La burocracia política, los intereses contrapuestos, la necesidades económicas y financieras y los privilegios de cajas públicas que rondan al avance o retroceso de la negociación de la “Ley Bases” en el Congreso de la Nación está muy distanciado de muchos diputados y senadores que no están pensando en el futuro destino del país sino en la preservación de poder político y económico.
La postergación del Pacto de Mayo para junio o julio de 2024 no será una dilación de este debate de sólo un mes sino también la demora de las condiciones económicas y sociales frustrantes por la cual vienen transitando muchos argentinos en los últimos 20 años.
Si se compara la situación económica durante los gobiernos anteriores ante cada 25 de mayo surge que la situación cada vez fue más ruinosa y la necesidad de concretar un pacto con acuerdo políticos básicos cada vez más urgente.
Una variable fundamental es el salario del sector privado registrado en dólares, cuyo nivel más alto se registra en mayo del 2017 (bajo el gobierno de Mauricio Macri) mientras que pasa casi a la mitad en mayo de 2020, coincidente con el pico de la pandemia de Covid-19 y gobierno de Alberto Fernández. Ahora, con la presidencia de Javier Milei se estima subió el mes último a 639 dólares.
El haber mínimo jubilatorio, siguió una tendencia similar a la descripta para el salario del sector privado, teniendo su pico en la era Macri, mayo de 2017, con el equivalente a USD 400, y un mínimo con el anterior gobierno de USD 80 de base y USD 121 con el agregado del bono y ahora con Javier Milei pasó a USD 190 y USD 260, respectivamente, en un contexto de inflación en dólares.
La tasa de inflación interanual de mayo, desde 2008 hasta 2018 se ubicó en torno a 30%, desde 2019 a 2022 giró alrededor del 50%. En el último mayo de Alberto Fernández ascendió a 114,2% mientras que, con estimaciones del último Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA, el mes último aceleró a 284,4 por ciento.
No cabe dudas que la inflación es un impuesto no legislado. Menos dudas caben que no legislar cambios profundos hacia una previsibilidad fiscal y monetaria es la única forma de eliminar el gravamen más regresivo, porque afecta mayormente a la población más vulnerable.
La inflación es un sedante provisorio para cerrar las cuentas fiscales vía emisión monetaria sin respaldo y un veneno para el bolsillo de los argentinos que tienen que pagar sus cuentas a diario.
El índice de riesgo país, que es la diferencia en el interés que debe pagar un país por su deuda (la sobretasa), en comparación la que rinden los bonos de la Reserva Federal de EE.UU., es menor al de la presidencia gestión de Alberto Fernández, pero mayor a los de la época de Mauricio Macri y a algunos años de la etapa de Cristina Fernández de Kirchner.
En una Argentina donde aún se paga una de la sobretasa más elevada del mundo aún se pone en debate un pacto federal para poder mostrar otro horizonte a los inversores internacionales, después de tantos años con promesas incumplidas. El tamaño de la deuda del sector público respecto del PBI no es enorme, pero aún inquieta la recurrente falta de voluntad de pago.
La necesidad de un punto de giro
El producto bruto interno (PBI), equivalente en dólares al cambio libre, alcanzó el mayor valor en mayo del 2017 (correspondiente al segundo trimestre) con USD 659.613 millones; mientras que en el último gobierno cayó a la mitad de ese valor. Y a partir de las proyecciones del REM en esa medición en el primer año del gobierno de Javier Milei se recuperaría. Pero el dato relevante es que en los últimos 10 años se envejeció el stock de capital, por el deterioro de la inversión privada en formación bruta de capital.
El consumo privado equivalente en dólares, principal componente de la Demanda Global, en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, retrocedió a un valor cercano al correspondiente en mayo de 2018. Su evolución depende de nuevos motores para su desarrollo que están pendientes de muchos de los articulados de la Ley Bases, como la reforma laboral, el régimen de incentivos a grandes inversiones (RIGI), blanqueo de capitales entre otros, porque previamente tendrá que reactivarse la inversión privada, dada la decisión del Gobierno de reducir la inversión y el consumo del sector público.
Juan Bautista Alberdi expresaba en su libro Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina: “Nuestra revolución abrazó la libertad económica, porque ella es el manantial que la ciencia reconoce a la riqueza de las naciones; porque la libertad convenía esencialmente a las necesidades de la desierta República Argentina, que debe atraer con ella la población, los capitales, las industrias de que carece hasta hoy con riesgo de su independencia y libertad, expuestas siempre a perderse para el país, en el mismo escollo en que España perdió su señorío: - en la miseria y pobreza”.
De esto trata la Ley Bases que está en el Senado, y que lleva cinco meses de idas y vueltas negociando más necesidades de los políticos que las del conjunto del país que fue retrocediendo lentamente hacia el camino de la miseria y pobreza que ya afecta a más del 55% de la población.
El autor es Analista Económico
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