La ley de transparencia corporativa de EEUU o CTA, por sus siglas en inglés, comenzó a regir el 1° de enero de 2024 y estableció la obligación de reportar información sobre los “beneficiarios finales” de más de 30 millones de empresas estadounidenses a partir del 1/1/25. Esto es en el marco de la lucha contra el lavado de dinero que lleva adelante la Secretaría del Tesoro a través de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Si bien el objetivo primario no es tributario, esta información es vital para la correcta determinación de las obligaciones impositivas y la efectividad del intercambio internacional de información tributaria.
La obligación de reporting es para todas las sociedades que fueron incorporadas bajo la legislación de los EEUU (empresas estadounidenses) y todas las sociedades extranjeras que se hayan registrado para hacer negocios en los EEUU.
Para la FinCEN, los “beneficiarios finales” de una empresa son personas humanas que poseen o controlan una sociedad porque cumplen con al menos una de las siguientes condiciones:
- Poseer una participación societaria igual o superior al 25% del capital.
- No teniendo la participación societaria indicada en el punto 1., tener el “control sustancial” de la empresa (toma de decisiones de la entidad; poseer un cargo en el directorio o gerencia; facultades para contratar o destituir personas claves o idóneas, entre otras).
La información a reportar incluye:
- Datos sobre personas humanas -que pueden ser dueños o beneficiarios- que tengan control sustancial sobre las compañías.
- Datos sobre las personas que constituyeron y formaron esas compañías
- Reportar cambios a la información que se informó inicialmente con los primeros formularios que se presenten a la FinCEN.
En dicho contexto, el pasado 3 de diciembre de 2024, el juez federal Hon. Amos L. Mazzant III, del Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito Este de Texas, emitió un interdicto preliminar de alcance nacional que bloquea la implementación de la Ley de Transparencia Corporativa («CTA», por sus siglas en inglés) por parte del gobierno federal.
Aunque no se trata de un fallo definitivo, la medida tiene el efecto inmediato de liberar temporalmente a las entidades de cumplir con las obligaciones.
Si bien el Tesoro ha informado que ya se han presentado más de 100 mil reportes en el marco de dicha ley, las empresas y sus asesores financieros y tributarios han comenzado a considerar la no presentación de la información bajo la CTA.
Es de vital importancia que el sistema legal de EEUU logre transparentar la propiedad de las empresas que operan en su jurisdicción, ya sea para prevenir el lavado de activos y para establecer reglas de juego parejas en materia tributaria.
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