El desarrollo de las economías regionales debería ocupar un lugar central para la gestión nacional, sea cual fuere el color político que se encuentre al mando. No sólo porque quienes vivimos en el interior somos tan argentinos como los de CABA o el AMBA, sino porque somos los principales generadores de puestos laborales y de divisas, tan necesarias en este delicado presente que transita nuestro país.
Por eso, me parece importante lo que pasó esta semana cuando el gobierno nacional, después de tomar nota sobre el impacto negativo que podría tener la Ley Ómnibus en la industria pesquera, nos abrió las puertas de la Casa Rosada, escuchó nuestros reclamos y asumió el compromiso de rever la normativa. Una actitud que hace muy poco tiempo atrás era impensada.
La Ley Ómnibus presentada por el presidente Javier Milei incluía la modificación, entre otros, del artículo 25° de la Ley de Pesca, que obliga a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos argentinos; el 40°, que garantiza que el 75% de los tripulantes de los buques sean argentinos o extranjeros con más de diez años de residencia permanente en el país; y el 24°, que reserva la explotación de los recursos vivos marinos dentro de la Zona Económica Exclusiva (hasta 200 millas mar adentro) a personas físicas o jurídicas constituidas en el país.
Ni los intendentes, gobernadores o los diferentes sectores que dependen en gran medida de esta industria fuimos consultados al respecto. Y esto fue lo que marcamos desde un principio: no pueden tomarse decisiones desde el desconocimiento.
La industria pesquera genera ingresos por 1.600 millones de dólares anuales para el país y Mar del Plata es el principal puerto de descargas: casi el 50% de la descarga de la pesca se hace en mi ciudad. Además, alrededor de 30.000 puestos de trabajo directos en Mar del Plata viven de esta industria con lo cual, si se llevasen adelante estas modificaciones casi 30.000 familias perderían su laburo.
Mi compromiso siempre fue claro y es defender el trabajo de los marplatenses. Por eso, junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, solicitamos un encuentro con el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, para hablar sobre estos temas. El pedido fue aceptado inmediatamente y el jueves pasado nos recibió en la Casa Rosada junto al ministro de Defensa, Luis Petri, y el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella.
En el encuentro quedó claro que todos compartimos el espíritu de la reforma que plantea la Ley, y quedó clara también la importancia de escuchar al interior a la hora de tomar decisiones. Planteamos la necesidad de defender el trabajo de los argentinos, y que cuando llega un buque que descargue a tierra, ya sea en Mar del Plata o en cualquier otra ciudad del país, esté asegurado el trabajo para quienes viven en nuestras regiones.
El Gobierno escuchó nuestra postura y se comprometió a trabajar para clarificar todas las cuestiones que puedan afectar a la industria pesquera. Venimos de cuatro años en donde el anterior gobierno nacional dejó un desastre en la economía y estoy convencido que hoy el mayor desafío es frenar la inflación, tomando decisiones en donde primen el sentido común, la austeridad y fundamentalmente la transparencia.
Y en este sentido es necesario repetirlo: no se puede legislar sin escuchar al interior. Muchas veces, cuando se toman decisiones desde CABA o el AMBA sin consultar con las provincias, las consecuencias son graves y se pone en riesgo el bienestar de muchos argentinos.
Debería ser la regla y no la excepción poder sentarnos en una mesa y tener la posibilidad de explicar por qué creemos que ciertas decisiones no son las mejores, y que se tomen medidas al respecto. Lamentablemente, esto no pasaba hace ya mucho tiempo. El diálogo es la única manera de resolver estas cuestiones y nuestros reclamos fueron bien recibidos y escuchados. Siempre defendí y voy a defender el trabajo de la región Mar del Plata.
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