La energía para Argentina no es un problema, es una enorme oportunidad. Nuestro país cuenta con una gran cantidad y variedad de recursos naturales que nos permiten, aplicando los medios apropiados, que la energía sea una fuente de riqueza, desarrollo, trabajo de calidad, exportaciones y divisas.
Y más aún, la energía es para los argentinos, un insumo que ciudadanos, industria y comercio deberían pagar normalmente en un mercado abierto, transparente y competitivo. Es absurdo acostumbrarnos a que no somos capaces de pagar su costo. De hecho, cuando se regula mal, pagamos un precio mucho mayor.
Las malas políticas derivan en menores inversiones, menor producción, necesidad de importar lo que podríamos producir, déficit energético y fiscal, y pérdida de divisas, agravadas por nuevas malas decisiones de emisión e inflación. En los últimos 20 años el costo energético ha sido tremendamente elevado. No lo pagamos en “la factura de luz” o de gas, pero lo pagamos con un déficit comercial de 120 mil millones de dólares, un subsidio masivo de 174 mil millones de dólares y una inflación galopante que golpea más a los que menos tienen.
La Argentina intenta abandonar esas prácticas erradas y con malos resultados ya conocidos. Las autoridades de Energía buscan volver a las reglas de mercado, claras, transparentes y competitivas que generan riqueza, inversión, superávit energético y exportaciones.
Con las leyes ya vigentes la Argentina había logrado en buena medida esos resultados, incluso antes de Vaca Muerta. Se trata de aplicar y cumplir esas leyes (24.065 y 24.076) vigentes aunque vulneradas en los últimos años, reglamentándolas en lo que haga falta para actualizarlas. Ya están vigentes además la emergencia energética (decreto 55/2023) y actos dictados en su consecuencia, que preparan la normalización y regreso a un esquema de mercados abiertos, transparentes y competitivos.
En cuanto a tarifas y subsidios, los ajustes de tarifas de gas y electricidad que ya se han puesto en marcha son una parte de este “decirnos la verdad” para corregir el rumbo. No puede desconocerse que la pobreza en que se ha sumido a nuestro país dificulta a algunos ciudadanos pagar el costo real de la energía. A ellos debe auxiliarse de modo directo, claro y transparente, con un régimen de excepción que atienda su situación particular, asegurándoles un paquete básico de energía. Naturalmente, esa ayuda básica debe ajustarse a necesidades reales: no requiere el mismo mínimo de energía un hogar en regiones de frío extremo que otro en climas templados.
Por último, nuevas leyes para enfrentar nuevos desafíos: un tercer bloque de acciones se propuso en la Ley de Bases y Condiciones (el proyecto de “Ley Ómnibus”). Una actualización importante, en especial de la ley 17.319 (Onganía -1967) para adecuarnos a los desafíos modernos, en especial la integración con un mundo que requiere los recursos energéticos que Argentina puede aportar. Ello requiere inversiones y regulación actualizada, que es de esperar regrese pronto al debate y tratamiento legislativo. Es una base importante para que Argentina pueda recuperar un rol relevante en el mercado energético global, no solo en el regional.
La energía es para la Argentina una oportunidad muy actual. Es el momento de aprovecharla con seriedad y madurez, proponiendo acciones serias y responsables, fomentando y respetando inversiones que generen desarrollo, trabajo, riqueza y exportaciones. Las oportunidades no duran para siempre.
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