De líderes a rezagados: la brecha económica entre Argentina y Uruguay

En 1980, Argentina ostentaba un ingreso per cápita en dólares que duplicaba al de Uruguay. Cuatro décadas después, la situación se ha revertido: según el FMI en 2025, los uruguayos ganan el doble que los argentinos. ¿Qué pasó en el camino? ¿Cómo explicar semejante retroceso?

Una de las respuestas más consistentes apunta a la corrupción. No solo como fenómeno moral o judicial, sino como un factor económico de peso. Uruguay, hoy el país más transparente de América Latina según Transparencia Internacional, es también el que tiene mayor ingreso per cápita en la región.

Argentina, en cambio, ha vivido una larga deriva de errores políticos, regulaciones que asfixian y un sistema permeado por prácticas corruptas que, más allá del escándalo, socavan silenciosamente la productividad.

Los datos del FMI (WEO) muestran que la relación entre el PBI per cápita argentino y uruguayo comenzó a deteriorarse con fuerza tras 1984. Durante la Convertibilidad en los años noventa, se estabilizó, pero tras el colapso de 2002, el ingreso argentino se desplomó a un 68% del uruguayo. Hubo una recuperación leve hasta 2008, pero desde entonces, la brecha no dejó de ampliarse. Hoy, se estima que por cada dólar que gana un argentino, un uruguayo gana casi dos.

Esa evolución no puede explicarse solo por políticas económicas. La corrupción, entendida como el uso indebido del poder público para obtener beneficios privados, parece ser un factor clave.

No solo desalienta las inversiones y obstaculiza el desarrollo: redirige los recursos hacia sectores improductivos y castiga al ciudadano común con ineficiencia, sobrecostos y pérdida de oportunidades. De este modo, falta de transparencia es contraria a la competencia.

Uruguay, con una institucionalidad más sólida, menor burocracia y prácticas más transparentes, ha conseguido consolidar un crecimiento sostenido. No está exento de problemas, pero ha logrado una correlación virtuosa entre transparencia y desarrollo económico, al menos dentro del contexto latinoamericano.

El contraste con Argentina revela que, en esta región, corrupción e ingresos bajos suelen ir de la mano. A diferencia de países como Estados Unidos o Canadá, donde los altos niveles de ingreso coexisten con ciertos niveles de corrupción sistémica, según algunos indicadores, en América Latina esa relación parece más directa y corrosiva.

En la práctica, la corrupción no se manifiesta solo en grandes escándalos. Se encarna también en los múltiples trámites innecesarios, licitaciones amañadas, permisos que demoran, y sobornos pequeños pero diarios. Cada obstáculo artificial al proceso productivo no solo desvía recursos: frustra el crecimiento de muchos trabajadores, emprendedores y empresas.

Combatir la corrupción, entonces, no es solo una causa ética o legal. Es una necesidad económica. Eliminar la regulación excesiva, abrir la economía a la competencia y profesionalizar la administración pública son pasos urgentes para frenar el deterioro.

Como símbolo de esta urgencia, muchos miran al Gobierno de Milei, su equipo y al actual “ministro de la motosierra” -referencia popular al impulso por recortar gastos y estructuras improductivas- como figuras clave en esta batalla.

“La corrupción es punible por ley, pero su combate requiere más que sanciones”, sostiene Stuart Gilman, exjefe de la Unidad Anticorrupción de la ONUDD. “Se necesita transparencia, voluntad política e instituciones que funcionen”.

Y sobre todo, una sociedad que comprenda que la corrupción no es una fatalidad inevitable. Es un sistema que puede desarticularse. Pero para eso, primero hay que mirar de frente el costo que impone. No en estadísticas lejanas, sino en el retroceso real de nuestras condiciones de vida.

La historia comparada de Argentina y Uruguay no es solo una advertencia. Es una hoja de ruta: muestra lo que puede pasar cuando se elige la transparencia como política de Estado. Y lo que ocurre cuando no se hace.

El autor es director de BG Consulting