Las empresas públicas en las que el Estado Nacional es el único accionista se concentran en los sectores de transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, energía, manufacturas e intermediación financiera. En 2020, generaron $479.410 millones y recibieron transferencias del Estado por $295.632 millones. Estos valores representan un 1,74% y un 1,08% del PBI, respectivamente. Una buena gestión de estas empresas es fundamental en la medida que tienen una alta participación en sectores clave para el desarrollo económico y social, y para promoverla es necesario fortalecer su rendición de cuentas. Para esto, las prácticas de transparencia son clave.
En la actualidad existen herramientas para llevar adelante acciones que faciliten el acceso a la información de las empresas públicas. En 2016 se promulgó la Ley de Acceso a la Información Pública, que es genérica para los organismos públicos e incluye a las empresas públicas como sujeto obligado. Sumado a esto, en 2018 desde la Jefatura de Gabinete se publicaron lineamientos específicos de transparencia complementarios, que suman obligaciones para estas empresas, vinculadas a la naturaleza de su actividad.
El cumplimiento de estas disposiciones es aún dispar dentro del conjunto de las empresas públicas. En CIPPEC elaboramos un índice que evalúa el nivel de cumplimiento de transparencia activa -divulgación proactiva de información-sobre la estructura, funcionamiento y desempeño de las empresas. Esta valoración toma dos dimensiones: la calidad o desagregación de la información; y su actualización.
Este índice posee una escala de 0 a 100 y su nivel promedio de desempeño del conjunto es bajo: 42,5. El mejor desempeño relativo se da en la información sobre compras y contrataciones (51,3), estructura y organización (49,9) y gestión estratégica y operativa (46,0). En menor medida es posible encontrar información de calidad y actualizada sobre gobernanza corporativa (40,8) y acceso a la información e integridad (38,1). El nivel más bajo se observa en la información sobre desempeño económico y financiero (30,8).
Si bien estos datos evidencian que las empresas públicas, como sector, tienen aún un largo camino por recorrer para alcanzar estándares aceptables de transparencia, no todas son malas noticias. Existen empresas con niveles y prácticas destacadas. Dado que los procesos de implementación de marcos normativos no son sencillos ni están exentos de desafíos, un análisis sistematizado de situación y estas prácticas destacadas pueden ser un faro hacia el cual orientar los esfuerzos.
En esto, la voluntad política de los directorios -máximo órgano de toma de decisiones en las empresas públicas- es fundamental. La divulgación de información no debiera encararse sólo como una tarea adicional: la transparencia es tanto un fin en sí mismo –ya que involucra derechos ciudadanos- como un medio. Los procesos de modernización y transparencia del Estado traen aparejadas mejoras en la gestión. La implementación de sistemas electrónicos de compras y contrataciones, por ejemplo, hizo más eficientes estos procesos. La obligación de transparentar interpela a mejorar.
Divulgar información sobre la estructura, funcionamiento y desempeño de las empresas públicas puede ser un eje ordenador de sus prioridades, que contribuya a que sean más eficaces y eficientes en su importante rol social y económico.
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