
La realidad argentina asciende hacia un nivel más elevado de complejidad e incertidumbre. Luego del shock derivado de la pandemia del año 2020 y que aún no está resuelto, un mayor desequilibrio macroeconómico, políticas económicas que no lograron los resultados esperados y un desempeño electoral no esperado por parte de la administración de gobierno actual; se suman las fuertes tensiones dentro del espacio político del oficialismo que no parecen tener un límite concreto, y se observan como una posición de intransigencia sustancialmente peligrosa para la reactivación económica y sobre el panorama social. Esto no solo que no es neutral para la economía, sino que efectivamente expone un panorama de mayor dificultad para la política económica, al menos en el corto plazo.
El impulso principal del shock interno se deriva de la mayor incertidumbre de mercado, consecuente de la disputa política. Un panorama más incierto se traduce indefectiblemente en un factor de complejidad para una economía de gran deterioro, esencialmente a través de dos canales. Por un lado, las expectativas de los agentes económicos (empresarios y trabajadores) se reconfiguran hacia una fase donde las decisiones económicas se modifican o se postergan, efectivamente hacia un punto de menor demanda y producción. Un menor nivel de demanda y producción generan una economía con menor capacidad productiva, ampliando las restricciones sobre el crecimiento económico. Esto se intensifica para la variable inversión, fundamental para una mayor producción y creación de empleo. A su vez, un nivel menor de actividad económica y empleo, implica un posterior deterioro social debido a una mayor pobreza, indigencia y distribución del ingreso. Este escenario se sitúa en un espacio de un nivel de inflación mensual relativamente alto, es decir, una dinámica favorable para la continuación del proceso de estanflación (recesión más inflación).
Por otro lado, un nuevo impulso sobre la incertidumbre plantea efectos con sesgo contractivo en el sector financiero, principalmente a través de los flujos de inversión y la generación de crédito, lo cual se amplifica en una economía con condiciones de fragilidad y acceso restrictivo al sistema financiero internacional. Una de las consecuencias potenciales se relaciona con la interrupción de futuros influjos financieros externos, ya sea inversión en el mercado financiero o inversión real, y de las decisiones de inversión interna. En la perspectiva de los inversores externos e internos, la incertidumbre derivada de las tensiones e intransigencia política frente a un panorama de fragilidad y crisis económica, se traduce en suspensión de decisiones de inversión afectando el nivel de empleo. En rigor, una caída de la inversión real y/o menores posibilidades de fondeo de empresas para administrar pasivos o financiar nuevos proyectos productivos, ineludiblemente se traduce en menor capacidad de generación de empleo y, en definitiva, una nueva restricción para el inicio de la recuperación económica.
En suma, en ausencia de acuerdos y cohesión en relación a los objetivos de política económica, converger en una estabilización económica y generar un proceso virtuoso de reactivación de la actividad, mayor inversión y menor inflación será una misión muy difícil para los hacedores de política. Contrariamente, lo que observamos es mayor descoordinación, incertidumbre, y consecuentes desequilibrios macroeconómicos, impulsados una vez más desde la intransigencia y lucha de poder del sector político.
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