Es necesario crear el Ministerio de las Consecuencias

El diputado Máximo Kirchner dijo: “La economía la maneja el Gobierno”. Pero, una cosa es orientar, balizar, canalizar -castigar- que es misión del gobierno; y otra es “manejar”. Manejar supone la docilidad de la máquina. La economía es un organismo vivo. Por eso para Juan Domingo Perón “la historia se cabalga”. Las reacciones inmanejables generan consecuencias indeseables. Por todo esto, pareciera apropiado crear el Ministerio de las Consecuencias.

Y si bien se podría pensar que eso implicaría sumar a la inflación burocrática, citando a Mari Kondo, surge que “la primera clave para ordenar es deshacerse de todo aquello que no se usa”. El nuevo Ministerio iría unido a descargar lastre. ¿Será así?

Así, ante cada iniciativa, el nuevo Ministerio estimaría las consecuencias que habría de tener una nueva norma. El dictamen deberá ser elaborado por un equipo interdisciplinario ad hoc que estaría integrado por expertos calificados en cada una de las materias necesarias para mensurar sistémicamente las consecuencias de las medidas.

De ese modo, se evitarían gravísimos problemas que producirían las “mejores intenciones” que, como se sabe, tapizan el camino del infierno.

Los ejemplos en materia penal, laboral, civil, comercial se cuentan por miles. Una indemnización justa puede llevar a la quiebra de una empresa y destruir diez puestos de trabajo. El acto de justicia es claro. Las consecuencias, evaluadas por el equipo multidisciplinario ad hoc, también lo serían.

Cerrar el proceso presencial escolar fue consistente con el principio “la única vacuna disponible es la cuarentena”. Hoy la oscilante OMS (Organización Mundial de la Salud) dice “no hay que cerrar las escuelas”. Pero ese cierre -más allá de disponer de otros medios- produce “consecuencias” en los niños, en las familias, en los docentes, en todo el sistema educativo y en la organización social. Todas absolutamente previsibles. El problema es que hoy no existe el método obligatorio para que haga que necesariamente sean consideradas, esas posibles o probables consecuencias, por quien decide.

A ojo de buen cubero se podría decir que las consecuencias pesan bastante más que las buenas intenciones. De ahí que su evaluación previa posibilitaría tomar decisiones más sabias.

La reforma de 1994 de la Constitución incluyó en el texto a los tratados internacionales. Fue una decisión que habla de liviandad y que el dictamen del Ministerio de las Consecuencias podría haber evitado. Pero lo más grave fue la instauración de las elecciones cada dos años y el ciclo presidencial de cuatro años con opción a reelección. Esa periodización se inspiró en la reforma de la Dictadura de la Revolución Argentina. Un análisis multidimensional habría expuesto las nefastas consecuencias de las elecciones, generalmente reelecciones, cada dos años en todos los órdenes. En particular en el diseño de la política de gobierno: la pasión por el corto plazo a lo que dé. El daño ha sido enorme y -por ser constitucional- casi irreparable.

En el campo de las recientes inspiraciones legislativas cabe citar “la Ley de Incendios Forestales”. La intención es detener los incendios destinados a “habilitar inmuebles” para convertirlos en proyectos inmobiliarios, o bien a la quema de bosques naturales para habilitarlos para tareas agrícolas. Hay una casi absoluta coincidencia con la intención. La pregunta es ¿ha sido realizado el análisis objetivo de las consecuencias, por ejemplo, para los incendios accidentales o provocados, lo mismo da, que arrasan con la explotación vecina? La ley ¿incentiva acaso la reconstrucción de ese capital destruido o por el contrario lo impide?

Respecto del Impuesto a la Riqueza, primero se debe confirmar que es imperiosa la necesidad de aplacar el déficit fiscal y al mismo tiempo paliar las necesidades agobiantes que ha añadido la cuarentena. Todas razones valederas. ¿Los que la redactaron tienen consciencia de la inequidad radical de esta norma? Para muchos es una invitación al cambio de domicilio fiscal: se premia la fuga.

También en el caso de la verdaderamente escandalosa. La moratoria previsional que se sancionó bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner no tuvo en cuenta las condiciones socio-económicas de quienes tenían derecho a inscribirse.

Alieto Guadagni calcula que hay aproximadamente 1,5 millones de personas de sectores sociales medios altos que gozan de ese beneficio sin que claramente lo necesiten, y que le cuesta al fisco alrededor de USD 5.000 millones por año, que se podría haber evitado.

Pero todo eso ocurre porque nada de lo que se decide, sea ley o normas ejecutivas o sentencias, se decide a partir de una visión integral, de un pensamiento programático. Nadie quiere debatir un programa integral. Hacerlo es un costo que demora la acción y el año electoral se viene encima para todos jueces, legisladores y ejecutivos.

Si esta propuesta de crear el Ministerio de las Consecuencias hubiese existido hace 40 años podrían haberse anoticiado los que entonces gobernaban y los que hoy gobiernan que algunas de las normas que dispusieron son las que aumentaron la grieta, la pobreza, la decadencia, la inseguridad y el ambiente irrespirable.

El autor fue subsecretario de Economía del ministro José Ber Gelbard y uno de los que redactó ese plan; es escritor, autor del libro “Economía y política en el tercer gobierno de Perón”, y profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA

Seguí leyendo: