El fortalecimiento del sistema previsional en Argentina es una necesidad imperiosa que demanda una reforma integral, adaptada a las realidades del siglo XXI. Esta reforma debe contemplar no solo la adecuación del sistema jubilatorio, sino también una transformación profunda del modelo laboral y productivo del país. La regularización de los millones de trabajadores no registrados es un paso crucial en este proceso, asegurando condiciones laborales dignas y derechos básicos como la cobertura médica, protección de accidentes de trabajo, aguinaldo y las vacaciones pagas.
Las reformas laborales y previsionales no pueden abordarse de manera aislada. La interdependencia entre ambas es evidente, y cualquier mejora en el sistema jubilatorio requiere un aumento en el número de trabajadores formalizados. Actualmente, los aportantes al Sistema de Seguridad Social alcanzan los 12.3 millones de personas, mientras que las prestaciones previsionales benefician a 6.7 millones, resultando en una relación de 1.84 aportantes por beneficiario. Para asegurar la viabilidad del sistema, esta cifra debería elevarse a al menos 3 cotizantes por beneficiario, lo cual es posible si se formaliza al 46.5% de los trabajadores que actualmente no realizan aportes ni contribuciones.
Aquí surge un dato muy duro y muestra también cómo la desprotección llega con mayor dureza a los jóvenes y a las mujeres. Esto queda demostrado cuando vemos que hoy en nuestro país, 9 de cada 10 mujeres no logran completar sus aportes jubilatorios en tiempo y forma y 7 de cada 10 hombres tienen los mismos problemas.
El avance tecnológico ha modificado sustancialmente las dinámicas laborales, generando una hiperproducción con ganancias extraordinarias, pero reduciendo la demanda de mano de obra. Este fenómeno presenta un desafío adicional para el sistema de seguridad social. Mientras que algunos países han optado por disminuir las contribuciones sociales, Argentina debe buscar un equilibrio que permita reducir costos laborales sin sacrificar la protección social.
Es esencial que el Congreso de la Nación trabaje en una legislación que facilite la formalización de los trabajadores en situaciones irregulares, incluyendo a cuentapropistas y autónomos. Actualmente, 1.9 millones de personas son beneficiarias de Pensiones No Contributivas, con un 65.3% cubierto por invalidez, y un 15.6% recibe la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Asimismo, la transparencia y eficiencia en la gestión fiscal, para reducir la economía en negro que supera el 40%, mucho más elevada que otros países de la región, deben ser pilares en esta reforma para garantizar su éxito a largo plazo.
En conclusión, esta es una tarea que recae no solo en el gobierno actual, sino que requiere el compromiso de todos los actores del sistema institucional argentino. Las necesidades de hoy demandan soluciones inmediatas, y es fundamental abordar estos desafíos con determinación y visión de futuro.
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