El sistema previsional argentino es la principal política pública del país, tanto por los recursos que se destinan (un 10% del PIB) como por la cantidad de beneficiarios (8,5 millones). Este sistema tiene una muy buena cobertura, ya que más del 90% de los adultos mayores reciben algún tipo de beneficio. Pero también tiene serios problemas, ya que es caro, injusto e ineficiente. Por ello, es imprescindible una reforma profunda que lo reorganice, haciéndolo más justo y sostenible. Esto es posible y, al hacerlo, se mejorarían los beneficios futuros de la mayoría de los argentinos, pero el proceso político para aprobar estas reformas es complejo y requiere acuerdos profundos, difíciles en un contexto electoral conflictivo.
El sistema es caro: gastamos lo mismo que países mucho más envejecidos, como Bélgica o Suecia, y casi el doble que naciones igual de jóvenes, como Costa Rica o Israel. Es injusto, porque personas similares reciben beneficios muy diferentes, dependiendo de si alcanzaron 30 años de aportes o si tuvieron algún régimen de excepción por el sector donde trabajaron, la provincia donde viven u otros criterios similares. Por último, el sistema es ineficiente, porque gasta más de lo necesario: tenemos muchos beneficiarios jóvenes (cerca de 3,5 millones), con doble beneficio (1,1 millones) o con haberes muy superiores a lo razonable gracias a algún régimen de excepción.
Si hoy tenemos un problema serio, el envejecimiento lo agravará en el futuro. Argentina está envejeciendo y esto implica que las políticas pensadas en el siglo pasado no serán adecuadas en el futuro. Actualmente, el 12% de la población es mayor de 65 años; para 2050 esa cifra ascenderá al 20%, y en 2075, llegará al 30%. Si no cambiamos las reglas, en 25 años gastaremos casi el doble y en 50 años el triple. Esto puede parecer lejano, pero los jubilados de 2050 serán quienes hoy tienen más de 40 años y los de 2075 quienes tienen más de 15. Estamos hablando del futuro de la población actual, que en su mayoría está trabajando y que, sin reformas profundas, enfrentará graves problemas cuando ya sea demasiado tarde para corregirlos.
Las propuestas deben centrarse en dos frentes. Primero, es necesario revisar los 200 regímenes de excepción e integrar su mayoría al régimen general (respetando los derechos adquiridos) para que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y se rijan por las mismas normas. En segundo lugar, el régimen general debe ser reformulado bajo tres principios fundamentales: universalidad, equidad y sostenibilidad. El sistema debe proteger a toda la población, sin exclusiones, siguiendo la tradición universalista y solidaria de las políticas públicas en nuestro país.
La cobertura universal no implica que sea uniforme: quienes han aportado más deben recibir más, pero de manera equitativa y proporcional.
Finalmente, el sistema debe ser sostenible. Nuestra experiencia muestra que un gasto previsional excesivo tiene un impacto muy negativo sobre la macroeconomía. Reorganizar el sistema no solo permitirá hacerlo más sostenible; una reforma bien diseñada debería resultar en un aumento de los beneficios para la mayoría de los argentinos, a un costo menor para todos.
Construir un sistema previsional robusto y justo es una inversión en el futuro. Es momento de actuar con determinación para reformar y fortalecer el sistema previsional argentino, garantizando así que cada argentino, al llegar a la vejez, pueda disfrutar de un retiro digno y seguro.
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