Un duro test de realidad

Milei acaba de descubrir que en política, como en la vida misma, la realidad es tan dura como inevitable. Como describiera magistralmente el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, una realidad que (casi nunca) se ajusta al deseo y placer y que, en cuanto tal, genera sentimientos de frustración que la persona debe aprender a tolerar y a gestionar para desarrollarse psicológicamente. Una realidad que, pese a los delirios del poder, está inevitablemente atravesada por incertidumbres, riesgos y factores contingentes y que, por ello, escapa a las ambiciones de control.

El intento de escenificar -a través de una cuidada puesta en escena comunicacional- como un logro de gestión el acuerdo con el FMI, el nuevo esquema cambiario de flotación sucia (en bandas) y -en particular- el final de la mayoría de las restricciones que integraban el denominado “cepo”, no alcanza a ocultar que la realidad es mucho más compleja y desafiante que lo que el Gobierno parecía hasta este viernes dispuesto a reconocer.

Pese al esfuerzo por proyectar la imagen de un gobierno no solo en control de la situación sino capaz de ser garante de estabilidad en un marco de volatilidad local e internacional, y no obstante el rosario de eufemismos al que recurrieron tanto el ministro en una inusual conferencia de prensa “técnica” y un curiosamente “moderado” presidente en la posterior cadena nacional para evitar la palabra “devaluación”, lo anunciado está muy lejos de ser la coronación de una estrategia orientada a completar el pretendido proyecto refundacional del país, como se pretendió vestir narrativamente el paquete de medidas exigidas por el FMI.

Sin perjuicio del previsible esfuerzo por priorizar la comunicación referida a la eliminación del cepo (por cierto, parcial, y para flujos futuros, no stocks), amplificando el valor simbólico de haber puesto fin a una serie de restricciones que complejizaban el acceso a la codiciada divisa estadounidense, resulta muy difícil disimular que con lo anunciado también se terminará consumando una devaluación de la moneda que muy probablemente estará en el orden del 30%, algo que el gobierno había dicho que nunca iba a ocurrir.

Es que si en la rueda del viernes la demanda de dolarización en un MEP que cotizaba a más de $1300 fue de 1000 millones de dólares, y el Banco Central quemó 500 millones más en una nueva jornada vendedora en el mercado de divisas, queda claro que la presión estará sobre la banda superior. Es más, en función de la operatoria del viernes, los movimientos aftermarket (como el dólar cripto), y el pulso del mercado, casi ningún analista duda que el dólar oficial arrancará cotizando por encima de $1300. En todo caso, habrá que esperar al lunes para dimensionar la magnitud de un salto devaluatorio que, aunque el gobierno finja demencia, será una realidad consumada.

En este contexto, el intento de vestir con la ya conocida narrativa libertaria lo que no es otra cosa que es un desesperado salvataje y una consecuencia previsible de un modelo económico que hace rato mostraba inocultables signos de agotamiento, no alcanza para ocultar una realidad incómoda: Milei y su equipo económico perdieron la pulseada con el FMI, al que tuvieron que recurrir anticipadamente y en condiciones muchísimo más desfavorables que las que imaginaban para después de las elecciones de octubre. Un organismo que, por cierto, nunca ocultó que los condicionantes más relevantes a corto plazo para que se liberaran los dólares frescos y de libre disponibilidad que Caputo necesitaba de manera urgente por la presión contra el dólar, era un salto devaluatorio inicial, la eliminación del cepo cambiario y el fin del dólar blend.

Tan desesperado estaba el gobierno que el acuerdo se selló horas después que se conociera un dato crítico para la economía real: el 3,7% de inflación de marzo fue más alto incluso de lo que el mercado esperaba, con subas muy por encima del promedio que preocupan, como el caso de los alimentos (casi 6%)

Por ello, si ya era de por sí muy riesgoso liberar el tipo de cambio (aunque sea parcialmente con un sistema de flotación entre bandas) con reservas negativas y en el marco de una crisis global inédita e incierta, a ello se le suma que la devaluación convive con un repunte inflacionario. La pregunta que se impone es tan obvia como incómoda: qué tan rápido se trasladará la devaluación a precios y cómo ello impactará en el proceso de desinflación en el que se venía asentando gran parte de la legitimidad social del gobierno.

Como en una suerte de deja vu del 2018, aún con políticas diferentes (gradualismo de Macri versus shock de Milei), un gobierno que recurre al FMI prende velas en el “altar” del carry trade, con la esperanza de que el campo y otros exportadores liquiden dólares por debajo de los $1.400, seducidos por la oportunidad de obtener una rentabilidad importante y rápida a partir de altas tasas en pesos. Todo ello para ganar un tiempo que, como la experiencia histórica de este tipo de acuerdos ya ha demostrado, se agota inevitablemente.

Lo cierto es que aunque Milei no pudo resistirse a su tradicional jactancia al afirmar que es “la primera vez en la historia que el FMI aprueba un programa para respaldar un plan que ya ha rendido sus frutos”, los trazos gruesos del acuerdo más allá de la devaluación son ya harto conocidos para un país que acaba de suscribir el vigésimo tercer acuerdo con el Fondo desde el primero en 1958: mayor ajuste fiscal, metas exigentes en materia de acumulación de reservas, privatizaciones, flexibilización de la legislación laboral, y una reforma previsional que, entre otras cosas, eleve la edad jubilatoria.

Así las cosas, el lunes el gobierno empezará a recorrer, fruto de la urgencia a la que lo llevó el agotamiento del modelo basado en el anclaje político que ofrecía el dólar planchado y la inflación a la baja, un camino que incluirá más volatilidad y seguramente mucho más ruido político a medida que la inflación empiece a acelerarse, justo además en momentos de definiciones electorales claves para el futuro del proyecto libertario.