente la narrativa dominante de la transición energética. Porque si bien es urgente abandonar los combustibles fósiles, no es posible seguir adelante con un modelo de sustitución que reproduce las mismas formas de explotación ambiental y social.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado recientemente en este sentido a través de la Opinión Consultiva 32-25 sobre Emergencia climática y derechos humanos, en la que subraya que la transición energética debe construirse con base en los derechos humanos y dentro de los límites planetarios, para responder de manera urgente, justa y sostenible a la emergencia climática.

Esta interpretación adquiere especial relevancia para la protección de sitios Ramsar, dado que refuerza la obligación de los Estados de preservar ecosistemas clave como los humedales, reconoce el derecho a un ambiente sano como un derecho autónomo y la necesidad de evitar daños irreversibles a la naturaleza, que es considerada sujeto de derechos.

La COP Ramsar se presenta como una oportunidad ineludible para que los Estados de la región dejen de mirar para otro lado y asuman con responsabilidad sus compromisos internacionales y promuevan políticas de conservación, gestión y uso racional de estos ecosistemas. No hay transición justa posible si sacrificamos los humedales andinos.