Se acerca el 2022. Un año que nos dejará descansar de las maratónicas jornadas electorales y pensar un poco más en el país. O al menos eso creemos. La realidad está un poco distante de ese utópico silencio.
Durante los 365 días que se inician el próximo 1° de enero, los abogados van a elecciones en todo el país, en esta oportunidad con mucho más en juego que en otras ocasiones. Por efecto de la pandemia y por la expectativa que despierta el posible fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de la inconstitucionalidad de la ley que regula la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Antes de analizar las especulaciones sobre este caso, me voy a permitir señalar algunas fechas trascendentes del año entrante en la única profesión que gobierna completamente uno de los tres poderes del estado.
A fines de abril se pone en juego la conducción del gigante porteño. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, promete una elección en la que están habilitados a concurrir unos 70.000 colegas. La gran final entre Rizzo y Gil Lavedra se presenta como un adelanto de las elecciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y del Nacional (sea cual fuere la decisión de la CSJ).
Luego , durante el mes de mayo van a las urnas los 20 colegios de abogados que conforman el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, la Caja Previsional y los representantes ante el Consejo de la Magistratura de la PBA. En este caso, por efecto de la pandemia y de las decisiones de la mayoría de los dirigentes de la abogacía provincial, en un amplio abanico territorial (a excepción de los Colegios de Lomas de Zamora, San Isidro, La Matanza, Pergamino, La Plata, Morón, Moreno y Necochea) deberán renovar todas sus autoridades. Y de allí, actualizar las representaciones de los mencionados órganos y organismos de la Colegiación y del Consejo bonaerense.
En Junio renovará sus autorices la Facultad de Derecho de la UBA. Leandro Vergara reemplazará a Alberto Bueres concluyendo un recambio generacional que reinsertará a la mayor usina de abogados del país en los debates sobre los Consejos y las vacancias en las Cortes. La Facultad de Derecho de la UBA no limita su injerencia al ámbito porteño. Su prestigio nacional e internacional es un escaparate principal para las aspiraciones de muchos altos funcionarios judiciales en cada rincón del país.
En la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia está a punto de perder quórum y el empate en el Senado Bonaerense obliga a un diálogo que no se dio hasta ahora.
El resultado de las elecciones no permite avizorar la designación de un Procurador General ante la CSJ ni un Defensor del Pueblo de la Nación. También la corrección política de la época impone la necesidad de una jurista para completar la Máxima autoridad judicial del país. Será tiempo de acuerdos.
La proximidad de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26080, que redujo a 13 miembros el Consejo de la Magistratura de la Nación es un secreto gritado a los cuatro vientos. La CSJ está haciendo cálculos de agenda. Y antes que arranque “el año del abogado” se apresta para darle el tiro de gracia al modelo de CFK que viene regulando el proceso de selección y remoción de magistrados desde 2006.
La vuelta al “Consejo Grande” implica la elección de 4 abogados en un único distrito nacional (en lugar de los dos de ahora, uno por el interior y otro por la CABA) y un profesor titular de las Facultades de Derecho que accedieron al cargo y a ese rango por concurso público de oposición y antecedentes. También volvería a presidir el Consejo, el presidente de la Corte, y se sumarían las segundas minorías en diputados y senadores.
Para un año no electoral, muchas elecciones.
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