Al fin la Justicia decidió poner en funcionamiento a las leyes y ha logrado que las fuerzas policiales la obedezcan, desalojando usurpadores en los casos de Guernica y de un campo en Entre Ríos.
Algo que debió ocurrir de inmediato pasó por el tamiz de la mala política y se demoró de manera inadmisible, sirviendo de distracción a un país agobiado por el encierro, la falta de trabajo y una situación en la que soñar es imposible porque solo sufrimos pesadillas.
Como fuere, la propiedad privada existe. Poco defendida por jueces y autoridades, con disgustos, daños, gastos y sobresaltos para los propietarios, pero existe.
Estemos orgullosos pero tengamos prudencia, porque hasta ahora son buenas decisiones judiciales que quizás no se generalicen.
Hace años que el flagelo de los okupas y de las demoras en los desalojos han convertido al alquiler en un bien escaso, no por falta de oferta y demanda –que las hay en potencia- sino porque el debilitamiento del amparo al derecho de propiedad retrae al oferente y encarece los precios, por el riesgo que implica meter a alguien en una casa.
Por otra parte, los tiempos judiciales siguen siendo incompatibles con la velocidad de la vida moderna, salvo excepciones.
Además, la política, el narcotráfico y los negocios espurios de quienes solo buscan dinero invocando a los desposeídos, siguen estando metidos casi siempre en las ocupaciones rurales, suburbanas y a veces urbanas y no será fácil terminar con esas mafias.
Por eso, debemos mantenernos alertas y exigentes, para que este momento no sea una excepción sino una regla: nadie tiene derecho a apropiarse de lo ajeno. Nadie, sin importar quien sea el usurpador y quien sea el propietario.
Y también debemos exigir que la Justicia sea completa, es decir que los funcionarios y jueces que no han cumplido con su trabajo y quienes violaron las leyes, sean juzgados y sancionados con el máximo rigor legal. De otra forma, esto seguirá repitiéndose cada vez mas frecuente e intensamente.
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