La ley de etiquetado, otro golpe a las empresas

Nuestros políticos de turno nos tienen acostumbrados a políticas absurdas que afectan las perspectivas de progreso de todos los argentinos. No obstante, unas son más perjudiciales que otras: este es el caso del tan nefasto proyecto de “Ley de Etiquetados”.

La Ley de Etiquetados puede ser atacado desde dos frentes, ambos de gran validez argumentativa. Por un lado, desde el punto de vista moral y, por el otro, desde el costo económico de tal ley.

Desde el punto de vista moral está mal que un grupo de burócratas determinen que es lo bueno o malo para nuestra salud. Los que toman decisiones no son más que individuos de carne y hueso que no poseen información completa y son capaces de equivocarse. Para muestra solo hace falta un botón y el año pasado esos mismos burócratas que hoy se visten de grandes eruditos, al querer determinar que debemos o no comer, nos encerraron durante 9 meses en una cuarentena que afectó el bienestar de millones de argentinos.

El individuo no es un ente ignorante que no sabe qué alimentos escoger para llevar adelante una vida saludable. Es más, la prioridad primera del hombre, desde épocas memorables, es la preservación de su propia vida. Hasta el hombre más primitivo buscó desde hace milenios la forma de alargar su vida y lo ha logrado, más que satisfactoriamente, hasta nuestros días. Así que, es un delirio total que un grupo de individuos quieran establecer que se debe o no consumir. Si una persona consume un producto con “exceso de azúcar”, por ejemplo, como el caso de una gaseosa, no es porque no sepa la cantidad de azúcar que está ingiriendo sino porque ese consumo le genera placer. Ese placer también mejora la calidad de vida del individuo. Y, más allá de eso, es totalmente válido que el individuo con su cuerpo decida lo que quiera hacer.

Por otra parte, con respecto a la obesidad infantil, quién más que los mismos padres saben lo que les conviene a sus hijos y lo que es bueno o no que consuman. En esa decisión tampoco debería interferir un grupo de burócratas que hoy poseen la fortuna de estar en el poder. Cómo es posible que, constantemente, el Estado quiera meterse en el hogar de los argentinos. Asimismo, 7 de cada 10 chicos hoy se encuentran en situación de pobreza; el grupo de burócratas debería preocuparse más por liberar la economía y permitir que los argentinos gocemos de un próspero nivel de vida.

Desde el punto de vista económico también es nefasta la ley:

i) obliga a las empresas a repensar su modelo de negocio desde cero, incurriendo en una inversión adicional que hoy muchas no cuentan;

ii) afecta a industrias claves como la azucarera que generan miles de empleos en la región más pobre de nuestro país, el NOA;

iii) atenta contra el empleo y el producto total; y,

iv) perjudica la cadena global de suministro de muchos sectores.

Es esencial entender que muchas Pymes que hoy generan cerca del 40% del empleo total en nuestro país se verían fuertemente perjudicadas ya que uno de los puntos más nocivos de la ley es que obliga a reformar tanto la campaña de publicidad y promoción como el logo. Es decir, en muchos casos, las empresas deberán incurrir en un gasto proporcional al que incurrieron al asumir en el proyecto. Totalmente perjudicial ya que muchas terminarán cerrando sus puertas y dejando a cientos de familias en la calle.

Hoy las empresas deben afrontar una crisis de liquidez y solvencia; luego de 9 meses en las que vieron sus actividades restringidas. A esto se le suma los problemas que tenían siempre de regulaciones laborales estrafalarias e impuestos altos.

La legislación y la regulación laboral en nuestro país es uno de los factores que explican la falta de inversión y competitividad. Altas regulaciones son sinónimos de bajos salarios reales, más desempleo e informalidad. Los altos impuestos son otras de las trabas que deben afrontar las empresas en nuestro país. Los impuestos son los más altos del mundo, hoy una Pyme de 60 empleados paga un 106% por sobre su ganancia neta. La presión impositiva supera el 35% del PBI. Son números que no se registran en otras partes del mundo. Es absurdo que, bajo este contexto, se las obligue a incurrir en un gasto adicional. No hay margen para ello.

Sin embargo, los políticos se empecinan en ahogar al sector privado, creyéndose eruditos de una laboriosa tarea que jamás realizaron. Hasta que no comprendamos que es inadmisible que un grupo de personas decidan sobre el futuro del resto, jamás saldremos de este círculo tan nocivo.

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