
El gobierno de los Fernández cerró las importaciones para proteger industrias, con un dólar muy bajo y una alta presión impositiva. Terminó en un desastre de inflación, déficit, endeudamiento, desfinanciación y precios más caros. ¿Qué pasa hoy luego de aquello?
La gestión Milei responde pendularmente a ese modelo fracasado con otro que tampoco funcionó en los 90.
Así, anunció recientemente la reducción de los aranceles a la importación de ropa, calzado, telas e hilados como si fuera un logro. Pero mantiene la presión impositiva sobre las PYMEs y atrasó el dólar por debajo de la inflación. Su argumento: que eso hará que los precios bajen. Pero la verdad es que esta medida no solo no traerá una reducción significativa para los consumidores sino que perjudicará fuertemente la balanza comercial, a las PYMEs y el empleo. Lo demuestra la historia. Un escaso veranito de precios que después cuando acomoda ya se llevó puesta la industria, la capacitación y lo que viene después, afrontar pagar los dólares que gastaste.
No se trata de proteger industrias que estratégicamente no te sirvan o te mantengan los precios altos, sino que esto sea con una competencia en igualdad de condiciones. Eso sí le sirve al país, en tanto da trabajo y paga mejores salarios, y puede bajar sus precios al tiempo que compite genuinamente con el importado. Y sino mejora, pierde. En igualdad de condiciones es probable que una parte de la industria textil no pueda superar los precios asiáticos, pero no solo puede sobrevivir otra franja, que por diseño, calidad y hasta precio podemos producir, sino también exportar.
Para que haya competencia real (y leal), hay que nivelar la cancha. Bajar aranceles mientras se mantiene la carga impositiva sobre las PYMEs y talleres nacionales solo genera un escenario de competencia desequilibrada. La cuenta es clara: mientras las empresas extranjeras ingresan productos a un dólar barato y con menores costos estructurales de producción con baja presión impositiva, los emprendedores argentinos siguen soportando impuestos altos, costos laborales elevados y falta de financiamiento. ¿El resultado? Se achica la industria local, cierran los talleres y crece el desempleo.
Hoy, importar es más accesible que nunca porque el tipo de cambio oficial está barato y el Gobierno no parece entender que no acompañar esta apertura con medidas que alivien a la industria nacional ni incentivos implicaría que la reactivación no llegará nunca.
Para peor, según datos del sector, en los últimos años la industria textil ya venía en caída: entre 2015 y 2019 cerraron más de 3000 PYMEs textiles y se perdieron cerca de 25.000 empleos. Ahora, con esta medida, la situación podría agravarse aún más.
Por último, pero no menos importante, hay otro problema: la informalidad. Gran parte del consumo textil en la Argentina pasa por ferias y canales informales que no se verán beneficiados por esta baja arancelaria. La ropa seguirá siendo cara para la mayoría, mientras el golpe a la producción nacional afectará a los trabajadores más vulnerables.
Garantizar reglas de juego iguales no significa cerrar la economía ni sostener industrias ineficientes. Si el objetivo es que la ropa baje de precio, la solución no es solo bajar aranceles, sino también reducirle la carga impositiva a los que producen en el país, facilitarles el crédito y atacar el contrabando. Sin estas medidas, la baja de aranceles lejos está de ser una política de competencia leal sino un daño irreversible a la industria nacional.
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