La corrupción y la droga matan

Una noticia conmocionó al país por la velocidad, el dramatismo y la irreversibilidad de lo que estaba sucediendo. Vimos en directo cómo morían personas por haber consumido cocaína adulterada en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y cómo se intercalaban declaraciones absurdas y vergonzosas de altos funcionarios con las palabras de madres, familiares y amigos de las víctimas desesperados por lo que estaban viviendo.

Vimos amplificado en cadena nacional el drama que desde hace muchos años vivimos en los barrios.

Una sola noticia fue suficiente para poner sobre la mesa el abandono multidimensional que hicieron los funcionarios que nos gobernaron por décadas con respecto a la droga en nuestro país. Se renunció a la lucha contra el narcotráfico, se desatendió a las familias que piden ayuda, y se abandonó al adicto que necesita alternativas terapéuticas y sociales para encontrar la salida.

Hace unos 10 años estuve en Medellín, Colombia, y en una de las charlas a las que asistí aprendí que hay distintos niveles de penetración del narcotráfico en el Estado. Primero, empiezan por corromper instituciones a través de las grandes sumas de dinero en efectivo que manejan. En una segunda instancia, comienzan a instalar funcionarios leales a través de elecciones y el financiamiento de campañas electorales. Y, por último, el avance es total hasta lograr lo que conocemos como narcoestado, como por ejemplo lo hizo Pablo Escobar que hasta llegó a pretender pagar la deuda externa. El nivel de penetración con el que convivimos en Argentina es cada vez más peligroso y vamos hacia ese último estadio si no actuamos a tiempo.

La connivencia política y la manifiesta renuncia a luchar contra este flagelo no solo trae consecuencias macro, sino que también deja en soledad a aquellas personas que en los barrios más vulnerables tuvieron que decidir entre denunciar y exponerse a amenazas, o vivir sometidos al narco.

Por ejemplo, la liberación indiscriminada de presos durante la cuarentena, que fue vista por muchos como un hecho repudiado por la clase media que lo manifestó a través de cacerolazos, en los barrios como los de La Matanza se vivió con miedo por la vuelta de aquel narco que sabía quién había sido el “buchón”. ¿Quién se atrevería a denunciar si luego el Estado decide exponer al denunciante de esta manera?

Por otro lado, estos días palpamos la falta de iniciativa, por ser generosos, cuando con una inmediatez inusitada se dio con el búnker de donde habría salido la cocaína adulterada y llegaron a todos los vendedores de la zona. Se sabe dónde se vende la droga pero se mira para un costado.

Cuando el Estado abandona a esas madres que deambulan por hospitales, juzgados y fiscalías con sus hijos dispuestos a internarse, que muchas veces juntan para el pasaje de ida sin saber cómo van a volver, cuando se les cierran las puertas una y otra vez, se pierde toda esperanza de recuperar la vida de un hijo. Esas madres no saben cuándo podrán volver a intentarlo, o si alguna vez podrán.

Si al adicto que busca una salida no se le ofrecen la contención y las alternativas suficientes y en el momento que lo necesita, no solo se deja sola a esa persona y a su entorno, sino que es la sociedad la que sufre el desamparo. Dar luz verde y allanar el camino a quienes ven en esos pibes sin recursos un negocio rompe el entramado social. Primero los hacen dependientes del consumo para que, ante la ausencia y complicidad de las instituciones, solo vean futuro como soldaditos de la droga, con las consecuencias que todos conocemos.

La corrupción y la droga matan. Han muerto veinticuatro personas y era responsabilidad del Estado velar por ellos, no abandonarlos. ¿Cuál debería ser entonces la política, si no es el combate a brazo partido del narcotráfico?

En cada recorrida confirmo que este es el flagelo más terrible en el conurbano. Es urgente crear espacios de cercanía en los barrios donde los jóvenes encuentren contención y un futuro lejos de la droga, que destruye tantas familias. Es imperioso que el Estado deje de ser cómplice, que proteja a quien denuncia, y que garantice que el que las hace, las pague.

No hay más tiempo. Como sociedad tenemos que unirnos y comprometernos a desarrollar una resistencia moral que cambie la Argentina. No podemos quedarnos con la indignación pasajera que surge cuando los medios muestran de manera brutal noticias tan conmocionantes. Tampoco debemos dejar que el miedo nos paralice. Hay que actuar.

Nos invito a repensar el futuro que queremos para nuestro país, pero sobre todo para nuestros hijos y nietos. Si vamos a permitir la degradación y la corrupción total de nuestras instituciones y que Argentina se convierta definitivamente en un narcoestado, o si, en cada una de nuestras acciones y decisiones, vamos a luchar indeclinablemente y a conciencia por torcer el rumbo y no resignarnos a vivir en el abandono.

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