
La reforma Constitucional de 1994 determinó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, explicitando que la misma tendría “un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción”.
En la sesión plenaria de la Convención Constituyente, el profesor y distinguido colega Dr. Antonio María Hernández argumentó que “«autonomía» significa posibilidad de propia legislación, con facultades gubernativas, de legislación y jurisdicción”, y aclaró que “las facultades de jurisdicción no significan otra cosa que un poder judicial”.
Hoy, casi 30 años después, esa autonomía sigue siendo relativa y hasta curiosamente cuestionada por diferentes sectores, quedando todavía pendientes las transferencias de competencias judiciales (laborales, penales, comerciales y civiles), así como el traspaso del Puerto de Buenos Aires, la Terminal de ómnibus de Retiro y las 31 líneas de colectivos que recorren exclusivamente la Ciudad, o la autonomía en la cartera de Salud.
Si logramos que esas transferencias se hagan efectivas, vamos a poder cumplir con las disposiciones de nuestra Carta Magna y hacer que se beneficien no solo los porteños, sino todos los argentinos.

Con traspasos como el de la Terminal de Retiro vamos a poder asegurarle a todos los argentinos y extranjeros que visitan Buenos Aires una terminal más conectada, segura, iluminada y limpia. Con el traspaso de las 31 líneas de colectivos que recorren la Ciudad dejaremos de depender de Nación, por ejemplo, para cambiar una parada de lugar o desviar un recorrido o lograr mayor frecuencia y más eficiencia en beneficio de los usuarios. Avanzar en la transferencia del Puerto, derivaría en lograr un puerto más integrado a la Ciudad, con espacios verdes ideales para fines turísticos, de recreación o deportivos. Por último, la transferencia en cuestiones de Salud impactaría directamente en el otorgamiento y control de licencias que no tiene la Ciudad.
Sin ninguna duda, el traspaso definitivo de la Justicia Nacional a las competencias de la Ciudad es menester para ejercer nuestra autonomía y avanzar hacia una justicia local más rápida, efectiva y al servicio de los vecinos. Además, significaría una reducción del costo del Estado Nacional. Resulta como mínimo injusto que actualmente todos los habitantes del país financien un sistema de justicia que solo presta servicios para conflictos ordinarios de la Ciudad.
Asimismo, con el traspaso de competencias laborales, sobre todo para intervenir en cuestiones de conflictos individuales, lograríamos una aceleración en la resolución de dichos conflictos, beneficiando a miles de trabajadores que no tendrán que esperar largos años la resolución de sus juicios laborales. A razón de ello se reducirían los costos laborales y esto tendría un gran impacto en las pymes, que hoy se ven limitadas a la hora de trabajar y dar trabajo.

Por eso insistimos en que la transferencia de esta competencia resulta indispensable para la Ciudad y para reactivar la matriz productiva. A tal punto que en caso de que algunos se sigan oponiendo a que Buenos Aires tenga una justicia local, estamos decididos a crear un fuero laboral para que los conflictos individuales tengan un abordaje local. No es lo mismo una norma pensada para un trabajador rural, que una norma para un trabajador de la Economía del Conocimiento.
Son varios los fallos donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó que la competencia ordinaria no federal en el ámbito de la Ciudad es facultad del Poder Judicial de la Ciudad. Además, en el fallo a favor de la Ciudad para la reapertura de escuelas durante la pandemia, la Corte reconoció que Buenos Aires tiene un “puesto equiparable al de las provincias”, algo que los detractores de nuestra autonomía se niegan a aceptar.
La Ley 24588 es una de las más citadas a la hora de oponerse al traspaso, argumentando que dicha ley “garantiza los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, para asegurar el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del Gobierno de la Nación”.
Sin embargo, aquellos que la citan parecen no recordar que la misma ley también expresa que “El Estado Nacional y la ciudad de Buenos Aires celebrarán convenios relativos a la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes”. Así fue como en 2015 se realizó el traspaso de las competencias de Seguridad, la transferencia de algunas competencias penales, y el intento de traspaso de la Inspección General de Justicia en aquellas funciones y facultades de competencia local.

Es importante que también debatamos cómo haríamos ese traspaso. Partiendo de la base de que para efectuarlo dependemos de un convenio entre el Estado Nacional y la Ciudad, es fundamental que el proceso sea gradual. Además, como la Constitución lo exige, toda transferencia implica una partida de recursos, por eso hay que dejar en claro que no vamos a perjudicar a los trabajadores: su estabilidad laboral está garantizada. Si lográramos el traspaso de la Justicia Nacional, tendríamos temporalmente una justicia de transición hasta completar la transferencia de las vacantes. La transferencia de algunas competencias penales son el claro ejemplo de cómo debe realizarse: de forma consensuada, prolija y ordenada.
Tenemos la convicción de que una gestión más eficiente en la Ciudad tiene que avanzar en la firma de los convenios con el Gobierno Nacional para el traspaso eficaz de las competencias. Confiamos que más allá del tratamiento de las sesiones ordinarias, el Gobierno Nacional suscriba dichos convenios.
Desde hace años se viene postergando la autonomía plena de la Ciudad, y nosotros estamos convencidos de que ese es el camino para cumplir con la Constitución Nacional. Por eso, desde mi rol como Ministro de Justicia de esta Ciudad, voy a seguir trabajando para lograr el traspaso de todas las competencias a la Ciudad y lograr una justicia ágil, eficaz y transparente que represente a todos nuestros vecinos.
* El autor es Ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
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