A comienzos del siglo XX se dieron los primeros pasos trascendentes en materia de regulación de las relaciones laborales con la fijación de jornadas máximas y salarios mínimos, prohibición del trabajo infantil, limitación de tareas a cargo de mujeres e insalubres, vacaciones pagas, entre otros reconocimientos. Recién en 1974 se dictó un verdadero código del trabajo: la Ley de Contrato de Trabajo, número 20.744. Un avance crucial que establece la regulación comprensiva casi todas las relaciones laborales que, lamentablemente en los últimos cincuenta años, ha recibido acotados retoques a pesar del dinamismo de los distintos tipos de contratos.
Desde la creación del fuero del Trabajo en el ámbito nacional, hace ochenta años, el mismo se fue nutriendo en gran parte de jueces con raíces sindicales o apadrinados por sindicalistas, atravesados por duras consignas, entre ellas combatir el capital. Eso se tradujo en infinidad de sentencias de dudosa justicia donde el in dubio pro operario le quitó la venda a la Justicia permitiéndole ver el árbol pero no el bosque (entiéndase el caso en particular sin analizar sus consecuencias para todo el mercado laboral).
Esta combinación letal de leyes desactualizadas y prejuicios ideológicos nos trae todos los días noticias sobre PyMEs quebradas por un juicio laboral, multas incalculables o empresas temerosas de generar empleo. Pero este no es el único drama: desde noviembre de 2022 los empleadores que tienen juicios laborales con sentencias condenatorias ven amenazado su futuro. Mediante un acta de la Cámara Nacional del Trabajo se dispuso un sistema de actualización de los créditos no contemplados en el Código Civil, que abandona una justa reparación para permitir un enriquecimiento ilícito con capitalizaciones y aplicación del CER más intereses. Sistema que se apresta a aprobar la legislatura bonaerense modificando la ley 11.653 y que ya tiene media sanción.
Ante este descalabro intervino la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CNAT) que, mediante dos fallos, anuló incrementos de indemnizaciones de más del 20.000% y también dejó sin efecto la aplicación de una multa de 53 sueldos impuesta a una empresa en beneficio de un trabajador que se había desempeñado solo durante 20 meses.
La reacción corporativa de la CNAT no se hizo esperar: ha “dejado en libertad de acción a los jueces del fuero”. El resultado de esta medida está cantado.
¿Se puede cambiar esto? Sí. Una posible solución es el arbitraje en materia del trabajo. La ley 18.345 de procedimiento laboral nacional establece que en cualquier instancia del juicio el juez puede sugerir a las partes que el expediente sea convertido en arbitraje (alternativa también prevista en el proyecto de Código Procesal Laboral de CABA) Lo mismo contempla el procedimiento ante el SECLO e incluso la Facultad de Derecho de la U.B.A. ofrece diplomaturas en arbitraje laboral.
Un árbitro experto en materia del trabajo asegura a las partes independencia, elección libre del sentenciante, un trámite informal ultra rápido e inapelable que garantiza el cumplimiento del orden público (derechos irrenunciables). Con la simple opción del arbitraje, los intereses se reducen sustancialmente, pues además de poder acordarse la forma de calcularlos, los procesos no serán eternos (plazo máximo de seis meses contra los muchos años que duran hoy). Son jueces con las mismas atribuciones que los “estatales” pero libres de sus prejuicios.
La Justicia Nacional del Trabajo ha sido parte del problema. No se trata de combatir el capital (sin empleadores no hay trabajadores) sino de ponerlo al servicio de todos.
No será un camino fácil. Nunca lo fue. La dirigencia sindical en su inmensa mayoría se ha opuesto a cualquier cambio que “vulnere los intereses y derechos de los trabajadores”. Curiosa reacción en un país donde el 55% de los trabajadores están en negro, insuficientemente registrados o son monotributistas con ingresos por debajo de la línea de pobreza. En veinte años no creció el empleo regular (salvo el estatal que se ha duplicado) y menos las Pymes, las grandes perjudicadas de una presión tributaria asfixiante y una legislación estática.
Por eso es tiempo de cambiar. Llegó la hora de dejar de combatir al capital.
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