Falacias económicas y políticas en torno a los subsidios energéticos

Entre diciembre de 2001 y diciembre de 2015, el índice general de precios creció 1392%, el dólar se apreció un 1043% respecto al peso, el índice de evolución de salarios creció 1658% y la factura de Metrogas para la categoría residencial R1 aumentó sólo el 175 por ciento. Durante 14 años las tarifas de gas y electricidad se retrasaron respecto a la evolución del conjunto de precios de la economía. Cuando hay que recomponer semejantes deterioros que superan los tres dígitos cualquier ajuste para reducir subsidios va a ser titulado como “tarifazo”. La contracara de los retrasos tarifarios son los subsidios. Se sabe que los subsidios indiscriminados benefician más a los ricos que a los pobres, que discriminan regiones geográficas no alcanzadas por los servicios, y que en contextos de inflación crónica el impacto reactivador en el consumo es efímero. Sin embargo, cuando se analiza la influencia de los retrasos tarifarios en el índice de inflación los mensajes suelen ser ambiguos y confunden a la sociedad.

El primer mensaje falaz donde abreva esta confusión es el que subestima las consecuencias de no tener tarifas energéticas que recuperen costos económicos y que, por lo tanto, deban ser subsidiadas. Es obvio el impacto asignativo del retraso tarifario con aumento del consumo energético y caída de la inversión; pero no es tan obvio el impacto en los precios relativos. Hay un período donde las propias empresas soportan la represión de precios, hasta que el presupuesto público tiene que acudir con subsidios para asegurar la prestación del servicio (que, por supuesto, deteriora su calidad). En contextos como el nuestro, de alta inflación, esos subsidios crecen en poco tiempo exponencialmente.

Otro argumento falaz es el que subestima la fuente de financiamiento de los subsidios. El relato inicial presenta el subsidio como un regalo del Príncipe. Antes era un regalo de Cristina, después de Mauricio y ahora de Alberto.

Con independencia de cuantos lo creen, hay sin embargo muchos usuarios que asumen la tarifa de gas y luz como un “impuesto” y no consideran el subsidio como un cargo que deben terminar afrontando con el bolsillo de contribuyente de los verdaderos impuestos, o con emisión inflacionaria. Peor, está instalado el relato que cruza transversalmente la política que es mucho mejor un aumento de subsidios que un aumento tarifario para reducirlos. Sobre todo porque se especula en el impacto inflacionario del aumento tarifario en el próximo índice. Pero cuando los subsidios se transforman en un problema para las cuentas públicas y su financiamiento pasa a depender de la emisión inflacionaria de moneda, la falacia se vuele dilema, porque los subsidios y su financiamiento espurio son también perjudiciales para azuzar inflación y cronificarla. La especulación electoral cortoplacista lleva a razonar que, como recomponer precios y tarifas energéticas que arrastran un gran deterioro impacta fuerte en la próxima medición (y en el bolsillo de los usuarios), mejor aumentar los subsidios financiados con “papel pintado”.

Es verdad que el congelamiento tarifario atenúa el impacto del aumento de algunos precios y tarifas en el índice general, pero también es cierto que el financiamiento inflacionario de los subsidios (la contracara) reaviva la suba del resto de los precios de la economía (pan, leche, carne, verduras, combustibles, etc.) y deteriora el poder adquisitivo del salario. La recomposición tarifaria produce un salto en la inflación de una vez; el financiamiento inflacionario de los subsidios, en cambio, retroalimenta el aumento sostenido en el nivel general de precios. La disyuntiva no es “tarifas congeladas o mayor inflación”. La disyuntiva es “aumento de una vez de la inflación por suba de tarifas o aumento sostenido de la inflación por suba de los subsidios”.

Los datos del gráfico adjunto son contundentes para avalar la última afirmación. Adviértase los saltos que tuvo el aumento de los precios y tarifas energéticas entre enero y julio de 2016, últimos meses de 2016 y primeros meses del 2018 (“inflación energética”) y su impacto temporal y acotado en el índice general de precios.

Véase en cambio, las subas mínimas desde el 2018 y el congelamiento que arrastran desde abril del 2019 hasta la fecha en comparación con la disparada del índice que releva el conjunto de los precios. Con tarifas congeladas siguió subiendo la inflación. Si el financiamiento inflacionario de los subsidios es mucho más perjudicial para prolongar y aumentar la inflación que la recomposición tarifaria, la política tendrá que reprogramar el GPS porque los costos políticos de una inflación creciente pueden ser mayores que los de contar con precios y tarifas energéticas que recuperen costos económicos. Es que la convicción de que subir tarifas hace perder elecciones, está cimentada en otro sofisma: el que asume que la inflación no tiene nada que ver con el déficit fiscal y su financiamiento con emisión monetaria.

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