Flexibilizar los feriados puente: una vía para empleos productivos y mayores ingresos

Durante el último año, la dinámica del mercado laboral mostró signos contradictorios: mientras la tasa de empleo descendió del 45,7% al 44,4% y la desocupación subió del 6,4% al 7,9% entre el cuarto trimestre de 2024 y el primero de 2025, la tasa de actividad se mantuvo estable en torno al 48,2 por cieinto.

Pese a la caída en los indicadores laborales, la economía exhibió un notable dinamismo: el Producto Bruto Interno creció 5,8% en el primer trimestre de 2025 respecto al mismo período del año anterior, y la contracción del PBI anual en 2024 (1,3%) fue menor a lo anticipado. La inversión también tuvo un salto significativo, del 31,8% interanual en el primer trimestre. El consumo alcanzó su nivel histórico más alto.

En términos de dólares, el PBI anualizado del primer trimestre de 2025 ascendió a 716 mil millones, superando ampliamente los 637 mil millones de 2023. Ante estos datos, las advertencias sobre “atraso cambiario” y pérdida de ingresos parecen menos urgentes.

El debate sobre los feriados puente y sus exigencias salariales vuelve a escena bajo estas condiciones. En la actualidad, Argentina cuenta con 19 días festivos: 12 son inamovibles (como Año Nuevo), 4 son trasladables (como la muerte de Güemes) y 3 días se destinan específicamente a fines turísticos. Este sistema busca combinar distintos intereses económicos y sociales, pero también genera tensiones entre los beneficios para el turismo, el descanso de la población y los costos sobre la productividad.

Las ventajas de los feriados están claras: impulsan el turismo, dinamizando sectores como hotelería, gastronomía y transporte, brindan espacios para el descanso y refuerzan la cohesión familiar y cultural, además de distribuir el flujo turístico para evitar saturaciones en temporadas altas.

Sin embargo, los costos también son considerables. Los feriados reducen la cantidad de días laborables, afectando el funcionamiento de industrias, comercios y el calendario escolar. Los incrementos en el costo laboral por la obligación de pagar doble en esos días, según la Ley de Contrato de Trabajo, encarecen especialmente los servicios esenciales. Además, para los viajeros, los fines de semana largos tienden a elevar los precios y agotar la disponibilidad en los destinos.

Un ejemplo relevante es el puente del 16 de junio de 2025, que se estableció para conmemorar al general Martín Miguel de Güemes pero generó, debido al impacto acumulado de días no laborables, una semana con apenas tres días hábiles. Esto reabre la discusión sobre cómo equilibrar los intereses económicos, sociales y laborales.

La propuesta de liberar las exigencias de pago extra en los feriados puente y días optativos apunta a permitir que empleadores y trabajadores acuerden voluntariamente los salarios en esos días. Esto podría ampliar la cantidad de empleos productivos, aumentar la satisfacción tanto de quienes desean trabajar como de quienes necesitan contratar, y minimizar el impacto de los altos costos laborales sobre el empleo formal.

La flexibilización salarial no implicaría necesariamente eliminar los programas de asistencia social. El mantenimiento parcial de planes oficiales puede sostener una red de contención para quienes opten por seguir trabajando en nuevas condiciones, facilitando una transición menos abrupta hacia un mercado laboral más abierto y competitivo.

La economía enfrenta otros factores que traban la producción, pero aquí se pone el foco específicamente en la incidencia de los feriados puente y las restricciones laborales. Quedan para otro análisis cuestiones como el costo de la corrupción o el peso de las regulaciones estatales en la vida económica y social.

En el contexto actual, las políticas sociales también juegan un papel central. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Gobierno implementó un fuerte ajuste fiscal con el objetivo de alcanzar el déficit cero, lo que redujo significativamente tanto el gasto público como la inflación, estimada en un 18% anual para 2025. Pese a los recortes en muchos rubros, se incrementaron las partidas a programas sociales orientados a la infancia, mientras se redujeron notablemente los beneficios para jóvenes y adultos mayores.

El resultado: una política que focaliza la protección social en los sectores más vulnerables, pero recorta las oportunidades de inclusión laboral y educativa de muchos argentinos.

En 2025, los principales programas sociales son:

• Asignación Universal por Hijo (AUH): Refuerza la protección a familias con hijos menores. En 2024 recibió un aumento real del 47,5% para recuperar poder de compra.
• Tarjeta Alimentar: Complementa la AUH para garantizar el acceso a alimentos.
• Potenciar Trabajo: Busca la inclusión laboral mediante capacitación y trabajos comunitarios, aunque sus fondos han sido recortados.
• Becas Progresar: Apoyan la trayectoria educativa de jóvenes.
• Pensiones no Contributivas: Otorgan protección a adultos mayores o personas con discapacidad sin aportes.

El Gobierno privilegia la protección de la infancia sobre la de jóvenes y adultos y, aunque la AUH y la Tarjeta Alimentar alcanzan (combinadas) la cobertura de la canasta básica alimentaria, los recortes en otros programas limitan las estrategias para salir de la pobreza estructural y avanzar hacia el empleo formal.

La estructura de los planes sociales actuales no está diseñada para facilitar la transición hacia trabajos registrados, sino solo para contener la pobreza y la indigencia, lo que produce gastos financiados con impuestos sobre sectores productivos. Sin un entorno flexible y abierto -incluido el abordaje de los temas ligados a los feriados puente-, la Argentina seguirá enfrentando el dilema entre competencia y burocracia, necesidades sociales y limitaciones económicas estructurales.

El autor es director de BG Consulting