Simplifican el proceso de homologación de vehículos de carga con foco en la modernización del sector

La logística y el transporte de cargas en Argentina sumaron un nuevo capítulo en su proceso de transformación normativa. A través de la Resolución 271/2025, publicada el 2 de julio en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía –a través de la Secretaría de Industria y Comercio– aprobó una actualización integral del procedimiento para la obtención de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), exigida para vehículos, acoplados y semiacoplados, tanto de fabricación nacional como importados.

Esta licencia es un requisito obligatorio para circular en la vía pública y acreditar que las unidades cumplen con los estándares de seguridad activa y pasiva establecidos por la Ley Nacional de Tránsito (N.º 24.449) y su reglamentación (Decreto N.º 779/95). La nueva norma no solo reorganiza el marco normativo vigente, sino que también promueve la simplificación administrativa, la incorporación de tecnologías actualizadas y el reconocimiento de certificaciones extranjeras.

Entre los principales sectores impactados por la medida se encuentra el transporte de cargas, que depende de una flota habilitada, eficiente y segura para operar dentro y fuera del país. Las categorías vehiculares alcanzadas por la norma –como N2 y N3 para camiones, y O3 y O4 para remolques pesados– son utilizadas de manera habitual por empresas logísticas y operadores del comercio exterior.

Uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de validar homologaciones extranjeras previamente otorgadas por organismos reconocidos a nivel internacional, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Unión Europea. Esto significa que muchas unidades importadas ya no requerirán ensayos duplicados para su habilitación en el país, lo que agiliza los tiempos de nacionalización y reduce costos operativos.

En ese sentido, la Dirección General de Aduanas no podrá autorizar el despacho a plaza de vehículos pesados (O3 y O4) si no cuentan con la LCM vigente, lo que refuerza el control técnico en frontera pero al mismo tiempo alinea los criterios de habilitación con los estándares internacionales.

La resolución deroga más de 50 normas dictadas en las últimas dos décadas, que se encontraban dispersas o desactualizadas, y consolida en un único texto los requisitos para fabricantes e importadores de unidades nuevas. Esta reorganización normativa apunta a brindar mayor claridad y previsibilidad jurídica a las empresas del sector, en un contexto donde la renovación de flota es clave para mejorar la competitividad logística.

Además, se establecen nuevos procedimientos para la actualización de licencias existentes y la posibilidad de cederlas, siempre que se cumplan ciertos criterios. Esto permite a empresas del sector reorganizar su parque automotor y adaptarse con mayor flexibilidad a las necesidades operativas.

Para asegurar la calidad técnica de las unidades, se exige a los fabricantes e importadores contar con certificaciones reconocidas internacionalmente como ISO 9001, ISO 14001 o normas equivalentes, y se definen los laboratorios habilitados para realizar los ensayos técnicos. También se habilita a la Subsecretaría de Gestión Productiva a celebrar convenios con organismos del exterior para validar certificaciones de forma más ágil.

Otro punto destacado de la norma es la definición de un esquema claro de aranceles para la tramitación de licencias y sus actualizaciones, expresado en Unidades Retributivas (UR), lo que permite una actualización automática en función de los convenios colectivos vigentes. Esto brinda certidumbre económica a los operadores logísticos que requieren planificar inversiones en nuevas unidades o realizar adaptaciones técnicas.

Por ejemplo, obtener una nueva LCM para un vehículo pesado costará el equivalente a 12.000 UR, mientras que una validación de homologación extranjera costará 400 UR. Los importadores particulares también podrán nacionalizar una unidad por año sin necesidad de emitir una nueva licencia, siempre que coincida con un modelo previamente aprobado.

La resolución se enmarca dentro de una política general de simplificación administrativa y modernización regulatoria. Según el texto oficial, el objetivo es “ampliar la cadena de comercialización y optimizar las condiciones exigidas para la importación, redundando en una mejora del parque automotor, sin que ello genere afectación a la seguridad”.

En un país donde el costo logístico representa un porcentaje elevado del precio final de los productos, medidas como esta pueden contribuir a mejorar la competitividad de las empresas y facilitar el acceso a vehículos más modernos, eficientes y seguros para la operación diaria.

La Resolución 271/2025 ya está en vigencia, y las autoridades confirmaron que todas las solicitudes iniciadas con anterioridad serán adecuadas de oficio al nuevo régimen. La Secretaría de Industria y Comercio, junto al INTI y otros entes técnicos, será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de los nuevos requisitos.