Gobierno, dólar y provincias: un escenario económico condicionado por la confrontación

Las declaraciones del ministro Luis Caputo el 1 de julio -“si el dólar está barato, comprá campeón”- marcaron el inicio de una escalada del tipo de cambio que, aunque aún permanece dentro de la banda establecida por el Gobierno, podría modificar las expectativas de los agentes económicos.

Algunos economistas afirman que el tipo de cambio flota libremente dentro de la banda, por lo que sería de mercado. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario: aún no conocemos el verdadero tipo de cambio, dado que el cepo para las empresas sigue vigente.

Resulta difícil considerar libre al mercado de cambios cuando la normativa del Banco Central sobre comercio exterior y cambios, vigente desde febrero, abarca 202 páginas.

Asimismo, no puede considerarse que el tipo de cambio en las bandas sea libre cuando las empresas que acumularon utilidades y dividendos no acceden al mercado oficial para girar divisas al exterior. Según declaraciones del presidente del BCRA, estas utilidades sumarían alrededor de USD 10.000 millones.

Si las empresas tuvieran la posibilidad de comprar dólares libremente para girar utilidades, el tipo de cambio resultante sería distinto. En cambio, deben aceptar un Bopreal y transferir utilidades de manera escalonada a medida que lo permite el BCRA.

Aunque podrían recurrir al mercado financiero (contado con liquidación o MEP) para adquirir dólares, las regulaciones del BCRA y la CNV prohíben el giro de utilidades y dividendos por canales alternativos, ya que se consideraría una fuga mediante mecanismos no autorizados.

Tampoco deben soslayarse las intervenciones del BCRA en el mercado de futuros, con el objetivo de incidir en el mercado de contado. Todo esto confirma que el tipo de cambio argentino no es de libre flotación, sino que se ajusta mejor a la definición de flotación sucia.

El aumento del tipo de cambio no puede atribuirse exclusivamente a las leyes aprobadas la semana pasada en el Senado, ya que la tendencia alcista se venía registrando desde antes. Es más probable que la tensión política entre Milei y los gobernadores prolongue la inestabilidad en el mercado de cambios e influya directamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de aquí a octubre.

El Gobierno busca llegar a las elecciones con un IPC creciendo cerca de un uno por ciento mensual. Sin embargo, el incremento del tipo de cambio afecta el costo de insumos importados, lo que impacta en los precios recabados por el Indec, dificultando la meta oficial. No obstante, es poco probable que esto afecte las elecciones, salvo que ocurra un fuerte desborde cambiario acompañado de una aceleración inflacionaria.

Actualmente, el oficialismo tiene garantizada una elección legislativa favorable, ya que cualquier banca obtenida será ganancia neta: no pone en juego ningún diputado ni senador propio. Incluso con un resultado electoral excelente, difícilmente obtenga mayoría propia en ambas Cámaras, lo que le impediría transformar el Congreso en un simple trámite para sus proyectos.

Hoy, La Libertad Avanza cuenta con seis senadores. Si triunfara en las siete provincias y en CABA donde se renuevan bancas, llegaría a veintidós senadores, alcanzando solo el treinta por ciento de la Cámara. Con ese número, no lograría quorum ni aprobar leyes sin alianzas con otras fuerzas.

Si la confrontación con los gobernadores persiste, el Gobierno no conseguiría avanzar con reformas estructurales clave -impositiva, laboral o previsional-. Plantear la posibilidad de un peso fuerte antes de llevar a cabo estos cambios y con una mayoría legislativa insuficiente, carece de lógica.

En una economía desregulada, con una legislación laboral que fomente la contratación, una política tributaria amigable con el capital y reglas de juego estables, sería esperable una apreciación del peso impulsada por nuevas inversiones y creación de empleo. Una moneda fuerte resulta lógica una vez concretadas las reformas estructurales. Sin embargo, hoy se fuerza un peso fuerte sin esos respaldos, mientras se dificulta el avance de reformas enfrentándose a los gobernadores.

El peso fuerte debería ser la consecuencia, y no el punto de partida, tras implementar cambios estructurales que promuevan inversiones. Iniciar el proceso con una moneda artificialmente apreciada y sin reformas genera el riesgo de más desempleo y cierre de empresas, o bien una profundización del cepo y el aislamiento económico.

En conclusión, el oficialismo podría obtener un gran resultado electoral en octubre, pero aún así no lograría mayorías en el Congreso. Si el maltrato hacia los gobernadores continúa, será muy difícil obtener las leyes necesarias para revertir la decadencia.

Adicionalmente, tras las elecciones, el FMI podría exigir con mayor rigor al Gobierno levantar el cepo, reducir la intervención en el mercado de futuros y comenzar a acumular reservas, tarea aún pendiente.

Con este panorama, es probable que el tipo de cambio siga en alza después de los comicios y el IPC vuelva a mostrar subas. La salida requiere que Milei reduzca la confrontación con los gobernadores para avanzar en las reformas clave, si no ahora, al menos luego de las elecciones.

“Flotación sucia”, reformas bloqueadas y gobernadores enfrentados: la economía argentina necesita consensos para evitar una nueva crisis.