Cuesta encontrar una síntesis de nuestra decadencia propagada; seguramente, recorriendo cada una de las actividades productivas, encontraremos claros ejemplos de lo que pudimos ser y lo que somos.
Al alejarnos de la pampa gringa, los ejemplos brotan como pasto en tierra fértil: inversiones forestales rechazadas al ritmo carnavalesco de Gualeguaychú; la industria pesquera en el litoral atlántico hundida en redes regulatorias con complicidades empresariales y gremiales; la ganadería ovina extinguiéndose frente al guanaco; y la madre de industrias entre prohibida y estancada a lo largo de 5.000 kilómetros de cordillera.
Hablar del uranio es hacerlo como un ejemplo más de esa larga lista de simulaciones políticas, ignorancias y estupidez. El presidente Arturo Umberto Illia, por decreto del año 1965, dio su aval a la iniciativa promovida por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para la instalación en el país de un reactor nuclear de potencia, determinando efectuar un estudio de factibilidad y un plazo de 14 meses para presentarlo. En marzo de 1974 fue conectada al Sistema Eléctrico Nacional y se convirtió en la primera central nuclear de potencia en América Latina.
En 1984 se inauguró Embalse Río III y, en 2006, Atucha II. Las tres centrales, a plena potencia, generan 1.763 MW. Con un consumo aproximado de 250 toneladas de mineral de uranio por año, se deben desembolsar USD 43 millones anuales, más costos de buques, otros transportes, seguros y permisos. Son mano de obra, empresas proveedoras e impuestos que pagamos en otros países, en lugar de invertirlos en Argentina.
En nombre de la “soberanía nuclear”, la Comisión Nacional de Energía Atómica armó, a costo de todos los argentinos, nombramientos para un área de exploración, otra de explotación y una tercera de remediación, en la búsqueda y aprovechamiento del mineral de uranio. Discursos populistas, cero producción, yacimientos abandonados: ese es el resultado oculto de una Argentina insostenible.
Como subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, planteamos una asociación estratégica con la principal empresa de uranio del mundo, la francesa Areva. Era un acuerdo de colaboración para explorar, producir y vender uranio no solo a nuestros tres reactores nucleares, sino también a un mundo que cada vez necesita más combustible nuclear para aumentar la generación de energía limpia.
El contacto e interés de Areva fue inmediato: armamos la carta de intención Areva-CNEA, en pleno acuerdo con los franceses, y pretendimos que la misma se firmara el 24 de febrero entre los presidentes Mauricio Macri y François Hollande durante su visita a nuestro país.
¿Adivinen qué pasó? En esa época el populismo no aflojaba. Norma Boero, nombrada por Cristina Fernández de Kirchner en 2008, seguía al frente de la CNEA, y sus asesores fueron una valla insalvable para arribar a un acuerdo a favor del país. Puestos de trabajo, empresas locales, regalías provinciales e impuestos no contaban. Tampoco aprender la tecnología de “lixiviación in situ” en la extracción de uranio ni las últimas tecnologías de tratamiento mineral. La soberanía energética y la justicia social al tacho de la basura.
Nos acabamos de enterar que el acuerdo con la empresa Kazatomprom de Kazajistán, por un primer envío de 37 toneladas de mineral de uranio a USD 34,5 millones, fue denunciado por la empresa al querer cancelarlo con Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal). Resultado: Kazatomprom no lo aceptó y entramos en default. Dioxitek, sin tener mineral de uranio, no puede producir combustible nuclear para nuestras centrales, e informes técnicos aseguran que con los stocks disponibles solo pueden proveerlo hasta mayo del próximo año.
En un estudio de diciembre de 2016, desde la Subsecretaría de Desarrollo Minero de la Nación informamos que en nuestro país contábamos con 10.980 toneladas de uranio (tU) como Recursos Razonablemente Asegurados (RAR) y 20.705 tU de Recursos Identificados, lo que hace un total de 31.685 tU. Estas existencias están en los yacimientos de Sierra Pintada, Mendoza; Cerro Solo, Laguna Colorada y Laguna Salada, en Chubut; y Don Otto, en Salta.
Teniendo en cuenta que el requerimiento de mineral de uranio para alimentar nuestras tres centrales nucleares es de 250 tU/año, concluimos que tendríamos para abastecerlas por más de 120 años. Producción local y exportaciones, hasta hoy, fueron desechadas.
En aquella proyección de 2016 no estaban contabilizadas las existencias en el importante proyecto Amarillo Grande, Río Negro, donde el grupo argentino Eurnekian acaba de establecer un acuerdo definitivo con Blue Sky Uranium para adquirir hasta un 80% de participación indirecta en ese depósito mineral.
¿Seremos capaces de producir un cambio cultural, dejar atrás el populismo y recuperar el sentido común? ¿O seguiremos mirándonos en un espejo que nos devuelve la imagen de una Argentina insolidaria y fracasada?
El autor es exsubsecretario de Planificación Minera y Miembro del Grupo Sarmiento
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