Del exceso de trabas a la apertura total: una transición con riesgos

“Pasamos de un sistema extremadamente proteccionista a otro en el que prácticamente se puede importar cualquier cosa”, señala Marcelo. Desde su experiencia como despachante de aduana, analiza los cambios regulatorios recientes, sus efectos sobre la producción nacional y los retos que enfrenta el sector en este nuevo escenario.

Mi trabajo está enfocado en el despacho aduanero, tanto en importación como en exportación, además de otros servicios vinculados con la logística, como transporte, distribución y almacenamiento.

Mi fuerte es atender empresas industriales que producen bienes a partir de insumos importados o exportan productos con valor agregado nacional. Hoy, sin embargo, el panorama cambió: la apertura indiscriminada de importaciones y la desregulación están llevando a muchos fabricantes a evaluar si les conviene seguir produciendo o importar directamente el producto terminado.

En lo personal, no cambia demasiado, pero a nivel país es preocupante. Muchas empresas que invirtieron en maquinaria y empleo ahora operan con capacidad ociosa porque resulta más barato importar que fabricar. Eso afecta a la mano de obra y al proceso productivo.

Si pensara de manera egoísta, me convendría que se importen productos terminados porque mi honorario depende del valor de la mercadería. Pero me preocupa el modelo de país que se está configurando, uno donde fabricar puede dejar de ser rentable.

El gran desafío es encontrar un equilibrio entre la desregulación y el control. Pasamos de un sistema extremadamente proteccionista, lleno de trabas y normativa, a otro en el que prácticamente se puede importar cualquier cosa. Eso puede generar riesgos, sobre todo en temas de seguridad y calidad de los productos.

Hoy el Estado se retiró del control previo y trasladó la responsabilidad al importador. Si alguien compra barato y el producto falla, el problema será suyo. Por eso, los empresarios deben ser responsables al elegir proveedores y verificar certificaciones.

Las empresas buscan seriedad y previsibilidad. Algunas creen que ahora se puede traer cualquier cosa, pero las normas no desaparecieron: se simplificaron, sí, pero el control se realiza después del desaduanamiento.

El cambio más importante es que Argentina acepta certificaciones internacionales emitidas en Europa o Estados Unidos, evitando repetir ensayos costosos. El problema es que todavía no existe un mecanismo claro para verificar la autenticidad de esos certificados.

La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), impulsada por el Gobierno con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, podría ser la herramienta que solucione esto. Será una plataforma donde todos los organismos —Aduana, SENASA, ANMAT, entre otros— converjan digitalmente, agilizando trámites y controles.

Sinceramente, no hay mucho margen para la informalidad. Para importar hay que estar inscripto y cumplir una serie de requisitos. Es cierto que algunas garantías de solvencia se eliminaron con la desregulación, pero la Aduana sigue siendo eficiente con sus sistemas de control y selectividad.

El problema está cuando se aplican verificaciones excesivas a empresas serias. Un control físico puede costar hasta 5.000 dólares por contenedor, y si todo está en regla, ese gasto termina trasladándose a precios. Sería más lógico que las verificaciones se hagan en las plantas de los importadores en lugar de en zona primaria. Eso reduciría tiempos y costos.

Es cierto que desde hace tiempo no es obligatorio contratar un despachante, pero aun así la mayoría de los importadores lo hace. El Decreto 70 eliminó su obligatoriedad, sin explicación clara, pero el trabajo del despachante no solo se mantuvo: se fortaleció.

El despachante es un asesor integral. Está sentado en la mesa del empresario junto al abogado y el contador, acompañando toda la operación de comercio exterior. Compite en calidad, no en precio. Por eso es clave contratar profesionales actualizados, con conocimiento y respaldo, porque garantizan operaciones transparentes, eficientes y seguras.

El comercio exterior será determinante para el rumbo de la economía argentina. Tenemos que dejar atrás los extremos: ni cierre total de importaciones ni apertura indiscriminada.

Un punto que me preocupa es el crecimiento del e-commerce internacional sin control. Hoy cualquier persona puede recibir paquetes de hasta 3.000 dólares y 50 kilos por día sin pagar impuestos. Eso no sucede en casi ningún país. En Estados Unidos, por ejemplo, el límite libre de impuestos se redujo, mientras que acá va en aumento.

Esa situación afecta a los comercios locales que pagan impuestos, generan empleo y sostienen el consumo interno. No se puede competir contra un producto que entra sin control ni tributos.

El Gobierno debe consensuar las decisiones con los especialistas antes de implementarlas. Nadie pretende cuestionar la política económica, pero sí advertir sobre las consecuencias operativas.

Por ejemplo, el control fitosanitario del SENASA sobre embalajes de madera. Hoy, cuando un contenedor es retenido, el importador debe pagar cerca de mil dólares para que se verifique en la terminal si la madera está tratada según la norma internacional NIMF 15. Sin embargo, menos del 2% de los casos presenta irregularidades.

Lo ideal sería que el control se realice en el depósito del importador, no en zona primaria. Eso reduciría costos, tiempos y manipulación innecesaria de la carga, generando un beneficio directo para toda la cadena.

Les diría que no bajen los brazos. Que estudien, que se actualicen y que sigan defendiendo la profesión. La obligatoriedad puede cambiar, pero la necesidad de un buen asesor sigue siendo la misma. El despachante de aduana es un eslabón indispensable en la cadena del comercio exterior. Cuanto más preparados estemos, más valor vamos a aportar a las empresas y al país.