De imputables a rescatables

La edad de imputabilidad se define como el límite inferior a partir del cual los menores de 18 años pueden ser juzgados y recluidos en una cárcel. Nuestro ámbito legislativo se encuentra en un debate que atraviesa la sociedad argentina.

Si miramos por la ventana global nos encontramos con las experiencias de baja de imputabilidad de otros países como Inglaterra, Francia, pero sin ir tan lejos tenemos ejemplos muy cercanos como Uruguay, Chile y Colombia.

La pregunta para dilucidar este debate radica en dónde ponemos el acento para encontrar puntos de consenso que se traduzcan no solo en la modificación de la actual legislación sino también en brindar como sociedad una red presta al rescate.

La Biblia en la carta de Santiago nos orienta a determinar la causa raíz de este flagelo: “¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo”.

¿Qué es lo que causa que un adolescente delinca y hasta cometa un asesinato? ¿En qué contexto crecen hoy las nuevas generaciones? ¿Qué estamos haciendo para transformar una niñez violenta?

Los datos actuales proporcionados por UNICEF son más que reveladores. Según el estudio sobre Situación de la Niñez y Adolescencia, a finales del 2023 el 60% de la niñez en Argentina vive en condiciones de pobreza y un 18,9% en la indigencia. Hoy, 7 de cada 10 niños son pobres.

Esto se traduce en hogares que ya no cuentan con una dieta nutricional adecuada, que han restringido la atención médica, en donde un millón de niños debe saltearse al menos una comida diaria. Sus efectos son la deserción escolar, la búsqueda de una salida laboral de índole informal, ya que el trabajo infantil está penado en el marco legal, pero que a su vez trae aparejado la pérdida de los derechos que como sociedad debemos cuidar de la niñez, porque su derecho es superior.

Lamentablemente esta realidad antes mencionada, es el campo propicio para el avance del narcomenudeo, las adicciones a temprana edad, los primeros delitos adolescentes con una escalada ascendente, que no solo obliga a un debate por la baja de imputabilidad y la modificación de la ley que rige el régimen penal de menores, el cual data de la dictadura, sino también el de poner un marco de protección a la sociedad que está expuesta en su integridad física y emocional, pero que a su vez representa un serio llamado de atención a todos los actores de la sociedad incluyendo el Estado, para revertir esta realidad que tiene como causa raíz las falencias en el sistema de protección a la niñez y la adolescencia.

Es alarmante el crecimiento en el consumo de alcohol y la marihuana en los adolescentes, alteraciones en el sueño, problemas de comunicación por el uso excesivo de la tecnología, la falta de alimentación o condiciones inhumanas en el norte argentino en regiones que no cuentan con agua potable.

Considero que es una cuestión de Estado el poner el foco en las nuevas generaciones, el abordaje junto a instituciones con experiencia en el trabajo con la niñez, ONG, iglesias, en los institutos de menores, servicios de hogares de acogida, comedores, para un programa integral de restauración infanto-juvenil. Como así también la pronta implementación de leyes como la del Plan Mil Días, que desde su promulgación sigue brillando por su ausencia.

Es inminente en mi humilde opinión modificar la ley actual, estudiando otras legislaciones a nivel mundial, pero con el contrapeso que implica ir al rescate de una generación perdida.

Hay muchos temas prioritarios en nuestro país, hechos corruptos e inmorales salen a luz en este tiempo, pero no hipotequemos nuestro futuro. Atendamos la niñez del presente que serán los hombres y mujeres que construyan una patria mejor. Es ahora. Transformemos lo imputable en rescatable.