La Dirección Nacional de Vialidad aprobó los informes de cierre de las audiencias públicas realizadas en junio para ocho tramos estratégicos de la Red Vial Nacional. La medida allana el camino para avanzar con la licitación de corredores viales esenciales para la logística, el comercio exterior y la conectividad productiva del país.
Mediante la Resolución 1136/2025, publicada este 21 de julio en el Boletín Oficial, se formalizó la validación institucional de los procesos participativos llevados a cabo entre el 11 y el 13 de junio, en el marco del proyecto “Red Federal de Concesiones – Etapa II”. El objetivo del plan es licitar la concesión por peaje de una serie de tramos viales bajo el régimen de la Ley 17.520, modificada por la Ley de Bases N° 27.742.
Corredores viales bajo análisis
Los tramos alcanzados por esta etapa del proyecto abarcan rutas y autopistas de alta relevancia logística:
- Tramo Acceso Sur, Sur, Atlántico
- Tramo Pampa, Mediterráneo, Puntano
- Tramo Portuario Norte y Tramo Portuario Sur
Estos corredores comprenden parte de las Rutas Nacionales 3, 5, 7, 8, 9, 33, 35, 36, 188, 193, 205, 226, A-005, A-008 y autopistas estratégicas como Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Jorge Newbery.
Los trayectos involucran accesos a zonas portuarias, áreas de producción agrícola e industrial, centros logísticos y nudos urbanos clave, por lo que el proyecto podría tener un impacto directo en la mejora del flujo de cargas, reducción de tiempos logísticos y aumento de la seguridad vial.
Participación ciudadana y técnica
Las audiencias públicas, de carácter obligatorio en este tipo de procesos, contaron con más de 480 participantes entre modalidades presencial y virtual. En cada una de ellas se presentaron los detalles técnicos de los proyectos, se respondieron inquietudes y se recibieron propuestas de organizaciones, ciudadanos, autoridades locales y especialistas.
Los encuentros fueron encabezados por representantes de Vialidad Nacional y técnicos responsables de la planificación de los tramos. Las actas, grabaciones y documentos generados fueron incorporados a los informes finales que ahora recibieron aprobación oficial.
Qué sigue en la agenda
Con la aprobación de los informes de cierre, la Dirección Nacional de Vialidad avanza hacia la convocatoria formal a licitación nacional e internacional para la concesión de los tramos mencionados.
Según lo previsto por el Decreto 97/2025, esta nueva etapa apunta a permitir que actores privados administren, construyan, amplíen, conserven y operen estas rutas mediante el cobro de peajes. También podrán desarrollar servicios al usuario y actividades colaterales que generen ingresos adicionales.
El proceso se enmarca dentro de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases, que propone una reconfiguración del rol del Estado en áreas estratégicas, promoviendo inversión privada bajo mecanismos de transparencia, eficiencia y control ciudadano.
Un rediseño con impacto logístico
Desde el punto de vista de la logística y el comercio exterior, este proyecto puede significar una transformación en las condiciones de infraestructura para el transporte terrestre. Las rutas incluidas conectan polos industriales y productivos con los principales centros urbanos y puertos del país, como el Gran Rosario, Bahía Blanca y Buenos Aires.
La mejora sostenida de estos corredores puede beneficiar a sectores como el agroexportador, el energético, la industria automotriz y la distribución de bienes de consumo masivo, al tiempo que abre oportunidades para operadores logísticos y nuevas inversiones.
Además, el proyecto incorpora tramos con alta densidad de tránsito pesado, donde las condiciones actuales afectan los costos logísticos, la competitividad y la previsibilidad del servicio de transporte.
Según se desprende de la resolución, la Dirección Nacional de Vialidad tomó intervención de las áreas jurídicas y técnicas necesarias y continuará con el proceso respetando los plazos del Reglamento General de Audiencias Públicas.
Cada resolución posterior deberá incluir las fundamentaciones ante los planteos realizados por la ciudadanía, asegurando trazabilidad documental y cumplimiento normativo.
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