Moratoria previsional de Anses sin abogados: cuando la limosna es grande hasta el zonzo desconfía

Recientemente la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), dictó una Resolución que impide a los apoderados solicitar turnos para iniciar los trámites del Plan de Deuda Previsional. Esto significa que muchísimos jubilados y pensionados queden sin representación letrada para acceder a los beneficios de jubilarse con la moratoria, pero atenta contra las garantías constitucionales de un sector importante y vulnerable de la población argentina, los adultos mayores.

Además de los obstáculos que presenta la nueva Resolución de la Anses, cabe destacar que muchos jubilados y pensionados se encuentran en una situación económica precaria que les impide costear los honorarios de un abogado. Esta medida del Estado, entonces, no solo limita el acceso a la representación letrada, sino que también agrava la desigualdad y vulnerabilidad de los adultos mayores. Sería importante que las autoridades comprendieran la importancia del acceso a la justicia para todos los ciudadanos, y en especial para aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Excluir a los abogados de la posibilidad de solicitar turnos o hacer trámites administrativos bajo el pretexto de reducir el “costo” que generan los honorarios, no es otra cosa que una embestida contra los derechos de los más vulnerables. Olvidándose que, más temprano que tarde, todos vamos a llegar a esa instancia a la hora de jubilarnos, y que lo que se reclame en sede administrativa, condiciona el resultado de un juicio posterior. Tengamos en cuenta además que en la mayoría, sino en todos los casos se van a plantear diferencias respecto de los años aportados, y en consecuencia de la deuda que deberán pagar quienes quieran jubilarse.

Una de las mentiras más comunes con las cuales perjudican a los ciudadanos es decirles que el abogado cobra honorarios elevados, que pierden dinero y, por desconocimiento de sus derechos, lograr que al final no reclamen lo que les corresponde. Ese es el principal y verdadero objetivo. Este mensaje implícito lo utilizan frecuentemente las ART, compañías de seguros y el propio Estado (en este caso Anses), que debería ocuparse, precisamente, que esto no suceda.

De la misma manera que cuando hablan de la “industria del juicio”, lo que están haciendo es ocultar la “industria del incumplimiento”, por parte de los empleadores y del Estado: pagan en negro, no pagan las horas trabajadas realmente, no realizan los aportes, el Estado no controla como debiera ni alivia la carga tributaria y después la culpa la tienen los abogados laboralistas.

La solución tampoco es prescindir de un patrocinio jurídico para realizar este tipo de trámites. Porque cuando dicho trámite reviste de una complejidad que implica que hagan una liquidación por mucho menos dinero que el que corresponde, es imprescindible contar con el asesoramiento de un abogado.

Por otro lado, es preocupante que se deslegitime constantemente el rol de los abogados, presentándolos como una amenaza o un costo excesivo. Sin embargo, los abogados tenemos un papel fundamental en la defensa de los derechos de los ciudadanos y en la lucha contra la impunidad y el abuso de poder. Si el Estado y otras instituciones públicas continúan atacando a los abogados y limitando su actuación, estarán debilitando la protección de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos. Es importante recordar que la defensa de los derechos es un derecho en sí mismo, y que los ciudadanos no deben ser privados de esta defensa por motivos económicos o ideológicos.

En definitiva, lo que se enmascara en este tipo de embestidas permanentes, es un perjuicio a los sectores más desprotegidos. Precisamente, cabe recordar a toda la ciudadanía el famoso refrán: “Cuando la limosna es grande hasta el más zonzo desconfía”.