Nuevas desapariciones en democracia ante un Estado indiferente

Narremos un hecho reciente, desconocido para muchos. En la madrugada del 8 de mayo pasado en Villa Gesell, Marcelo Medina, un joven de 19 años, tras una discusión con su padre, sufrió una fuerte excitación psicomotriz a la que se sumó un probable delirio místico. Confundidos y asustados, sus padres llamaron a la policía y lo llevaron al hospital municipal. El joven no quería bajar del patrullero y la médica de guardia, excusándose en la Ley de Salud Mental omitió cumplir con su deber profesional, dado que a partir de los 18 años una persona puede ser internada solo con su consentimiento. En definitiva, no se cumplió con uno de los pilares de la ética médica, el paciente sufrió un acto de abandono de persona. Siguiendo el erróneo criterio de la profesional, los agentes policiales del patrullero desistieron en retenerlo en contra de su voluntad. Ante la desidia de la médica y policial, en un descuido, Marcelo se escabulló en la oscuridad. Desde ese momento nunca más se supo de él.

Su madre, Carina, con el paso de las horas y ante la pasividad de los testigos de la crisis de su hijo, se dirigió a la Comisaría 4 de la localidad. Allí sufrió el primer bofetón de los mucho que ha recibido a lo largo de estos interminables y angustiosos días: ”-¿Aquí me venís a tirar este paquete? Vos sos la madre, deberías saber dónde anda tu hijo”. A los pocos días acudió a la Fiscalía de la localidad. La fiscal, Dra. Verónica Zamboni, estaba de vacaciones. En su reemplazo, el secretario Ignacio Marzullo tomó nota del caso y por toda respuesta le informó a la atribulada madre que él mismo le mandaría un “mensajito” a la fiscal, quien recién 6 días después atendió a Carina y al padre de su hijo, Miguel, por primera vez. Mientras tanto, unos tibios rastrillajes, poco eficientes y desganados se hacían donde algunos vecinos decían haber visto al muchacho. Recién al octavo día tras la desaparición, la policía allanó la casa de Marcelo. En la búsqueda de alguna pista, ingresaron a su cuarto y se llevaron su computadora.

No faltó la nota de color que tiñe esta historia de desolación. Una vecina, con dotes de “vidente”, fue a ver al Secretario de Seguridad del Municipio asegurando que a Marcelo lo habían matado, y que su asesino era nada menos que su padre. Con esa “información” a punta de pico y pala dieron vuelta el fondo y el jardín de los Medina. Casi 11 días después de la desaparición una policía de Mar del Plata, les avisó que el celular del joven había mandado una señal.

Mientras la entrevistaban en un canal de televisión, Carina se entera que un hombre evitó que su hijo se arrojara al mar desde el muelle, dato trascendental que según ella no figuraba en el expediente.

Mientras tanto, los abogados Fernando Soto y Martin Sarubbi asumen de manera gratuita la representación de la familia. Fueron tratados por la Fiscalía de manera poco servicial, por no utilizar un término más urticante.

Una periodista de Villa Gesell , Jorgelina Mena, sigue los pasos de esta pesadilla familiar y se contacta con la Asociación Civil Usina de Justicia, alertándonos de la situación. Es aquí donde descubrimos esta cadena de irresponsabilidades: ¿puede la fiscal que interviene en el caso recibir a los padres del desaparecido sólo después de insistentes llamados? ¿Es aceptable que los restos humanos que aparecieron en las playas de Mar de Ajó recién sean evaluados en el mes de noviembre porque la policía Forense de la Provincia de Buenos Aires no puede dar turno más temprano por falta de recursos? ¿Que sólo luego de insistencia y presión de la familia pusieron una recompensa de $5.000.000 para quien diera información fehaciente sobre el paradero del joven? Se perdieron días preciosos en su búsqueda. ¿Qué el Intendente de la localidad le dio poca importancia al reclamo de la familia? ¿Cuánto dolor más deberá soportar esta madre, que recorrió canales de radio y televisión soportando reportajes de todo tipo mientras esperaba que el Ministro de Seguridad Sergio Berni cumpla con la cita que alguien le prometió?

Usina de Justicia, entidad que se ocupa de defender los derechos de los familiares de las personas fallecidas en hechos de inseguridad, denuncia que la familia Medina es víctima de un cruel sistema policial y judicial que revictimiza sin piedad. Que la Ley de Víctimas no se cumple como corresponde y, por eso, esta ONG siente la necesidad de acompañar a esta familia.

Ellos sólo desean recuperar a su hijo que por desidia y negligencia fue abandonado a su suerte, solo por tener un año más de lo que la establece como la mayoría de edad.

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