En nombre la “justicia social”, término difícil de definir y de consensuar acerca de lo que significa, el Estado suele imponer a sus habitantes regulaciones, impuestos, cargas, subsidios, beneficios, controles de precios y toda clase de intervenciones en la vida de la comunidad, afectando la libertad de las personas, y el normal rumbo de nuestras vidas. Estas intervenciones no solo están dirigidas a cuestiones económicas, sino también las vemos en temas de salud, educación, cultura, esparcimiento, religiosas y otras.
La clase política argentina entiende que la justicia social es corregir ciertas situaciones injustas, provocadas por el egoísmo de algunos, o por sus privilegios y poder relativos desproporcionados, para redistribuir recursos, imponiéndose a las reglas del mercado, en favor de aquellos que están más necesitados y desposeídos. Luego de realizada esta redistribución viviremos todos en una sociedad ”justa”, según lo defina la clase política. Intervienen lo “social”, para generar “justicia” y mejorar el bienestar general y en particular de los desposeídos o marginados. Luego de la intervención viviremos felices en un mundo mejor.
Sabemos que el nivel de los ingresos de los individuos en una economía libre no son ni justos ni injustos. Están fuera de esa posible categorización. El nivel de los ingresos de cada uno surge de múltiples valores y factores difíciles de definir y cuantificar, incluyendo las libres opciones que realiza cada individuo, y que además van cambiando en el tiempo.
Argentina es la clara evidencia de que generar mayor justicia social a través de la afectación de las libertades que realiza la clase política en la vida de las personas no solo es imposible, sino que trae resultados opuestos a los buscados. Durante los últimos 60 años hemos multiplicado varias veces el gasto público en relación al PBI y en particular en redistribución y beneficios sociales, y cada vez hay más pobres e injusticias. Esto no es mi opinión personal, sino que surge de las estadísticas provistas por el estado a disposición de quien quiera verlas.
Más adelante daremos una visión libertaria de la justicia social. Como ha estado tan candente vamos a revisar las consecuencias que traen aparejadas los impuestos a los activos, en cabeza del aumento de la alícuota de impuesto a los bienes personales y el nuevo impuesto a la “riqueza”, como un ejemplo de lo mencionado hasta aquí.
La ideología detrás de estos impuestos consiste en sacarle a los ricos recursos que les sobran y que además estas personas no les dan ningún uso productivo y “social”, para redistribuirlos y darles un buen y mejor uso por la sociedad, según lo defina la clase política de turno. Los problemas y consecuencias negativas de estos impuestos son varias.
Se desconoce la diferencia entre los activos que posee una persona y su patrimonio, este último siendo la diferencia entre sus activos y pasivos. También desconoce la diferencia entre lo que significa el stock de un patrimonio, del flujo de fondos que generan esas personas y esos bienes. Según la etapa de la vida normal de un individuo, cuando se es joven se tiene más flujo que stock, y el paso de los años dejan de tener flujos y pasan a tener solo stock. Tener que pagar impuestos vendiendo necesariamente parte del stock puede tener graves consecuencias. Incluso puede resultar muy difícil o imposible. Pero probablemente las consecuencias más graves que trae son aquellas difíciles de medir y conocer. Para empezar, es equivocado pensar que los recursos de los ricos no están trabajando en beneficio de la comunidad, incluyendo recursos que puedan parecer ociosos en efectivo en una cuenta bancaria (nadie tiene importantes recursos en “efectivo” fuera del sistema bancario), ya que la función de los bancos es redirigirlos hacia proyectos productivos vía préstamos. Ni hablar cabe de activos que conformen compañías que dan trabajo, pagan impuestos y ofrecen productos necesarios para la sociedad. Vemos que los activos, en forma directa o indirecta están todos orientados a la generación de inversiones y por lo tanto producen nuevos puestos de trabajo y mejoras en los salarios reales.
¿Qué pasa entonces al gravar los patrimonios? Pasa que se rompe este circuito virtuoso por el cual los patrimonios generan capital productivo hacia inversiones en el sector privado destruyendo la generación de nueva riqueza y puestos de trabajo, para derivar recursos hacia el sector público, que hará un peor uso de los mismos y por lo tanto de la sociedad. Vemos entonces como una carga impositiva desmesurada como la argentina lleva a la decadencia y la pobreza, y no a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Pero las consecuencias tampoco terminan aquí como también somos un triste ejemplo. Los empresarios mudan sus capitales a otros países, o los esconden, y ellos mismos deciden irse del país. Ahora su energía personal y sus activos serán aprovechados por otros países y sus ciudadanos. Nuestros jóvenes, y capaz los más emprendedores, emigran hacia otros países donde vean oportunidades de trabajo gracias al círculo virtuoso de la inversión, iniciativa e inventiva privadas.
La “justicia social” no es un concepto ajeno o contrario a las ideas libertarias, ni rechazado por sus simpatizantes. Todo lo contrario. Los amantes de libertad desean el mayor bienestar y felicidad posible, para la mayor cantidad de personas posible y que no existan privilegios para nadie. Pero su receta es completamente diferente. El libertario busca resolver las injusticias y las diferencias de oportunidades atacando la causa de las mismas y la razón de porque estas existen, y no a través de nefastas redistribuciones dirigidas por el poder político de turno. Busca anular y modificar las políticas públicas que dan origen a las injusticias. Por ejemplo, la gente de menores recursos es la mayor perjudicada con nuestras leyes laborales que los intentan proteger. Nuestras leyes hacen que tengan trabajos precarios y mal remunerados. Lo mismo pasa con el monopolio de la educación y de la salud y de la jubilación. Quienes menos pueden defenderse y más perjudicados están son las personas de menores recursos, que supuestamente se intenta proteger. Las regulaciones que impiden emprender, dar trabajo, hacer nuevas inversiones y elegir como vivir son las cuestiones de justicia social que atacan los liberales. Mejorar las instituciones y su funcionamiento es hacer verdadera justicia social. Hay que tener pocas, estables y claras reglas de juego, un poder judicial independiente, un estado pequeño y clara división de poderes. La libertad de trabajar y comerciar es una potentísima herramienta para reducir la pobreza y permitir la movilidad social. Atacar todo lo que lo impida es justicia social libertaria.
Las recetas socialistas y de izquierda para eliminar la pobreza y las injusticias ya han sido probadas y han fracasado. Es el momento de probar algo diferente. Tenemos que animarnos, proponerlo y exigirlo.
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