Transparencia para elegir jueces: un paso indispensable para fortalecer la República

La independencia judicial es mucho más que una garantía abstracta: es el cimiento sobre el que se construye un verdadero Estado de Derecho. Pero esa independencia no se decreta ni se impone por normas; se cultiva desde el primer momento en que se elige a quienes integran el Poder Judicial.

La legitimidad de la Justicia comienza en su acceso: los ciudadanos deben saber, sin margen de duda, que quienes juzgan lo hacen por mérito, capacidad y trayectoria, no por vínculos personales ni afinidades políticas. Solo así la Justicia podrá ser un poder imparcial, confiable y respetado.

En la Argentina, el sistema de selección de magistrados federales ha sido históricamente cuestionado por su falta de transparencia, su excesiva lentitud y un margen de discrecionalidad que erosiona su credibilidad. La mejora de este proceso no es una opción, sino una obligación para consolidar una Justicia moderna, profesional y legítima.

En esa línea, presentamos ante el Consejo de la Magistratura un paquete integral de reformas orientadas a transparentar, agilizar y objetivar los concursos judiciales, incorporando herramientas tecnológicas y adoptando estándares internacionales que promuevan procesos más justos y auditables.

Uno de los ejes centrales de esta propuesta es la publicidad plena de los exámenes de oposición. Se plantea que las pruebas —una vez desanonimizadas—, junto con sus respectivas correcciones e informes de calificación, sean publicadas en fuentes abiertas y accesibles. Esta medida no solo garantiza el control ciudadano, sino que refuerza la transparencia institucional en una etapa decisiva del proceso. Permitir que la sociedad conozca cómo se evalúa a quienes aspiran a impartir justicia es una herramienta poderosa para prevenir arbitrariedades y consolidar la confianza pública en el sistema.

Otro aspecto clave de la reforma es la incorporación de criterios objetivos y previamente establecidos para la evaluación de los exámenes por parte de los jurados. Se propone un sistema basado en doce parámetros técnicos que permiten una calificación más homogénea y fundada. Entre ellos se destacan: la calidad argumentativa y la solidez de la fundamentación jurídica; la incorporación de una perspectiva ética, que exige prudencia, responsabilidad institucional y compromiso con los valores republicanos; y la evaluación del impacto real e institucional de las decisiones, para asegurar que los futuros jueces comprendan las consecuencias concretas de sus fallos en la vida de las personas y en la construcción de confianza pública en la Justicia.

La incorporación de tecnología cumple un rol central en esta reforma. Se propone la creación de un Banco de Casos público, estandarizado y automatizado, elaborado a partir de sentencias reales debidamente anonimizadas y clasificadas por fuero e instancia. A través de inteligencia artificial, este sistema permitirá sortear los casos que integran los exámenes de oposición, con el objetivo de unificar el nivel de dificultad, reducir la discrecionalidad y garantizar condiciones equitativas para todos los postulantes. La tecnología debe funcionar como una herramienta al servicio de la transparencia y de la igualdad de oportunidades.

En la etapa de evaluación de antecedentes también se propone un cambio profundo: la implementación de un sistema automatizado que procese los datos académicos y profesionales de los postulantes con base en los criterios del reglamento. Este sistema aplicará reglas objetivas, generará una calificación preliminar desagregada por rubros y garantizará trazabilidad y control. El consejero sorteado para esta tarea mantendrá la intervención obligatoria, con la posibilidad de ajustar el puntaje, siempre con debida fundamentación. La digitalización ordenada de legajos, la reducción de plazos y la disminución de la discrecionalidad son pasos concretos hacia un proceso más eficiente y objetivo.

También se propone reformar la etapa de entrevista personal, que históricamente ha sido la más opaca y subjetiva del proceso. El proyecto establece una escala objetiva de hasta 100 puntos, basada en diez criterios previamente definidos —como integridad ética, capacidad analítica, habilidades de gestión, motivación y compromiso con los derechos humanos—, que deberán ser evaluados por los consejeros con una calificación individual y una fundamentación específica.

Para integrar una terna, el postulante deberá alcanzar un mínimo de 50 puntos. Además, se adopta una nueva fórmula de ponderación para ordenar el mérito: 50% oposición, 30% antecedentes y 20% entrevista. Esta fórmula refleja mejor el perfil integral del candidato, jerarquiza el examen técnico y permite limitar los márgenes de discrecionalidad que, hasta ahora, podían alterar sustancialmente el resultado final.

Queremos jueces que sepan resolver casos concretos, no que acumulen diplomas o cargos a lo largo de su carrera. La prueba de oposición, al ser anónima, es hoy la herramienta más eficaz para garantizar igualdad de oportunidades. Mejora las chances de quienes vienen del ejercicio profesional y de muchas mujeres que históricamente han tenido menos posibilidades de acceso a ciertos espacios institucionales.

También desalienta que quienes ya integran el Poder Judicial dediquen tiempo del que deben destinar a sus juzgados a cursos o publicaciones con el único objetivo de mejorar sus antecedentes. El mérito debe medirse en función de la capacidad real para ejercer la magistratura, no por la acumulación formal de pergaminos.

Todas estas iniciativas comparten un objetivo central: fortalecer el sistema de selección judicial con más transparencia, previsibilidad y profesionalismo, tal como lo exige toda república moderna. Elegir buenos jueces requiere reglas claras, procedimientos objetivos y decisiones fundadas, pero también un sistema capaz de revisarse y perfeccionarse a sí mismo. Estos mecanismos no son rígidos ni definitivos: son procesos en mejora continua, porque siempre es posible perfeccionar, incluso aquello que funciona, especialmente cuando se incorporan nuevas tecnologías

Esperamos que estas iniciativas encuentren una recepción favorable por parte del pleno del Consejo y sean acompañadas por los demás consejeros, en el entendimiento de que modernizar el sistema de selección es una responsabilidad compartida. No se trata de reformar por reformar, sino de dar pasos firmes hacia un sistema más transparente, previsible y justo. Modernizar los concursos es fortalecer la Justicia desde su base: con reglas claras, procesos auditables y criterios objetivos que devuelvan legitimidad al ingreso a la magistratura.