Logística e inseguridad en LATAM: cuando el crimen organizado redefine las cadenas de suministro

La expansión del crimen organizado está erosionando la operatividad y viabilidad de las cadenas logísticas formales en América Latina. La cual enfrenta un incremento del Crimen Organizado (a excepción de El Salvador) y una disminución de la resiliencia de sus sociedades para contrarrestarlo. Esto de acuerdo con el último estudio realizado por el Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2025). El crimen organizado por la forma violenta de sus negocios ilícitos (contrabando, narcotráfico, tráfico de personas, minería ilegal entre otros) tiene una fuerte capacidad logística comparable y en algunos casos superable a la del sector formal.

Mientras las empresas legales invierten en controles, aseguramiento de la carga y certificaciones. Las redes criminales operan con una estructura flexible, violenta y difícil de rastrear. El resultado es evidente: mayores riesgos operativos, encarecimiento de seguros y aumento de la exposición en transporte, almacenamiento, last mile y comercio exterior. La inseguridad ya no es un entorno que rodea a la logística sino un actor que la modifica y la limita.

La criminalidad medida por el Índice Global del Crimen Organizado es un fenómeno complejo en donde los actores criminales y los mercados ilegales generan estructuras económicas y logísticas versátiles que se adaptan y se desplazan cuando hay presión estatal. La complejidad de la criminalidad se debe a las múltiples variables y sus interrelaciones no lineales entre los actores criminales (mafias, redes criminales, actores del estado, actores extranjeros y actores del sector privado) y los mercados ilegales (tráfico de cocaína, heroína, cannabis, drogas sintéticas, tráfico de personas y armas, extorsión y chantaje, comercio de productos falsificados y bienes sujetos a impuestos especiales, delitos de flora y fauna y delitos contra recursos no renovables, delitos cibernéticos y financieros).

Las organizaciones criminales son más versátiles que las empresas de logística formal porque cambian de mercado ilícito y reorganizan sus operaciones cada vez y cuando el estado ejerce presión. ¡Esto es muy inquietante! ¿Acaso los procesos formales son más burocráticos y menos ágiles? Sí, los procesos formales son para entornos estables y regulados. No para competir con grupos criminales organizados y versátiles. Una organización sin obligaciones legales es más ágil porque los marcos normativos rígidos vuelven a la logística lenta y costosa. Las leyes que fortalecen la seguridad logística deben estar basadas en información que provenga de datos de calidad, porque sin evidencia cualquier regulación llega tarde y funciona mal.

¿Por qué los países no logran contener esta expansión del crimen organizado?

Los países de Latinoamérica presentan una baja resiliencia ante el crimen organizado porque sus instituciones gubernamentales son débiles. Es decir, dentro del nivel de madurez de procesos (BPMM) estas se encuentran en los niveles más bajos de la pirámide de cinco niveles. Estos son el nivel I y nivel II debido a que no tienen procesos estandarizados, presentan escasa gobernanza y su coordinación o interacción entre instituciones del mismo estado es pobre o no existe. Cabe mencionar el ejemplo de desconexión de la función judicial con las otras instituciones estatales y la gran falta de aplicación de la ley.

A esto se suma una conducción política débil. Líderes poco preparados y con falta de experiencia lideran instituciones que enfrentan a organizaciones criminales más fuertes estructuralmente. Este liderazgo no enfoca sus esfuerzos en la prevención, es decir en estrategias, mediciones, asignación de recursos, programas y procesos para inhibir al crimen organizado. Su enfoque es reactivo sin que se analice y se eliminen las causas raíz de los problemas. Esto explica porque América Latina no ha desarrollado la resiliencia suficiente para enfrentar al crimen organizado.

La inseguridad afecta a la logística formal porque encarece sus operaciones, dificulta el transporte y reduce su competitividad frente a actores informales e ilegales. Los operadores legales enfrentan desvíos de rutas, mayores costos por seguros, vigilancia y escoltas, así como pérdida de clientes. Esto impulsa a muchos usuarios a preferir servicios informales más baratos, mientras que redes ilegales aumentan su presencia. En conjunto, el crimen organizado deteriora la operación, los costos y la competitividad de la logística formal, favoreciendo la expansión de la logística informal e ilegal en América Latina.

Frente a esta realidad, surge la pregunta inevitable: ¿qué se debería hacer?

Las empresas formales de logística presentan una resiliencia baja ante el crimen organizado. Si bien sus estructuras y su gobernanza son más sólidas que las de muchas instituciones gubernamentales, situándolas de acuerdo con mi experiencia en el Nivel III del Business Process Maturity Model (BPMM). Porque poseen procesos estandarizados y que aplican estándares internacionales y regionales como el Operador Económico Autorizado (OEA) y BASC. Sin embargo, esto ya no es suficiente. Deben avanzar hacia el Nivel IV —gestión predictiva basada en datos— y el Nivel V —innovación adaptativa y articulación institucional—.

Esto implica que comiencen a gestionar datos de calidad (ISO 8000), generar información a partir de esos datos y cuadros de mando para tomas de decisiones gerenciales. No hay que dejar de lado la interoperabilidad con otras empresas y el estado porque no se puede luchar contra un fenómeno criminal transnacional ¡Sólo! La inseguridad a la par de ser una gran amenaza es una gran oportunidad para que las empresas formales evolucionen.

Es momento de que los actores logísticos formales continúen siendo los generadores de las grandes propuestas de cambio para los estados a través de las cámaras de comercio y gremiales que permitan compartir inteligencia, coordinar alertas, influir en políticas públicas y generar condiciones mínimas para operar legalmente. Asimismo, las empresas del sector deberían evaluarse con indicadores alineados al Índice Global del Crimen Organizado en materia de resiliencia, de modo que cuenten con un referente imparcial que mida sus avances, revele vulnerabilidades y guíe decisiones estratégicas.

La inseguridad y el crimen organizado ya no son asuntos policiales: son el factor que definirá el futuro del comercio, el transporte, la distribución y la competitividad de América Latina. La pregunta ya no es si afectará a la logística, sino cuánto tardará en hacerla inviable para quienes intentan operar dentro de la ley.