En tiempos de polarización extrema, donde todo parece válido con tal de golpear al adversario político, es necesario trazar límites claros. Uno de esos límites debería ser el antisemitismo. No como herramienta retórica, no como recurso efectista para redes sociales o titulares, y mucho menos como excusa para deslegitimar a un gobierno. Porque el antisemitismo, cuando se banaliza, no solo pierde gravedad: también habilita su reproducción.
Los medios de comunicación, en su función de formadores de opinión, tienen una responsabilidad indelegable. Cada palabra, cada imagen, cada omisión, cuenta. No se puede tratar con liviandad un fenómeno que ha dejado siglos de persecución, exclusión, violencia y muerte.
Lo estamos viendo con claridad en los últimos meses. Referencias forzadas al nazismo, acusaciones gratuitas de antisemitismo o, lo que es aún peor, la utilización de la causa judía como ariete para atacar a un presidente o a un sector político. Como si la lucha contra el antisemitismo pudiera convertirse en herramienta partidaria, cuando debería ser causa común de todas las fuerzas democráticas.
Utilizar el dolor de una comunidad con fines políticos no solo es inmoral, es peligroso. Porque debilita las denuncias reales. Porque envenena el debate público. Porque degrada la memoria.
El antisemitismo es demasiado grave como para transformarlo en un chiste. No se mide en likes, en puntos de rating ni en la audiencia de una radio o de un streaming. No se decide en un estudio de televisión ni se combate solo con indignación selectiva. La lucha contra el odio exige coherencia, compromiso y responsabilidad. Y eso también incluye a quienes tienen el privilegio –y el deber– de comunicar.
No podemos permitir que la crispación permanente y los discursos de odio —incluido el antisemitismo— se instalen sin consecuencias. Como sociedad, tenemos que trazar una línea. Porque cuando todo da lo mismo, el odio siempre gana.
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