
“¿Podría ocupar tus espacios? ¿Quedarme con tu trabajo? Técnicamente, quizás. Humanamente, no”, responde ChatGPT a quien le pregunta si puede reemplazar a una persona. Esa frase, entre provocadora y reflexiva, esconde un dilema profundo: ¿qué es lo humano que no puede ser automatizado?
En 2017, el Papa Francisco lo anticipó con claridad: “El trabajo no es solo una función económica, sino una dimensión fundamental de la vida humana”. Y fue más allá: llamó a orientar el desarrollo de la inteligencia artificial hacia un enfoque centrado en la persona. No en la eficiencia. No en la rentabilidad. En la persona.
En 2020, el Vaticano lanzó junto a IBM un programa para el desarrollo ético de la IA. La preocupación no es nueva: ya durante la Segunda Revolución Industrial, León XIII —de quien Francisco hereda más que el nombre— escribió Rerum Novarum, un manifiesto a favor de la justicia social en tiempos de máquinas y fábricas.
Hoy, el salto tecnológico es digital, pero el dilema permanece. ¿Qué lugar le queda al quehacer humano? ¿Qué contrato laboral es posible en un mundo donde las máquinas escriben, diseñan, producen y hasta “piensan”? ¿Qué sentido tiene el trabajo cuando ya no necesita un alma?
Europa avanza con leyes que limitan el uso de IA en decisiones laborales. En EE. UU., los sindicatos luchan por que la inteligencia artificial no reemplace humanos sin revisión previa. En América Latina, países como Colombia y Brasil discuten legislaciones sobre transparencia algorítmica y responsabilidad social.

En Argentina, el panorama es otro. La CGT apenas inicia conversaciones, sin acción concreta. El gobierno de Javier Milei promueve un modelo de apertura sin regulación, donde las decisiones automáticas pueden dejar a las personas sin voz, sin protección, sin alternativas.
Pero no se trata solo de sindicatos o empresas: el Estado tiene un rol indelegable en esta transición. Debe preparar sus estructuras institucionales para un mundo atravesado por la inteligencia artificial. Eso implica adaptar sus marcos normativos, modernizar la educación pública, capacitar a sus funcionarios en ética tecnológica y anticipar escenarios de exclusión laboral. Sin políticas activas, el riesgo no es solo tecnológico: es social. Un Estado ausente frente al avance de la IA es un Estado que abdica de su deber de protección y justicia.
En este escenario, pensar un nuevo pacto social se vuelve urgente. Un pacto que no niegue la tecnología, pero que tampoco sacrifique la dignidad en su altar. Un contrato laboral que reconozca el cambio, pero también los derechos. Que combine eficiencia con humanidad. Cálculo con compasión.
Porque sí, la inteligencia artificial erosiona pilares conocidos: empleo estable, movilidad social, derechos laborales. Pero también abre la posibilidad de reimaginar el trabajo. De crear un modelo más justo, inclusivo, flexible y humano. Siempre que no se abandone la ética. Siempre que no se olvide que trabajar no es solo hacer: es ser.
Byung-Chul Han lo resumió con una frase: “La inteligencia artificial no siente. Solo calcula”. No ama, no duda, no se conmueve. Puede simular comprensión, pero no tener propósito. Puede responder, pero no sentir.
Por eso, el alma del trabajo no se programa. Y tal vez ahí esté nuestra última trinchera. O nuestra primera reconstrucción.
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